Con la certeza de que la violencia aprendida puede desaprenderse, y con la experiencia del trabajo realizado a lo largo de cinco años, la Secretaría del Género y Derechos Humanos de la Municipalidad busca jerarquizar el Dispositivo de Atención a Varones que ejercen Violencia de Género que funciona desde septiembre de 2015. Por ese dispositivo grupal pasan un promedio de 80 varones por año, en todos los casos por derivaciones de la Justicia Penal y con condenas por violencia de género. El paso que busca ahora dar el municipio es incluir la herramienta en un programa de masculinidades que también realice acciones de capacitación y sensibilización, pero además poder sumar en sus intervenciones a los varones que están con suspensión de juicio a prueba, lo que se conoce como “probation”.
Ignacio Rodríguez está al frente del espacio desde su creación en 2015, un momento difícil ya que se pone en marcha a sólo tres meses de la primera marcha por Ni Una Menos, tras el femicidio de Chiara Páez en Rufino, y cuando las organizaciones feministas reclamaban en carne viva a los tres niveles del Estado mayor presupuesto para el abordaje de políticas de prevención y atención de las víctimas de violencia.
Por eso, ante todo, el psicólogo dejó en claro que “si no están garantizados los recursos para las mujeres víctimas, que exista un dispositivo para varones genera controversias y es razonable; pero si la idea es avanzar en políticas integrales es necesario trabajar con los varones teniendo siempre en claro que el horizonte es la prevención de la violencia machista y evitar que se repita”.
De hecho, justamente uno de los frutos de la experiencia de todos estos años, es que los varones que ingresan al dispositivo y realizan todo el recorrido, “no han tenido causas como reincidentes” y Rodríguez recalcó eso positivo “teniendo en cuenta que en muchos casos son varones que por una decisión de las propias mujeres o por la presencia de hijos en común, continúan manteniendo vínculos con ellas”.
Así y todo, el dispositivo mantiene ciertos criterios de admisión. “No se trabaja en casos de femicidios, ni con varones que tengan portación legal o ilegal de armas de fuego, ni que hayan cometidos delitos contra la integridad sexual, como violaciones o abusos”, detalla el profesional, y abunda: “Los que llegan son casos de lesiones leves, amenazas, hostigamientos e incumplimientos de órdenes judiciales de no acercamiento”.
Sin embargo, entre esos criterios, no se permitía hasta ahora la derivación de varones con denuncias y suspensión de juicios a prueba, lo que se conoce como “probation”, un punto que tanto desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Colectiva de Abogadas Feministas buscan modificar y para eso, se reunieron virtualmente esta semana.
“Lo pensamos preventivamente porque además incluir a dos sujetos en un proceso penal cuando no lo quieren, es revictimizarlos, y en ese sentido creemos que el dispositivo puede dar una respuesta al padecimiento subjetivo que atraviesan sin convertirlos en un «caso» _consideró Rodríguez_. De ese modo, permite prevenir delitos más granves habilitando antes este espacio”.
Una herramienta valorada
“Es un espacio que tiene un muy buen trabajo, donde siempre apelamos desde el Ministerio Público de la Acusación y es una herramienta clave”, señaló la fiscal de la Oficina de Violencia de Género, Luciana Valarella, que participó del encuentro virtual y señaló que un desafío por delante es “información para poder intercambiar información para poder generar datos estadísticos y medir la eficacia, aunque en situaciones concretas ya se han visto buenos resultados”.
Es justamente desde esa oficina judicial desde donde se derivan muchos de los casos se llegan al dispositivo. “En general se hace antes condenas condicionales, porque el agresor no tiene antecedentes previos y queda en libertad con condiciones de conducta donde se incluye el paso por ese espacio; o en casos de libertades condicionales, cuando un varón fue condenado, cumple prisión y está en condiciones de salir en libertad condicional y se requiere el paso por el dispositivo como una de las condiciones”, detalló la fiscal.
Sin embargo, Valarella aclaró que “no todas las mujeres que llegan a la Justicia quieren llegar a un juicio penal o buscan que su agresor vaya preso”, por eso, insistió en la necesidad de “dar otras respuestas que tengan efecto en la vida real de las partes que en la mayoría de los casos continúan vinculadas”.
En ese sentido, Vanesa Vargas, integrante de la Colectiva de Mujeres Abogadas valoró el dispositivo “como una herramienta sumamente útil” y dejó en claro además que “de todas las reglas de conducta que pueden establecerse, tanto en los procedimientos abreviados y ahora buscamos también sea en la probation, es la única que puede ser transformadora para ese delito específico”.
Además, la abogada recalcó que el dispositivo también es una respuesta al priorizar “la escucha activa de las mujeres víctimas de violencia” y recalcó, al igual que la fiscal, que “hay situaciones donde las partes están y seguirán vinculadas, y son las propias víctimas las que no quieren iniciar un proceso penal. Allí, es donde la respuesta a la violencia no puede pensarse únicamente desde una respuesta penal o punitivista”.
