El traslado de las mujeres privadas de la libertad de la Unidad 5 (en el edificio de calle Thedy y Carballo) al actual Complejo Penitenciario de Rosario (en la zona oeste), una cárcel definida como "modelo", representó por años la promesa del fin de los problemas habitacionales y edilicios que soportaban las detenidas en la vieja casona. Lejos de eso, celdas superpobladas, colchones en el piso y mojados por las filtraciones e incluso celdas inundadas por varios días, falta de agua caliente y apenas una ducha habilitaba que comparten más de 60 mujeres en cada uno de los pabellones, además de falta de atención médica y violencia hacia la población trans, son algunas de las condiciones que habitan más de 230 mujeres y más de una docena de chicos, sus hijos e hijas. A eso se suma el aumento de violencia institucional: en los primeros ocho meses de este año se multiplicó por cinco el número de víctimas de estas situaciones.
La superpoblación carcelaria no es una novedad en la provincia y las unidades de mujeres no están exentas de ese escenario que las priva de derechos mínimos. De hecho, de acuerdo al último informe relevado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) del Poder Judicial, a diciembre de 2021, la unidad tiene una capacidad declarada de 171 personas, pero aloja en los hechos a 237 internas.
Todo eso en un contexto de violencia urbana creciente del que la cárcel no está ajena, donde incluso se registraron balaceras y mensajes amenazantes en las últimas horas que estaban justamente dirigidas a la penitenciaría de mujeres. Un escenario que las internas que gozan del beneficio de las salidas transitorias para trabajar, por ejemplo, las llena de miedo a la hora de entrar y salir, ya que no es la primera vez que sucede.
Lo cierto es que el hacinamiento, sin ninguna garantía de condiciones de habitabilidad, es fundamentalmente lo que las detenidas volvieron a denunciar en los últimos días ante la sede Rosario del servicio. Incluso relatando que al momento de tener que compartir las celdas, acondicionadas a priori para una persona, ni siquiera se les provee de una segunda cama o una cucheta, por lo cual una de las dos internas debe dormir en colchones sobre el piso, sin aislamiento alguno.
La denuncia
El planteo que en las últimas horas presentaron las mujeres fue por el "el agravamiento en las condiciones de detención" y lo hicieron a través de un escrito, donde detallan las malas condiciones en las que se encuentran alojadas.
Mala alimentación, falta de atención médica, falta de agua caliente, problemas en la provisión de colchones (que muchas veces deben ser utilizados directamente sobre el piso), además de la falta de elementos de higiene y permanentes maltratos por parte de las agentes del Servicio Penitenciario fueron parte de la enumeración de situaciones que atraviesan a diario.
Además de los recortes que afirman que sufren dentro de la cárcel y que incluso alcanza al pabellón de las madres, ese que habitan las mujeres con una decena de niños y niñas que ya no reciben raciones de leche ni los alimentos mínimos para garantizar la nutrición de sus hijos.
La presentación de las detenidas desencadenó una inspección, ordenada por la defensora Provincial, Jaquelina Balangione, de un equipo del programa de asesoramiento integral y acompañamiento de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad en la provincia, que constató las condiciones relatadas.
Irregularidades en el proceso de manipulación y cocción de los alimentos, deficiencias en la limpieza y el almacenamiento de la mercadería fueron confirmadas durante el registro, así como también se constató que de lunes a viernes, para todo el Complejo Penitenciario, hay apenas un médico y tres enfermeros. Un dato nada menor teniendo en cuenta que ya en febrero de este mismo año la Defensoría había llevado adelante una acción por la falta de atención médica y el suministro de comida en el mismo espacio.
La violencia, también en aumento
La violencia institucional también se multiplicó en los último años y así se evidencia en el Registro de Violencia Institucional y Afectaciones de Derechos Humanos que lleva adelante el SPPDP. Con un corte en los primeros ocho meses de este año, el servicio registró 31 víctimas de este tipo de hechos, un número cinco veces mayor al relevado en el mismo período de 2021.
El informe que lleva adelante el servicio mostró que de enero a agosto de 2020, el año de la pandemia, se relevaron ocho víctimas de violencia institucional; en tanto, en 2021 ese número en los mismos ocho meses descendió a seis víctimas para dispararse este año a 31 personas que sufrieron ese tipo de situaciones.
Desde el SPPDP no dejaron de señalar lo abrupto del incremento, al tiempo que los relatos de las mujeres sobre esas violencias se multiplican. La situación más palmaria es la que viven las mujeres trans alojadas en los pabellones, incluso una de ellas elegida por sus pares como delegada y representante de sus compañeras.
"La violencia es constante", dicen ellas mismas y quienes conviven con ellas. "Te tratan en masculino, no respetan tu identidad de género, hay provocaciones constantes", cuentan en primera persona, agregando que son diarias las "amenazas" de ser trasladadas a los pabellones de varones.
