Las organizaciones feministas que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se posicionaron en las últimas horas respecto de la conducta del médico del Hospital Jaime Ferré de Rafaela que conservó durante más de 15 años fetos en formol y recurrió a la justicia para que ahora sean enterrados, y exigieron al Ministerio de Salud de la provincia una "investigación administrativa" del procedimiento llevado adelante por el profesional. Además, pidieron la aplicación de sanciones y las "acciones judiciales correspondientes" para garantizar la protección de las pacientes.
La campaña no sólo calificó el hecho como "un nuevo intento de imponer creencias y concepciones personales violando los derechos de las mujeres", sino que además consideró que lo actuado "es violatorio de derechos consagrados en la Ley 26.529 de Derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de la salud: derecho a un trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad y al respeto de la autonomía de la voluntad". Además, calificaron el procedimiento "de una crueldad inusitada para con las mujeres", a quienes se revictimiza haciendo revivir un hecho traumático y además "asimila del feto a la persona humana", un debate salado durante el debate en el Congreso de la Nación por la interrupción legal del embarazo.
La historia tiene más de 15 años y sucedió en Rafaela, ciudad que se declaró en 2019 "pro vida" a través de una ordenanza municipal que en su artículo 1º establecía garantías de protección no sólo para las mujeres embarazadas, sino también de los "niños por nacer que se encuentren en jurisdicción del Municipio".
Allí, en el hospital Jaime Ferré de Rafaela, el actual jefe del servicio de anatomía patológica, Jorge Pérez, decidió conservar en formol gran cantidad de cuerpos productos de defunciones fetales y guardarlos en un armario, cuando la norma establece descartarlos como residuos biológicos.
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Argumentando que fue una decisión "compartida con los miembros del equipo" y apelando a su propio derecho a la objeción de conciencia, el profesional se contactó con un abogado y solicitó que “se ordene la inscripción en el registro civil de Santa Fe de las defunciones de 257 bebés que fallecieron por muertes no provocadas en el seno materno de sus madres (defunciones fetales)”. La justicia falló a favor y notificó a 241 mujeres de lo sucedido.
Investigación y sanciones
Ante este hecho, y a través de un comunicado de la Regional Rosario, las organizaciones que integran la Campaña por el Derecho al Aborto exigieron a la provincia que a través del Ministerio de Salud se ponga en marcha de manera "urgente" una investigación administrativa del accionar del profesional para "aplicar las sanciones que correspondieren".
Además, reclamaron "impulsar las acciones judiciales en forma inmediata para proteger a las pacientes, resguardando su identidad en respeto al derecho a la privacidad para evitar la victimización de las mujeres involucradas".
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario califican el hecho como "un nuevo intento de imposición de concepciones y creencias personales del profesional responsable", una conducta que resulta "violatoria de derechos consagrados en la Ley 26.529 de Derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de la salud: derecho a un trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad y al respeto de la autonomía de la voluntad".
El Hospital Jaime Ferré, de Rafaela, donde ocurrió el hecho.
"Bajo el pretexto de la objeción de conciencia y desconociendo los procedimientos habituales", continúa el documento hecho público en las últimas horas, el médico y los integrantes del equipo procedieron además "sin ningún tipo de autorización ni consentimiento informado por parte de las pacientes ni de la dirección de la institución, con la pretensión a partir de la solicitud de una autorización judicial, que dichos fetos sean ahora enterrados en el cementerio local".
Para las organizaciones, se trata de un procedimiento "absolutamente irregular" que no hace más que "reeeditar en la agenda pública el debate de la asimilación del feto a la persona humana que los representantes de las organizaciones “anti derechos” llevaron al Congreso de la Nación durante el tratamiento parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, discusión que fue saldada con extensos fundamentos científicos y legales por parte de lxs más prestigiosxs juristas y académicxs de nuestro país".
Agrega que además la conducta del médico "resulta de una crueldad inusitada la conducta de un profesional que con la excusa de la objeción de conciencia, impone a las pacientes un proceder que hace revivir a las mujeres y su entorno familiar un suceso que sin lugar a dudas debió ser inesperado y traumático".
