El Arzobispado habló sobre las denuncia contra Martín por usurpar funciones

Una denuncia penal contra el Arzobispado local por “usurpar funciones del Estado, estafas y otras defraudaciones” al abrir un canal de informes de abusos sexuales cometidos por miembros de la propia Iglesia hizo mucho ruido en la ciudad. La denuncia es contra el arzobispo Eduardo Martín y también contra el jefe de la iglesia católica en la ciudad de Santa Fe, el rosarino Sergio Fenoy.

El comunicado, que está firmado por el Arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, y el Vicario General del Arzobispado de Rosario, Monseñor Emilio J. Cardarelli, recalca que de ninguna manera intenta sustituir el "ámbito de competencia de la autoridad estatal", sino que tiene como finalidad "adoptar las decisiones administrativas y disciplinares dentro de su propio ámbito de actuación".

También recalca que su implementación responde a lo dispuesto por el Papa Francisco, de establecer un sistema estable y de fácil acceso al público "para disponer de un lugar de encuentro y escucha, así como un número telefónico de contacto, y elaborar un informe a fin de remitirlo a la autoridad competente".

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En la comunicación, el Arzobispado manifestó que "la Iglesia, en cuanto a las posibles consecuencias jurídicas, se atiene y asume lo que decida la justicia de nuestro País, que es la única competente para ese fin y a la que se debe acudir".

“Lo que están haciendo es tratar de suplantar al Ministerio Público de la Acusación, que es el organismo donde debe reportarse cualquier delito. Eso es lo mismo que suprimir el Estado de Derecho”, dijo ayer a La Capital el autor de la presentación contra Martín y Fenoy, Carlos Ensinck, quien a su vez es presidente del Colegio de Abogados de Rosario.

La denuncia fue realizada el domingo a la mañana ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tanto el fiscal general de la provincia Jorge Baclini como los fiscales regionales de Rosario, Patricio Serjal, y de Santa Fe, Carlos Arietti, ya están al tanto de la presentación.

En ese sentido, hay que decir que MPA ya asignó la investigación de la denuncia a la fiscal Nora Marull, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

Ensinck se enteró a través de la página web del Arzobispado de Rosario sobre la creación de un sistema de recepción de informes y denuncias de casos de abusos cometidos dentro de la Iglesia, a instancias de una carta apostólica denominada Motu Proprio emitida por el Papa Francisco. El mismo esquema se replicará en Santa Fe y las denuncias podrán hacerse a través de un correo electrónico. Para el abogado, que hizo la presentación a título personal más allá de ser el actual presidente del Colegio de Abogados de Rosario, eso constituye una violación de normas básicas del Estado de Derecho y corresponde que la Justicia lo investigue.

“La denuncia de cualquier delito debe hacerse en el Ministerio Público de la Acusación, no hay otro lugar para hacerlo”, dijo Ensinck a este diario. Al abogado le parece “muy cuestionable” que sea personal de la Iglesia quien se ocupe de gestionar esas denuncias referidas a personas que se desempeñan dentro de ella.

El comunicado completo del Arzobispado de Rosario:

"Hace unos días hemos hecho público en nuestra Arquidiócesis la puesta en funcionamiento de un sistema de recepción de informes – de ninguna manera “denuncias penales", en el sentido que le dan las leyes estatales – respecto de posibles abusos sexuales, de poder y de conciencia, cometidos por miembros de las diferentes estructuras de la Iglesia.

Su implementación responde a lo dispuesto por el Papa Francisco de establecer un sistema estable y de fácil acceso al público para disponer de un lugar de encuentro y escucha, así como un número telefónico de contacto, y elaborar un informe a fin de remitirlo a la autoridad competente.

De ningún modo sustituye al ámbito de competencia de la autoridad estatal, sino que tiene como finalidad adoptar las decisiones administrativas y disciplinares dentro de su propio ámbito de actuación.

Por lo demás, y como lo indican las disposiciones de la Santa Sede, la Iglesia, en cuanto a las posibles consecuencias jurídicas, se atiene y asume lo que decida la justicia de nuestro País, que es la única competente para ese fin y a la que se debe acudir.

La Iglesia actúa dentro de su jurisdicción, en el marco que le reconoce la Constitución Nacional y provincial, el Acuerdo que rige entre la Santa Sede y el Estado argentino, y las demás leyes.

La Iglesia reafirma su compromiso de velar para que en su seno se respire un clima de acogida, respeto y cuidado de las personas, con especial atención a los niños y vulnerables".

Rosario, 9 de julio de 2020.

Mons. Eduardo Eliseo Martín – Arzobispo de Rosario

Mons. Emilio J. Cardarelli – Vicario General del Arzobispado de Rosario