Los afiliados al Iapos deben ahora pagar las anestesias y tramitar los reintegros

Los afiliados al Iapos, la obra social de los empleados públicos de la provincia, enfrentan desde las últimas horas una nueva complicación a la hora de acceder a la cobertura de servicios de salud. En esta oportunidad, los inconvenientes tienen que ver con las prestaciones de anestesiología que brindan profesionales en Rosario y en la zona de influencia de la 2ª Circunscripción del Colegio de Médicos.

Eso es así porque la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARA) resolvió modificar el sistema de cobro de esas prestaciones. Desde este lunes 15 de julio, los afiliados al Iapos deben pagar primero de su propio bolsillo el arancel al anestesista asignado en la intervención quirúrgica, y luego presentar la factura extendida por el mismo profesional ante el Iapos para obtener el reintegro correspondiente.

Bruno Dimónaco, titular de ARA, dijo a La Capital que la entidad tomó esa decisión “ante la falta de respuestas” por parte de las autoridades del Iapos (Instituto Provincial Autárquico de Obra Social) a los reclamos por la “abultada” deuda de prestaciones impagas desde mazo, que superaría los 300 millones de pesos, y por la actualización de los aranceles que cobran esos especialistas por cada intervención quirúrgica.

“Quiero aclarar que no se dispuso una suspensión de servicios. Es un cambio en la modalidad de pago. Desde ayer lunes, los afiliados al Iapos tienen que pagar en forma particular el arancel al profesional, quien debe emitir una factura para que el paciente haga el reclamo para el reintegro ante la obra social”, expresó Dimónaco.

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El presidente de ARA contó que el Instituto mantiene una deuda por prestaciones desde febrero, y que si bien “ayer hubo una cancelación parcial, aún están pendientes de cobro los meses de mayo y junio”. En cuanto a los aranceles, Dimónaco sostuvo que la última actualización “fue en marzo. Ese atraso, sumado a la deuda de las prestaciones, hizo que los anestesiólogos tomáramos esta decisión de cambiar la forma de cobro”, agregó.

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Iapos, la obra social de los estatales provinciales. Fuerte reclamo de anestesistas.

Foto: Sebastian Suárez Meccia / La Capital

Dimónaco aclaró que el rol de ARA “es evitar estas situaciones por las vías formales e informales con las autoridades del Instituto. Nos reunimos una vez en abril y otra vez hace poco, pero no hubo soluciones. Siempre intentamos establecer una mesa de diálogo para para salir adelante de esta situación que afecta a quienes se atiendan por profesionales en el ámbito de la 2ª circunscripción del Colegio de Médicos, es decir Rosario y sus alrededores”.

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Precisó que las prácticas de anestesia “están nomencladas, según el tipo complejidad de las cirugías”, es decir, que cada profesional cobra de acuerdo a las características de cada operación en la que debe trabajar. “Estamos solicitando la cancelación de la deuda por prestaciones impagas o, al menos, un plan de pagos, y la actualización de los aranceles. Y para eso se debe abrir una mesa de diálogo. Nosotros estamos dispuestos a conversar y a poner todos los medios para encontrar una solución”, añadió.

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Dimónaco aclaró un punto importante en este reclamo que los anestesistas mantienen con el Iapos. “Hay situaciones contempladas como las urgencias con riegos de vida. No hay suspensión del servicio por más que el paciente o familiares no puedan pagar en ese momento. Lo que cambia es la modalidad de cobro. Las prácticas están garantizadas, solo que los honorarios se pagan en forma particular”, expresó.

Iapos enfrentó un conflicto muy prolongado con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario. El problema con los prestadores de salud estalló el 22 de abril, con un pedido de los privados argumentado en el aumento de insumos, medicamentos y la recomposición de salarios profesionales.

Eso motivó una restricción en las prestaciones en los principales sanatorios de la ciudad, en donde solo se atendieron urgencias e intervenciones programadas. El conflicto, que se dio en el marco de la desregulación de las empresas de medicina prepaga a nivel nacional, que impusieron aumentos desmesurados a sus afiliados, se solucionó el 15 de mayo cuando funcionarios de la obra social estatal firmaron un acuerdo con los prestadores de salud.