La provincia sale a la caza de los evasores tributarios en actividades náuticas

La mitad de las 26 guarderías náuticas de la región de Rosario fiscalizadas no tienen declarada esta actividad como servicio ante el fisco provincial y las que están inscriptas aseguran apenas tener ocupadas el 29 por ciento de las "camas", porcentaje que se contrapone con las extensas listas de espera en algunas de ellas, situación que traccionó inversiones en la ciudad y en la región para atender parte de esa creciente demanda insatisfecha.

Pero en el río los números siguen sorprendiendo. Sólo 68 propietarios de embarcaciones se sumaron a los 680 que se habían anotado desde que se vencieron los plazos para inscribirse al registro provincial. Apenas el 6,8 por ciento de la cantidad de yates, lanchas, veleros y motos de agua de las 11.000 que estimaron deberían estar pagando la patente cuando se votó hace dos años en la Legislatura la obligatoriedad de ese tributo.

Estas persistentes irregularidades fiscales en el mundo náutico y el inicio de una nueva temporada de verano está obligando a los distintos niveles de gobierno a intentar poner un poco de orden al tránsito fluvial particular, un esquema que podría reproducir, con sus matices, los operativos conjuntos que desde el desembarco de Gendarmería se realizan en tierra. En este caso sería con la Prefectura. Existe una experiencia incipiente, pero hasta ahora sólo relacionados a mejorar la convivencia en el río.

Al respecto, fuentes gubernamentales adelantaron que se reunirán en los próximos días para pulir líneas de acción, buscando articular las políticas que cada uno de los niveles del Estado hasta ahora sostienen por separado y, muchas veces, reconocieron, con fuerte celo.

Desde la Prefectura del bajo Paraná explicaron que en los próximos días comenzará el operativo de control de verano en la región. Señalaron que la mayoría de las irregularidades detectadas en el agua están referidas al incumplimientos de la tenencia de equipos obligatorios de seguridad a bordo de las embarcaciones y, en segundo lugar, a la falta de documentación necesaria para navegar.

Los resonados casos de víctimas por atropellos en los dos últimos veranos, el aumento del negocio informal de taxis náuticos, de embarcaciones de todo tipo, de megafiestas sin control en las islas y la predación ambiental están obligando a las autoridades a tomar conciencia que, como en las calles de la ciudad, ese territorio de frontera debe ser puesto bajo la lupa.

Contra las cuerdas. Directivos de guarderías consultados admitieron que les temen más a sus "socios" o "clientes" que a los fiscalizadores, pese a estar obligados por ley a ser "agentes de información". Y se apoyaron, en algunos de estos casos, en las cartas documento que les enviaron propietarios de las embarcaciones mediante las cuales les advirtieron que si le daban datos al fisco accionarían contra la entidad.

Por eso, los relevamientos realizados por la Administración Provincial de Impuestos (API) en la región de Rosario —abarcaron desde San Lorenzo a Villa Constitución— arrojaron que la mitad de las guarderías e inversores auscultados no tenía declarada ante ese organismo la actividad de "servicios de guarderías náuticas", y un cuarto de ellas no estaban anotadas en ingresos brutos ni habían presentado su declaración jurada en 2014.

No pocas de las 31 instituciones náuticas en Rosario cuentan con públicos e históricos antecedentes de estar peleados con las normas vigentes. Aún así, sólo 20 se registraron como "agentes de información" ante la API, y dijeron tener 4.711 "camas" disponibles y apenas 1.198 en guarda.

Según los datos relevados por Prefectura en 2013 (los últimos disponibles), en Rosario hay unas 20.000 unidades, de las cuales 9.500 son kayaks y piraguas y 11.000 comprenden yates, veleros, lanchas y motos de agua.

Pese a estas gruesas diferencias, desde varias entidades con guarderías náuticas admitieron que más que preocuparse hoy por el riesgo de fiscalización, lo interesante es la reciente reforma del Código Civil con la podrían, en parte, regular su precaria situación en la costa rosarina.

Esto se debe a que en el artículo 1.974 del nuevo Código se redujo de 35 a 15 metros el camino de sirga (sector que se debe dejar en la costa para uso público), lo que los habilitaría además de regularizar a engrosar de forma significativa su valor patrimonial.

Fuentes del mercado inmobiliario estimaron en unos 1.000 millones de pesos el potencial beneficio otorgado por diputados y senadores del Congreso nacional a estas entidades. Esta cifra se multiplica varias veces si se extiende la cuenta a toda la costa del Paraná y del resto de los balcones náuticos que atraviesan la bota santafesina.

Por eso no sólo las administraciones de gobierno están interesadas en la fiscalización y ordenamiento del parque náutico, algunos legisladores locales empezaron a estudiar lo que significa el cambio introducido por el Código Civil.

Organizaciones ambientales, navegantes y nadadores conscientes de la creciente degradación que sufre la vida en el Paraná denuncian y exigen desde años que se haga un uso responsable y sustentable del río y sus costas.

Se verá en los próximos días si hay voluntad política de todas las partes para avanzar de forma conjunta detrás de ese objetivo logra sus frutos.