Ante el acuerdo entre Nación y municipio, firmado el 19 de julio pasado, para definir los usos de los terrenos y los indicadores urbanísticos de la Unidad de Gestión 3 (UG3), ubicada en Puerto Norte, la comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Rosario efectuó recomendaciones que parten de su espacio de análisis y reflexión profesional, y desde ese escenario solicitan destino público para esas tierras con desarrollos socialmente equitativos, que respeten el ejercicio humanitario del urbanismo, que incluya el derecho a la ciudad y la democracia en el territorio.
De acuerdo a la postura de este órgano, para lograr una intervención criteriosa, comprometida y eficaz, el municipio debe cumplir esencialmente con asegurar el destino público de las tierras del Estado, y no caer en soluciones de productos residenciales limitados, que produzcan segregación y ghetos, factores que alimentarían la violencia y la inseguridad, flagelos que azotan en la actualidad a toda la ciudad.
Además, entienden que el Estado debe gestionar desarrollos urbanos socialmente equitativos, que apunten a revertir procesos de fragmentación con criterios de inclusión ciudadana, con mixtura social y funcional. Esto refiere a la necesaria combinación de distintas clases sociales para mejorar la convivencia ciudadana, promoviendo y construyendo ciudadanía.
También advierten especialmente que hay que controlar las situaciones de especulación en el mercado de suelo y los intereses inmobiliario desmesurados.
"Las tierras del Estado tienen que tener un uso público. Son las últimas tierras codiciadas que están quedando y es una gran posibilidad de hacer ciudad, con sentido y compromiso urbano, con una arquitectura humanista", se encargó de remarcar Graciela Luisetti, integrante de la comisión de Urbanismo.
Las divisiones. Vale recordar que en el Plan Especial Puerto Norte, el sector (UG3) está definido por la ordenanza 7.892/ 05, perteneciente a la Administración de Bienes del Estado (Aabe). Se divide en tres inmuebles empadronados catastralmente en la sección 7, manzana 231, gráfico 10; manzana 252, gráfico 1; y manzana 156, gráfico 1.
Precisamente, la manzana 252, gráfico 1, ubicada al oeste de avenida Francia frente a la rotonda de la plaza Venecia, entre calles Junín, Caseros y avenida Francia, cuenta con la existencia de una unidad productiva en funcionamiento, la Cooperativa Linares Trechel. Y en parte ocupada en forma irregular por viviendas precarias, donde habitan alrededor de 60 familias hace décadas, en condiciones muy degradadas de hábitat.
También hay que destacar que se otorgó carácter de preservación histórica por ordenanza municipal 7.892/05, al edificio de las antiguas Bodegas Arizu en el Plan Especial 2ª Fase del Centro de Renovación Urbana Raúl Scalabrini Ortiz, ubicado en Puerto Norte.
Las propuestas. Teniendo en cuenta estas condiciones, y la instancia de avance del convenio entre la Nación y la Municipalidad, la comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos elevará formalmente esta serie de propuestas al Concejo Municipal:
• Decisión: se debe garantizar un debate adecuado dentro del Concejo Municipal para definir usos y normativas del sector según un plan de necesidades.
• Respeto urbano: considerar todas las problemáticas reales existentes en el predio en cuestión, dando respuestas por parte del gobierno municipal, respetando los reclamos sociales y patrimoniales existentes en el área.
• La cooperativa: asegurar la continuidad del funcionamiento de la unidad productiva de la Cooperativa Linares Trechel, empresa recuperada por sus trabajadores en 2012, de la que hoy dependen 24 familias. Caso contrario, garantizar primero la relocalización e instalación de la misma en un predio adecuado, sin perjuicio de la continuidad laboral de sus miembros.
• Precedente: siendo la Unidad de Gestión 3 y la Unidad de Gestión 7 importantes reservas de tierras del Estado en la codiciada zona de Puerto Norte, un sector clave de la ciudad, deben entenderse como una oportunidad histórica, extraordinaria, para sentar precedentes, y fundamentalmente ejercer el derecho de su uso y desarrollo público y social.
• Las 60 familias: garantizar con visión integradora la localización de las 60 familias que habitan en el lugar, agregar nuevos conjuntos de viviendas, e incluir una mixtura de estratos sociales. Proveer al sector con el equipamiento urbano necesario, ya sea educativo, deportivo, comercial, comprometiendo la participación de todos los actores urbanos involucrados en este proceso.
• Concurso: generar un llamado a concurso de ideas por el Colegio de Arquitectos para proyectar el área con mayor aporte de ideas y participación de los profesionales de la ciudad y la región.
• Sobre Junín: suturar el tejido social existente y preferentemente ubicar sobre calle Junín los nuevos emprendimientos, amalgamando la trama homogénea con las torres vecinas.
• Otras empresas: dar oportunidad de llamados a licitación para ejecución de obras a pequeñas y medianas empresas.
• Hacer ciudad: una de los aspectos más importantes de esta iniciativa es forjar la concientización de la necesidad de recurrir al ejercicio de un urbanismo decididamente humanitario, en el derecho a la ciudad, y la democracia en el territorio.
