Las organizaciones sociales y políticas que trabajan en Rosario están alarmadas por el crítico escenario de pobreza y pérdida de empleo (sobre todo changas) que se palpa en los barrios. Con el fin de año cercano, temen por posibles desbordes y reclaman a los distintos niveles del Estado que ofrezcan respuestas paliativas y de fondo. En un punto coinciden todas las agrupaciones: en exigir que "de una buena vez" llegue a Santa Fe el Plan Nacional Argentina Trabaja. A la vez, solicitan que "provincia y municipio den respuesta a la necesidad de alimentos fresco", que estimaron creció un 30 por ciento durante este año, y que el bono prometido de mil pesos extras para las fiestas a los hogares con asignación universal se entregue por hijo y no por familia. "Queremos una Navidad en paz, sin hambre y con trabajo", dijo el referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Eduardo Del Monte. Por el Movimiento Evita, Alejandra Fedele sostuvo que con los gobiernos local y provincial "coinciden en el diagnóstico" y "mantienen un diálogo", mientras la Nación permanece "sorda" a los reclamos.
La situación no es secreta para nadie. Ya el 28 de octubre pasado hubo una "sesión abierta" en el Concejo para apoyar el proyecto de ley de Emergencia Social, hoy con media sanción en el Congreso y que el gobierno de Cambiemos amenaza con vetar en caso de pasar Diputados.
En ese marco, y con una ciudad que lidera el desempleo en el país, los estamentos provincial y municipal tomaron nota. Así, desde hace varias semanas las organizaciones sociales fueron manteniendo reuniones con el ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, y el Gabinete Social del municipio, así como con representantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y el Movimiento Sindical Rosario.
Desde el Estado local, parte de la estrategia pasa por dinamizar la participación de las cooperativas de trabajo en oportunidades de empleo, de modo de cubrir la pérdida de puestos formales y sobre todo de changas. Ayer, por ejemplo, se firmó un convenio para que cien jóvenes capacitados en oficios puedan ejercer por un año una práctica laboral (ver aparte).
El propio secretario de Economía Social, Nicolás Gianelloni, admitió luego que se ve "un fuerte repunte de la demanda de asistencia" en los barrios, "a la que hay que intentar dar respuesta".
Un verano duro. Al menos desde su área, una de las vías para hacerlo es a través del Plan Nueva Oportunidad; otra es con el Rosario Emprende, lanzado en marzo pasado y que "desde mediados de año aumentó su cantidad de inscriptos en un 50 por ciento".
En ese caso, abundó el funcionario, seis de cada diez emprendimientos productivos (ya más de dos mil) no funcionan como ingresos suplementarios, sino como primer sostén del hogar. Y en un 70 por ciento, encarados por mujeres.
"Sabemos que el verano va a ser duro", reconoció Gianelloni, por lo que se empezó a inscribir a la llamada Capacitación ABC del Nueva Oportunidad que largará a fines de enero. El cupo lo dice todo: ya está "casi lleno".
Pese a esos planes, los dirigentes políticos y sociales palpan en los barrios más humildes núcleos mucho más duros y menos permeables a las estrategias oficiales.
De allí la preocupación creciente. El concejal justicialista, Eduardo Toniolli, recordó que a lo largo del último mes se sucedieron reuniones entre la provincia, el municipio, la Iglesia y los gremios con al menos dos mesas de organizaciones sociales y políticas: una más referenciada históricamente con el peronismo, de la que participa el Movimiento Evita, y otra con el liderazgo de la CCC.
En ellas, dijo, se busca "básicamente analizar la situación y tratar de prevenir cualquier desborde producto de la crisis y de una pauperización hace un año inimaginable", sobre todo ante la cercanía de un período tan sensible como el fin de año.
Fedele fue más precisa. "Este no es el mismo contexto social del 2001: hoy hay muchas más armas en los barrios y cualquier saqueo podría acabar en masacre", advirtió, un riesgo insoportable.
"El gobierno provincial y municipal lo saben perfectamente y coinciden con nuestro diagnóstico", dijo, a la vez que reclamó que "se hagan cargo de exigir" el Plan Argentina Trabaja para la "gran cantidad de gente que perdió sus changas y hoy sólo está viviendo de la asignación universal".
Esa crítica situación se refleja, por ejemplo, en la "multiplicación de la demanda en comedores y copas de leche", algo que "no se resuelve con pan dulce para Navidad", pero que "seguramente se va a notar más en las fiestas".
También Delmonte sostuvo que "es responsabilidad de los tres niveles del Estado" dar "salida urgente a esta situación tan crítica que lleva a cada vez más gente a golpear las puertas de las organizaciones", paradójicamente "con escasa posibilidad de respuesta".
El dirigente recordó que las cooperativas tienen unos 300 trabajadores ocupados (en zanjeo, desmalezamiento, mantenimiento de plazas y arreglo de veredas) y "otros 800 en listas de espera".
De mínima, coincidió con Fedele en que el Plan Argentina Trabaja debe desembarcar "de una vez en Santa Fe". Y también reclamó que municipio y provincia aumenten la entrega de mercadería fresca, que la tarjeta de ciudadanía pase de 250 pesos a mil, y el monto extraordinario de mil pesos prometido a la asignación universal no se dé por familia, sino por hijo.
