Unas 40 páginas que siguen las pistas de lo sucedido y más de 20 recomendaciones para modernizar el control de medicamentos forman parte del informe final que presentarán este martes, a las 9, los diputados que integran la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo contaminado. El trabajo es el resultado de más de tres meses de investigación y reuniones con el juez que lleva adelante la causa, Ernesto Kreplak, especialistas y, sobre todo, el repaso de leyes y normas sobre la fiscalización de la producción de fármacos.
Las comunidades de familiares de personas fallecidas debido al medicamento adulterado, producido por la firma Laboratorios Ramallo y distribuido por HLB Pharma, esperan que la presentación del trabajo de la comisión investigadora sea "un paso adelante en el reclamo de justicia y un punto de inflexión para que estas cosas no vuelvan a pasar", apuntó Ivana Esteban, hija de Ángela Rosa Campos, una de las referentes de las familias rosarinas sacudidas por el episodio que se considera una tragedia sanitaria, vinculado a la muerte de 173 pacientes de instituciones de salud de todo el país, sobre todo de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.
El documento que se presentará este martes contiene un análisis general sobre lo sucedido y una serie de recomendaciones legislativas. Asimismo, se les dará tiempo hasta el martes 9 para que puedan sumar consideraciones por bloque o individuales y adjuntarlas al documento.
Fuentes relacionadas con la redacción del trabajo señalaron que se trata de un informe consensuado de unas 40 páginas que incluyen unas 20 conclusiones y recomendaciones para introducir "cambios muy importantes" en el sistema de fiscalización de la producción, distribución y comercialización de medicamentos.
Según explicaron, el documento es el resultado de la lectura de leyes, normas, el expediente de la investigación judicial, las exposiciones de quienes pasaron por la comisión y los informes escritos aportados por funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación.
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Expectativas de las familias
El colectivo de familias de Rosario que siguen de cerca el debate viajarán este martes al edificio de la Legislatura. La reunión de la comisión, convocada para las 9, consistirá en la lectura del dictamen y no estará abierta a preguntas. "Pero vamos a participar porque pensamos que es necesario acompañar el trabajo que se desarrolló en un marco plural y escuchando a especialistas en la materia", explicó Esteban.
La expectativa de los familiares es que el documento "sea contundente y contenga cambios que permitan modernizar el sistema de control de medicamentos, mejorar la trazabilidad y el sistema de alertas cuando se detectan estas situaciones y las sanciones frente a los incumplimientos, porque está demostrado que fueron ineficientes", expresó.
Para Esteban, "ahora el Congreso tendrá un sus manos el poder de modificar leyes para fortalecer el control" con el objetivo de que "estas cosas no vuelvan a pasar".
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Una comisión con historia
La comisión legislativa se creó a mediados de septiembre con la misión de investigar la utilización de fentanilo contaminado "que produjo numerosos casos graves y fallecimientos, comprendiendo tanto el registro de casos confirmados y sospechosos como la determinación de responsabilidades de laboratorios, organismos estatales y privados en la producción, distribución y control de medicamentos", según indica el proyecto aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados.
El organismo quedó integrado por 31 diputados que avanzaron en aspectos colaterales a la investigación penal que lleva adelante la Justicia.
La comisión se reunió todos los martes, en la Legislatura y en una oportunidad sesionó en Rosario, en el edificio del Concejo Municipal. A participar de estos encuentros fueron invitados familiares de víctimas, el titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud y el coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas UNODC-ONU, la directora de Asuntos Regulatorios y la Gerente de Asuntos Institucionales de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), y la secretaria de la presidencia de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), el director general de Calidad y Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación y representantes de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, entre otros.
También, el Juez Federal Kreplak, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones y la titular de la Administración Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Agustina Bisio; aunque ambos funcionarios desistieron de participar de la reunión y contestaron un cuestionario escrito.
Cronología de una tragedia
En mayo de este año, el Hospital Italiano de La Plata inició una investigación en su sala de terapia intensiva luego del fallecimiento de pacientes afectados por una bacteria de la cual no tenían antecedentes en el centro asistencial. La pericia demostró que todos los afectados habían sido tratados con el fentanilo distribuido por HLB Pharma. Las ampollas fueron cultivadas y se constató que el fármaco estaba contaminado. Así comenzó lo que se considera una de las mayores tragedias sanitarias del país.
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El 8 de mayo, la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) emitió una alerta para que en las instituciones de salud no utilicen un lote de fentanilo por desvío de calidad en la producción. Cinco días después el organismo amplio la prohibición a toda la línea de producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y dispuso la clausura de ambos. También presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N°3 de La Plata.
La causa judicial permitió confirmar que el fentanilo contaminado fue un factor determinante en la muerte de decenas de pacientes. La investigación tiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables de la producción y control de calidad del medicamento. Cuatro están detenidos en el Penal de Marcos Paz, en tanto dos fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.
En tanto otras ocho personas, responsables de las cadenas de producción y control de calidad, fueron imputados sin prisión preventiva.
Todos están acusados de ser coautores de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de modo peligroso para la salud”.
Tanto la Municipalidad de Rosario, como el gobierno de la provincia se constituyeron como querellantes en la causa.
