La Justicia multó a la empresa Movi por no reincorporar a tres conductoras en el servicio, tal como lo ordenó un fallo reciente que consideró que la transportista había discriminado a las trabajadoras por ser mujeres. La firma del Estado deberá abonar el dinero correspondiente al jornal de un chofer (unos 1.500 pesos) a cada una de las cuatro choferes, desde el pasado 11 de septiembre hasta que efectivamente se incorporen al servicio.
Así lo resolvió ayer la jueza laboral Paula Calace Vigo, quien a fines de agosto pasado había ordenado la reincorporación de cuatro conductoras que cumplieron servicios en la firma Mixta, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, pero no lograron acceder a la planta de personal de la transportista por una "arbitrariedad manifiesta que restringió a las mujeres de acceder a los puestos de trabajo", según entendió la magistrada.
El viernes pasado, las conductoras se habían presentado ante la jueza Calace Vigo para ponerla al tanto de que ya habían cumplido con los análisis preocupacionales de rigor y que todavía no habían sido convocadas por la firma. Mediante un escrito, denunciaron el incumplimiento de la sentencia judicial y pidieron que se sancione a la transportista.
La magistrada recordó que la sentencia del 30 de agosto obliga a la contratación efectiva de las conductoras, dentro de los tres días de notificada la sentencia, "en la categoría de conductor guarda, a jornada completa y en las mismas condiciones que los hombres" .
Y si bien advirtió que Movi apeló la decisión judicial, sostuvo que el trámite no tiene efecto suspensivo; por lo cual "los jueces están facultados a imponer condenaciones de carácter pecuniario en favor de los titulares del derecho a quienes no cumplan los deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial".
En consecuencia, Calace Vigo resolvió aplicar a la empresa una sanción a favor de las cuatro conductoras, equivalente a la remuneración bruta diaria de un conductor guarda a jornada completa. Según estipuló, las choferes deberán recibir ese dinero desde el pasado 11 de septiembre "hasta la efectiva contratación" de las trabajadoras "conforme lo pormenorizado en la sentencia de fin de agosto".
La abogada de las conductoras y de la federación de choferes (Foetapra) , Romina Perea, destacó que la resolución viene a saldar el incumplimiento de la empresa hacia las trabajadoras. "Es una sanción justa para saldar esta situación, porque ante la falta de incorporarlas en el servicio van a tener que pagarles hasta tanto las incluyan", sostuvo.
Las cuatro habían trabajado en la firma La Mixta entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, cubriendo las vacaciones de los colectiveros. Pero, vencido el contrato, no lograron acceder a la planta de personal de la empresa, pese a la existencia de una ordenanza municipal que promovía la paridad de contratación en el transporte público. Según advirtió la magistrada, durante el juicio, la empresa tampoco pudo acreditar cuáles fueron los criterios con los cuales se decidió el fin del contrato con las conductoras.
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Por Matías Petisce