Con una total ausencia de funcionarios del área de Niñez de todos los niveles de gobierno que no le pasó desapercibida a nadie, ayer se desarrolló en el recinto de sesiones del Concejo Municipal una audiencia pública sobre políticas de infancia y adolescencia. La convocatoria, lanzada por el Consejo de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que funciona desde hace diez años, logró colmar la sala y las tribunas. Las voces que se escucharon desde ámbitos muy diversos que trabajan con los chicos —entre ellos de educación, Justicia, tratamiento de adicciones— criticaron la insuficiencia de partidas presupuestarias, ya que ese déficit "termina provocando políticas regresivas", afirmaron.
"El problema no es formular políticas públicas, sino ejecutarlas, porque eso sí es una cuestión de plata", afirmó el titular local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Martín Lucero, quien definió a "niñez y adolescencia como dos temas prioritarios" que merecerían contar con más recursos vía cobro de impuestos a sectores "que aún hoy no tributan".
"El Estado no puede estar ausente, porque los espacios que deja, si no, son ocupados por mafias. Y cuando la plata no la pone el Estado la ponen esas mafias y el narcotráfico", afirmó.
De hecho, antes de que largara la extensísima lista de casi 50 oradores que inauguró Lucero tomaron la palabras varias concejalas. Algunas integrantes formales del Consejo de Niñez (Norma López, Celeste Lepratti y Carola Nin) y otras simplemente comprometidas con la problemática, como Marina Magnani y Fernanda Gigliani.
Ante un recinto que desbordó tanto en las bancas como la barra (hay que decirlo, con abrumadora mayoría de mujeres) López afirmó que la audiencia era apenas "el comienzo de una convocatoria de absoluta justicia, referida a la lucha de las organizaciones del Estado en cuanto a la conformación de un sistema local de niñez e infancia" que permita cumplir con el "nuevo paradigma" abierto por la ley vigente.
Tanto López como Magnani y Lepratti lamentaron la ausencia en el recinto de "funcionarios municipales, provinciales, nacionales y de la Defensoría de Niños y Adolescentes".
Silencios que hablan
Los "responsables del área de infancia debían estar hoy presentes no sólo porque es deseable (que participen) en una audiencia pública, sino debido a que la normativa así lo exige para poder avanzar en políticas" para el sector, aseguró Magnani, convencida además de que esa "ausencia es un mensaje en sí mismo", congruente con el hecho de que "hay señales" sobre cuál es la perspectiva de reducción en los "presupuestos específicos".
A su turno, Lepratti lamentó "no encontrar las respuestas gubernamentales necesarias a través de los interlocutores que esperábamos se comprometieran, lo que de por sí habla de una despreocupación real".
También atribuyó la ausencia oficial a una "falta de respuestas" sobre cuestiones espinosas, como las derivaciones de chicos menores de 18 años a centros para el tratamiento de adicciones tan "cuestionados como la clínica San Camilo", ubicada fuera de la provincia (ver aparte) y dos de cuyos directivos ya fueron imputados por la muerte dudosa de un paciente.
Al respecto, Lepratti luego contó que la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia respondió un pedido de informes presentado por el Concejo, pero lo hizo sin contestar dos cuestiones medulares: la cantidad de chicos que fueron derivados a granjas de rehabilitación fuera de la provincia y si existen convenios (con sus correspondientes mecanismos de control) entre el organismo santafesino y esos centros.
La audiencia siguió con dos exposiciones, una de la psicóloga Marisa Masucco (en nombre de la psicoanalista de niños Ana Bloj) quien planteó la necesidad de "sumar acciones coherentes entre los ministerios y entidades que se ocupan de niños y adolescentes" y de crear un "servicio local" técnico-operativo que facilite a los chicos con sus derechos amenazados o violados acceder a programas y planes en su comunidad. También cuestionó las "medidas excepcionales que se transforman en regla" por extensión o frecuencia indebidas.
La otra expositora fue la directora del Centro de Investigaciones en Derecho de Infancia, adolescencia y Familia de la UNR, Mirta Mangione, quien señaló que "sin inversión pública sustantiva y creciente es imposible garantizar el ejercicio pleno de los derechos, junto a la necesidad de crear políticas públicas universales e integrales que conjuguen inversiones sectoriales con medidas de protección especiales".
Después de esas ponencias las voces se multiplicaron: sindicalistas, legisladores, candidatos, militantes y trabajadores tomaron la palabra para exponer falencias o visibilizar que lo que se hace en materia de infancia y adolescencia no está alcanzando. Cuando se nota, que se nota, suele ser tarde.
