Incertidumbre y ajuste entre organizaciones que abordan consumos problemáticos

Tras cuatro años en los que los dispositivos de prevención y asistencia en consumos problemáticos se triplicaron, una vez más las organizaciones que a través de convenios con la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) abordan la problemática en los territorios y que no trabajan con abordajes de internación o centros de día encuentran por estas horas un escenario que califican de "incierto".

Algunas ya fueron notificadas verbalmente que sufrirán ajustes del 50 por ciento en relación a los montos que recibían hasta febrero, como es el caso del espacio que funciona en Villa Banana; mientras otras directamente desconocen qué sucederá. Los equipos de salud mental señalan que se trata sobre todo de "una situación que atraviesan los dispositivos territoriales que no contamos con alojamiento o centros de día", y recalcaron que no tuvieron contacto con las nuevas autoridades de la agencia desde su asunción en diciembre.

Guillermo Campana es abogado, integra la organización Causa y es parte del dispositivo de salud que funciona en Villa Banana, un espacio que define como "comunitario" y donde venían trabajando con dos psicólogos, una trabajadora social y dos acompañantes que "garantizan que quienes son parte del dispositivo lleven adelante algunas de sus actividades y que además caminan el barrio.

"La situación que atravesamos muchas de las organizaciones se da a nivel provincial", comenzó diciendo Campana y recalcó el trabajo que se venía llevando adelante desde la agencia provincial a través del fortalecimiento de una red de dispositivos diversos, algunos con internación y otros convivenciales, que trabajan en el marco de convenios que la agencia tiene con diversas organizaciones.

De hecho, el último informe de la Agencia mostró que entre 2019 a 2023 se triplicaron los dispositivos de prevención y asistencia: de 58 a 175; y la población atendida es 10 veces mayor en estos 4 años. Esto implica que la Agencia atiende de forma mensual y regular entre 5.200 y 5.500 personas en toda la provincia de las cuales 3.000 corresponden a Rosario.

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"Más allá de las diferencias entre todos, se entendió que la problemática es muy compleja y muy grave, y que había debates que no eran para este momento y eso permitió articular el trabajo entre organizaciones de diferente pertenencia", señaló. Sin embargo, dejó en claro que las que se encuentran alerta frente a un escenario incierto son "fundamentalmente las que trabajan en los territorios sin espacios de internación o de convivencia del tipo centro de día, y en un abordaje más comunitario. Pareciera que desde el Estado se entiende que no son necesarios por inespecíficas".

Diferente es la situación de comunidades terapéuticas que funcionan con espacios de alojamiento o centros de día, donde los convenios fueron o estar por ser renovados en el mismo sentido que se venían trabajando, algunas pertenecientes a comunidades religiosas y otras a comunidades evangélicas.

Incomunicados y ajustados

Lo cierto es que el cambio de gestión trajo modificaciones en la comunicación con las autoridades de la agencia, que dejó de ser fluida y desde la asunción en diciembre pasado a la febrero, sólo hubo una comunicación telefónica que en el caso de la organización de Villa Banana, sólo fue para comunicar que el monto del convenio con el que se venía trabajando se reduciría al 50 por ciento.

"Planteamos de mil maneras reuniones, ya sea individualmente, en conjunto o colectivamente, pero sólo obtuvimos respuestas negativas o nos quedamos sin respuestas y sin poder discutir tampoco qué políticas de abordaje pensaban para esta nueva etapa de gestión", dijo el abogado sin ocultar su "preocupación" por el escenario.

Así y todo, esa fue la única posibilidad de plantear no sólo que la intención "no es tener con la agencia una relación administrativa y económica, sino de discusión de abordajes", sino que además "la reducción implica la precarización o el debilitamiento de los equipos, así como mayor demanda para el sector público ya que los equipos funcionan de filtro hacia los centros de salud y hospitales cuando las situaciones pueden articularse directamente desde las organizaciones".

Lo cierto es que lo que sucede en Villa Banana, se replica en otros espacios como Casa Pueblo, que funciona en la zona sur en la zona de El Mangrullo; Vientos de Libertad que está vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y que tiene más de una decena de espacios comunitarios en todo el país, Trazando Puentes, en Roldán. En la capital provincial El Rincón Cultural directamente denunció haber recibido tras seis años la baja de su convenio telefónicamente.

Si bien por ahora las comunicaciones fueron sólo telefónicas y en comunicaciones uno a uno, es decir que la agencia nunca reunió a las organizaciones para trabajar colectivamente, en Banana los equipos ya piensan en readjudicar horarios y reordenar el trabajo. "Trataremos de adecuarnos a la nueva realidad", dijo Campana.

El peso de las iglesias

Más allá de la espera, algunos equipos no creen que haya voluntad de diálogo por parte de la agencia y además de remarcar el "déficit" de la provincia en estos meses de gestión, recalcan "difícilmente haya intención de discutir los abordajes comunitarios, sino más bien de pensar en el encierro terapéutico como provincial abordaje", señaló Campana.

De hecho, Aprecod quedó entre las designaciones del actual gobernador Maximiliano Pullaro como una de áreas en manos del sector evangélico que conduce políticamente Walter Ghione. El actual director de la agencia, Luciano Sciarra, fue hasta diciembre director de la comisión de Presupuesto del Concejo municipal con un perfil administrativo y parte de las iglesias, secundado por Gustavo Sabatini, un médico neurólogo, que además es pastor.

Para las organizaciones el dato no es menor, ya que en algunos casos como el de Campana, entienden que "aparece en este escenario una mirada del Estado que piensa en dos tipos de encierro: el encierro terapéutico o el encierro penal como únicas formas trabajo" y agregó: "Eso se ve a las claras por un lado en el ajuste a las organizaciones comunitarias y por otro lado, en la política de despliegue de las fuerzas de seguridad y federales en la ciudad".