De la estigmatización al reclamo popular

La masiva marcha contra la inseguridad del pasado 25 de agosto sigue marcando el ritmo de la agenda política y legislativa local. El reclamo popular, motorizado espontáneamente tras una serie de crímenes resonantes, parece marcar un antes y un después en una Rosario cuyas autoridades supieron acuñar el eslogan de "la mejor ciudad para vivir", y que con el tiempo se fue desangrando hasta llegar a este presente de la más violenta del país, con una tasa de homicidios que supera la media nacional.

Miles de rosarinos en la calle obligaron a la dirigencia a recalcular el rumbo, analizar qué es lo que se estaba debatiendo y tomar nota de la exigencia de los vecinos. Y así, se volvió sobre una agenda que estaba dormida.

Luego de cuatro días de intensos debates, el Concejo Municipal sancionó la emergencia en seguridad, lo que le permitirá por seis meses a la Intendencia reasignar partidas y realizar contrataciones directas a los efectos de comprar insumos para destinarlos a acciones que mitiguen el delito desde la incumbencia municipal.

El texto sancionado por los ediles autoriza la compra de bienes para, por ejemplo, mejorar la iluminación, la poda y escamonda, sumar cámaras de videovigilancia, equipar las áreas de Control y reforzar programas de prevención de adicciones. Es decir, prioridades que el municipio debería haber agendado hace tiempo, ya que precisamente la gente viene exigiendo políticas orientadas a combatir el delito.

El edil Diego Giuliano llevaba cinco años solicitando en el Concejo la declaración de la emergencia en seguridad, algo a lo que el oficialismo se negó sistemáticamente argumentando esa muletilla que tanto daño les hizo a los rosarinos. "Estamos estigmatizando a la ciudad". Hasta que la realidad se convirtió en el estigma más doloroso.

Paradójicamente, mientras esta semana se ponía tanto celo en reforzar los controles, se conoció que un inspector imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de un bajista que murió electrocutado en pleno recital en un bar (el 12 de octubre de 2015), fue ascendido de categoría.

Para la fiscal que investiga la muerte en el Café de la Flor; este agente, que ahora le da el okey al inicio de trámites de habilitaciones de boliches, entre otros rubros, detectó fallas eléctricas en el bar antes de que sucediera el accidente fatal, pero nunca corroboró si se habían reparado y hasta avaló un arreglo que no se había hecho.

Si bien se presume su inocencia, al menos al estar imputado el municipio debería haber dejado en suspenso el ascenso. Lo más curioso es que ninguna voz oficial se expidió al respecto luego de que La Capital hiciera público el caso.

Ese doble discurso parece ser una constante. Esta semana el Ejecutivo volvió a la carga con su idea de labrar multas con las cámaras de seguridad (lo logró para los casos de quienes cruzan en rojo o circulan en contramano) y designar jueces de Faltas de manera interina, sin concurso.

Los dos temas habían sido rechazados por el Concejo durante años. Esta vez, a caballo de la idea de buscar soluciones para atemperar la ola de inseguridad, lograron, con matices, ser aprobados. La ocasión siempre abre una puerta para colar viejas intenciones políticas. Recaudación y designaciones a dedo no parecen ser una receta eficaz contra el delito.

Profesionales. A nivel provincial, en tanto, el efecto "reclamo popular masivo" acelera la puesta en marcha de la Policía Judicial, que fue creada por la Legislatura hace tres años. Se trata, básicamente, de un cuerpo de profesionales (forenses, psicólogos, contadores, trabajadores sociales) que estará abocado a la investigación de delitos, algo que hasta ahora hace la policía.

Ese trabajo policial había sido duramente criticado en marzo de 2014 por el procurador de la Corte santafesina, Jorge Barraguirre, quien había destacado que "la inteligencia criminal de la policía no funciona y está quebrada", y revelado números elocuentes: de los 14 homicidios que se habían cometido en la ciudad en la segunda quincena de diciembre de 2013, ninguno se había esclarecido.

Ese día, ente un auditorio que se había dado cita en el Espacio Cultural Univesitario (San Martín al 700), Barraguirre dijo que "había un problema político de conducción de la fuerza", por entonces en manos de Raúl Lamberto. El evento en el que disertaba había sido organizado por el espacio en el que militaba el por entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro, que un año y medio después reemplazó a Lamberto en el Ministerio de Seguridad.

Esta semana, el efecto reclamo popular llevará a la Legislatura a Pullaro y al ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, quienes fueron convocados a detallar el plan de seguridad que se está implementando en la provincia. Y el gobernador Miguel Lifschitz intentará destrabar la llegada de gendarmes a la ciudad.

Críticas. La semana pasada tuvo que escuchar fuertes cuestionamientos de funcionarios nacionales hacia el accionar de la policía provincial. Tras ese cónclave, avanzó sobre el control de cajas que maneja la fuerza (como el manejo de fondos para la reparación de móviles), impulsó un paquete de leyes (que la Legislatura demora en tratar porque, créase o no, sesiona cada 15 días) y apuró la puesta en marcha de la Policía Judicial. Buenas iniciativas del gobernador, que ahora intentará reforzar con el regreso de Gendarmería.

Como se ve, el reclamo popular sigue marcando los tiempos de la agenda política y legislativa. Y desempolva viejos proyectos que estaban dormidos para "no estigmatizar".