Sandra Cabrera tendrá desde hoy una plazoleta con su nombre en Córdoba al 3600. Ni la fecha ni el lugar son casuales: Cabrera fue asesinada hace 13 años a pocas cuadras de ese sitio. La mujer, trabajadora sexual y secretaria general de Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), apareció con un tiro en la nuca después de haber denunciado a la policía por coimas, violencia institucional y explotación sexual. El nombre de la plazoleta fue propuesto por los ediles Eduardo Toniolli y Celeste Lepratti y aprobado a fin de año en el Concejo. La actividad de esta tarde, a las 19, contará con la presencia de Georgina Orellano, actual secretaria general de Ammar. También se proyectará un fragmento del documental "Sexo, dignidad y muerte", de Lucrecia Mastrángelo, y actuará la murga Okupando Levitas. En la previa, Orellano dialogó con este medio y aseguró que las políticas antitrata significan una mayor clandestinización del trabajo sexual y un aumento del proxenetismo.
"Muy pocas veces se dan estas situaciones. Hay voluntad política para sostener viva la memoria de Sandra y que una plaza tenga el nombre de una trabajadora sexual asesinada. La plaza está ubicada a pocos metros de donde se sigue ejerciendo el trabajo sexual, de donde trabajaba Sandra y de donde la mataron", señaló Orellano. Tiene 30 años y no conoció a Cabrera. Ni ella ni la mayoría de las mujeres que conforman la comisión directiva de Ammar. "Lo que sí conocimos fue la historia", destaca la dirigente. "Y se siente mucha impotencia. Sabemos que hubo una dirigente que luchó por lo mismo que nosotras y fue asesinada por eso. La impunidad con la que se manejó el caso de Sandra es la misma que sufrimos a diario: el pago de coimas, la detención de compañeras, los allanamientos compulsivos".
—¿Cuál es la situación del trabajo sexual en Rosario? ¿Por qué el gremio no pudo volver a organizarse?
—Para muchas, el asesinato de Sandra fue una forma de aleccionar al resto: si piensan en organizarse y empiezan a dar la cara, van a terminar como ella. En Rosario nos conocen, nos llaman, estamos al tanto de lo que pasa. Pero quisimos hacer elecciones y no se pudo. Yo las entiendo. Porque nosotras armamos el sindicato y después son ellas las que están acá, en la esquina. Es muy difícil sacarse el miedo de lo que sucedió.
—¿Continúa vigente ese contexto de impunidad y clandestinidad para las trabajadoras sexuales?
— Para nosotras empeoró. Ya no se llevan detenidas a las trabajadoras, pero aparecen otros problemas: venta de droga, zonas liberadas, allanamientos. El recrudecimiento de la violencia viene también a través de políticas antitrata que le dieron más poder a la policía para que nos persiga, detenga y allane. Los decretos provinciales y municipales que prohibieron cabaret, whiskerías, casas de citas, van en esa misma línea. Eso pasó en Rosario. Las leyes terminan criminalizando a las mujeres, las redes de trata siguen funcionando y se incrementa la explotación laboral. Muchas mujeres perdieron la autonomía del trabajo y terminan trabajando para alguien que se queda con un porcentaje de lo que gana. Estas políticas buscaban combatir la trata pero terminaron favoreciendo al proxenetismo.
— ¿Puede revertirse esta situación?
— En el último año cambiaron muchas cosas. Recuperamos nuestras voces. En la arena política hay mucho más acercamiento de organizaciones sociales o partidarias para que expliquemos nuestras problemáticas y los impactos negativos de las políticas antitrata. Eso antes no ocurría. Ahora nos llaman para entender la complejidad del trabajo sexual, que ya no se puede dirimir en abolir o prohibir. Es necesario comprender que el trabajo sexual nos genera autonomía, más remuneración e independencia económica. Por suerte estos debates se están abriendo y es una discusión muy necesaria, porque todas las políticas que se llevaron adelante para combatir la trata, equipararon trata con trabajo sexual y el resultado es que hay más mujeres criminalizadas.
