Las denuncias por agresiones a perros son las que más ingresan en la Oficina de Maltrato Animal de los Tribunales provinciales. Pero no todos los casos revisten la misma gravedad y, por eso, no requieren de la misma solución. "Cuando le sacás un animal a un maltratador empieza un nuevo problema, porque existen muy pocos lugares para depositarlos", explicó la fiscal Marina Pieretti. "No es como cuando secuestrás un arma o un televisor, que lo dejás en depósito judicial. Es un perro, que requiere cuidados porque es un ser vivo". De este modo, en Rosario suele aplicarse un criterio de "reeducación" por sobre el del "castigo". Esto implica un voto de confianza y controles periódicos.
"No todos los casos de maltrato animal son iguales", remarcó Pieretti. "No es lo mismo un caso donde hay dolo (es decir, voluntad deliberada de producir el maltrato) que un caso donde se maltrata por omisión".
De acuerdo con la fiscal, que está a cargo de la Oficina de Maltrato Animal del Ministerio Público de la Acusación, la mayoría de las denuncias que ingresan en la Fiscalía tienen que ver con ese segundo tipo de maltrato. "Es gente que a lo mejor no les da de comer, o no les da agua, no les da el espacio o la higiene suficiente", explicó la fiscal, que ejemplificó: "Es el tipo de casos en los que un vecino llama a la Fiscalía para decir que desde la ventana ve un perro encerrado en el balcón".
De acuerdo con Pieretti, en estos casos no se puede aplicar la justicia del mismo modo que cuando una persona golpea animales.
"La solución no puede ser siempre sacarle el perro al dueño. Primero, porque el problema no se soluciona: si le sacás el perro a alguien puede adoptar a otro y la situación se repite. Y segundo, no hay suficientes lugares para alojarlos", remarcó.
Imusa saturado. La fiscal explicó que hay casos donde los perros son enviados al Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). Pero no es el común de las veces, ya que la justicia intenta utilizar ese espacio sólo para casos especiales, como perros violentos o casos de mordeduras, donde se debe aplicar la ley nacional antirrábica, que requiere que el animal quede en observación 40 días.
"El Imusa no da abasto con los perros que tiene. Si yo derivara todos los casos ahí, terminaría siendo sujeto activo del maltrato animal, porque por una orden mía estaría en malas condiciones, aunque tengan los mejores veterinarios. No puedo usar el Imusa como un depósito", explicó Pieretti, quien sostiene que es mejor buscar soluciones alternativas a la situación. Y, para eso, es esencial la reeducación.
El objetivo es que la situación del animal se modifique a través de un compromiso del dueño. Con este fin, se envían controles policiales sorpresivos a las viviendas donde se registraron los malos tratos. "Muchas veces es mejor aplicar criterios de oportunidad y buscar la salida educativa sobre la punitiva para evitar la criminalización", subrayó la fiscal.
