Seis empresas lindantes con el arroyo Saladillo fueron condenadas a adecuar sus procesos de gestión de efluentes a la legislación vigente, y a asumir las costas del proceso.
La crecida hace por estas horas la cascada del arroyo Saladillo no se perciba.
Seis empresas lindantes con el arroyo Saladillo fueron condenadas a adecuar sus procesos de gestión de efluentes a la legislación vigente, y a asumir las costas del proceso.
La Justicia también condena "en forma solidaria a las codemandadas", entre otras medidas, a "la recomposición del medio ambiente dañado".
Así lo resolvió la jueza civil y comercial Nº 13 de Rosario, Verónica Gotlieb, en un fallo que involucra a seis empresas localizadas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez que descargan sus efluentes sin el debido tratamiento en un tramo del Saladillo y el zanjón de la Reserva Natural de esa ciudad.
La resolución, de 123 fojas, está vinculada a la demanda civil interpuesta por la Fiscalía Extrapenal de Rosario. Bajo el precepto expreso de "quien contamina, paga", la resolución recepta las pretensiones de la fiscalía en cuanto a condenar a las empresas en dos aspectos: de prevención de daños ambientales y de su recomposición, es decir que el ecosistema de la reserva natural y de esa parte afectada del arroyo vuelvan al estado anterior a los daños causados.
Para eso, la jueza dispone un cronograma de acciones con la participación de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, y la instancia y control de la ejecución de la sentencia a cargo de la Fiscalía y el Juzgado, a fin de poner en acción un programa de saneamiento costeado por las empresas que la jueza estimó contaminantes, aun cuando el fallo puede ser apelado ante la Cámara civil.
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El fallo de Gotlieb es receptivo de la progresión de los derechos ambientales en diversos aspectos, entre ellos el protagonismo de la información para los ciudadanos sobre las acciones de prevención y reparación de los daños. Además, reconoce la legitimación activa de los fiscales de la Ley 10.160 para accionar en defensa de los intereses generales en materia ambiental y la gratuidad para el acceso a la justicia como para la tramitación de procesos ambientales.
Además, exhorta a los poderes local y provincial a instar urgente los procedimientos adecuados para el cumplimiento de la sentencia, incluso mediante la aplicación de sanciones.
La resolución apunta a las firmas Euro S.A, se incluye al establecimiento denominado “Aquiles”, Total Química S.A., Shorton Argentina S.R.L., Mattievich S.A y/o Subproductos Ganaderos Rosario S.A., Empresa de Baños Químicos y/o Sres. Sebastián Peralta y/o Mauro Michelotti, y Reciclar SRL "o Reciclarte S.R.L".
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