"Es la intervención número 11 de las fuerzas federales en este barrio y ¿qué cambio?". Con esa pregunta, que tiene su respuesta en la violenta cotidianidad de ese territorio límite entre los barrios Triángulo y Moderno, los trabajadores del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) pusieron en cuestión la respuesta sólo punitiva que el Estado ofrece a los vecinos, a los jóvenes y adolescentes que asisten a los espacios, pero también a los propios trabajadores que además de precarizados son víctimas de la misma violencia que quienes habitan la zona.
Por el DTC de bulevar Seguí al 5400 pasan unos 70 jóvenes y adolescentes con consumos problemáticos, y es el único espacio de Rosario donde trabajan equipos de los tres niveles del Estado: Nación, provincia y municipio. Sin embargo, sus trabajadores señalan que mientras las fuerzas de seguridad se despliegan en la zona, no hubo un sólo cambio ni refuerzo en las políticas de abordaje y prevención de los consumos y las violencias.
Tanto es así que los 13 operadores que sostienen la dinámica del espacio apenas si cobran 130 mil pesos al mes, precarizados a través de becas otorgadas en los menemistas años 90, y por estas horas enfrentan un cese de actividades por tiempo indeterminado. Un colectivo que además, este miércoles por la tarde, se convocó junto a otros trabajadores de la salud mental para "repensar los abordajes en un contexto donde desde el Estado lo único que baja es una respuesta punitiva que sólo genera más violencia".
"Sólo el desembarco de federales no resuelve lo que sucede en los barrios", afirma Erica Pereyra, integrante de los equipos que no sólo señala las carencias en materia de políticas de prevención, asistencia y promoción de derechos que se traduzcan en presupuestos, sino que además recalca que la única respuesta a los equipos de diciembre a esta parte fue el incremento de las becas a los equipos de 106 mil a 130 pesos. "Un insulto", dice.
El dispositivo tiene sólo seis personas como personal de planta: cuatro que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, una coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, y un coordinador de la planta transitoria de Nación. El 80 por ciento del personal que sostiene los espacios de atención a los jóvenes, 13 profesionales de diferentes áreas, se encuentran precarizados.
"El problema es que en los territorios las problemáticas se complejizan cada vez más, se suman los elementos de la violencia, las mismas instituciones estuvieron siendo amenazadas en las últimas semanas y todo eso con trabajadores que estamos muy por debajo de la línea de pobreza", señaló Pereyra.
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Ni un peso más
"Obligados", como dicen, a hacer un cese de actividades por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas, los profesionales además ponen en la mira con fuertes críticas la respuesta punitiva del Estado como única política a la situación que atraviesan los barrios.
"Las únicas respuestas a problemas complejos son de carácter punitivo, no hay respuestas ni presupuestos para pensar las instituciones de salud mental que acompañan a los jóvenes en situaciones de consumo, ni políticas integrales en serio para pensar en una ciudad más segura, con menos violencia y para eso se necesitan además de fuerzas federales, espacios de prevención, asistencia y promoción derechos", señalaron.
Ante el escenario de precarización pasaron de ir todos los días a sostener las actividades tres veces por semana, primero, y ahora señalan que resulta imposible sostener la red de asistencia. "Sólo el personal de planta asiste todos los días, pero la dinámica de actividades se hace imposible y más en un escenario donde los trabajadores estamos además desprotegidos porque sufrimos la misma violencia que los vecinos y no tenemos garantías", agregaron.
Así y todo, este miércoles por la tarde convocaron a trabajadores de salud mental de otras organizaciones e instituciones de la ciudad para poner en debate los abordajes que se están desplegando en medio de la crisis.
"Estamos sin lineamientos claros, sin presupuestos ni garantías de cuidados", recalcaron en la previa al encuentro donde intentarán colectivamente plantear "estrategias para exigir partidas presupuestarias que son una urgencia para las organizaciones porque la respuesta no puede ser solo militarizar. Es la intervención número 11 y ¿qué cambio". La respuesta está en la calle.
