Desde este martes rige un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. En paralelo, el proyecto que recorta el régimen de subsidios por Zona Fría ya tiene media sanción en Diputados y espera su turno en el Senado.
El gas natural tiene, desde este martes 1° de septiembre, un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. La actualización fue autorizada por el ente regulador y modifica los distintos componentes que integran la factura del servicio en toda la región.
Para los usuarios santafesinos, ese ajuste se cruza con otra discusión que puede pegar todavía más fuerte en el bolsillo: en el Senado de la Nación se debate un proyecto del gobierno nacional que impulsa una reforma al régimen de Zona Fría, el esquema que hoy permite a cientos de miles de hogares del sur provincial pagar el gas con descuentos de hasta el 50%. Si el cambio prospera, la boleta podría subir mucho más allá del aumento ya vigente.
Tomando como referencia a un usuario residencial R1 —la categoría de menor consumo—, la tarifa plena quedó desde este mes en $3.562,99 de cargo fijo mensual más $324,50 por cada metro cúbico consumido.
Ese no es, sin embargo, el valor que paga la mayoría de los hogares del sur santafesino, que hoy están alcanzados por el régimen de Zona Fría. Con el descuento del 30%, un usuario R1 paga $2.494,09 de cargo fijo y $227,15 por metro cúbico. Con el descuento del 50%, esos valores bajan a $1.781,50 de cargo fijo y $162,25 por metro cúbico.
Vale aclarar que estos números corresponden solo a los componentes tarifarios: al consumo de gas se le suman después otros conceptos e impuestos que terminan de definir el total de la factura.
El escenario se vuelve más concreto si se proyecta sobre una factura real. Para un usuario R1 con un consumo de 200 metros cúbicos en un bimestre, el componente tarifario sería de $72.026 con tarifa plena, de $50.418 con el descuento del 30% de Zona Fría, y de $36.013 con el descuento del 50%.
La diferencia entre conservar o perder el beneficio no es menor: quien hoy tiene el 30% de descuento y lo pierde pasaría a pagar un 42,9% más sobre ese componente de la factura. Y quien tiene el 50% y queda directamente fuera del régimen vería duplicarse ese mismo componente, ya que pasaría de abonar la mitad de la tarifa al valor pleno.
Zona Fría es un régimen creado en 2002 para compensar la asimetría tarifaria de las regiones con temperaturas más bajas y, en consecuencia, mayor consumo de gas en las viviendas. Casi veinte años después, en 2021, el entonces diputado nacional Máximo Kirchner impulsó una ampliación del beneficio a través de la ley 27.637, que llevó el universo de hogares alcanzados de 950.000 a 4 millones en todo el país, incluyendo a Rosario y a otros siete departamentos del sur santafesino hasta 2031.
El proyecto que hoy avanza en el Congreso busca revertir esa ampliación. La Cámara de Diputados le dio media sanción el 21 de mayo pasado, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, y ahora el texto espera su tratamiento en el Senado, que actúa como cámara revisora. Mientras el trámite parlamentario no concluya, el régimen sigue vigente y los descuentos continúan aplicándose en las facturas de Litoral Gas.
La propuesta oficial retrotrae los descuentos automáticos a las zonas históricas originales —la Patagonia, Malargüe y la Puna— y elimina el carácter masivo y automático del beneficio para los departamentos incorporados en 2021, entre ellos los de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y San Luis. En esas zonas, el descuento quedaría limitado únicamente a los hogares de menores ingresos inscriptos en el esquema focalizado de subsidios energéticos. Además, cambia la forma de calcular la bonificación: en lugar de aplicarse sobre el costo total de la factura, se calcularía sobre el precio básico del gas, dejando afuera a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de pagos.
El Gobierno nacional sostiene que la ley vigente incluye a zonas que no atraviesan condiciones climáticas extremas, como el sur de Santa Fe, parte de Buenos Aires y Córdoba, y calcula que la reforma le permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones sobre un presupuesto actual de $485.000 millones destinado al programa.
La discusión ya encendió alarmas en el gobierno provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro llevó el tema a una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y planteó que si el objetivo es reducir los subsidios, el criterio debería ser la capacidad económica de los beneficiarios y no su lugar de residencia.
"Tenemos que eliminar los subsidios a las clases más pudientes. Es decir, saquemos subsidios a los ricos, pero no lo hagamos de manera geográfica", sostuvo el mandatario. Según su análisis, una quita de ese tipo golpearía de manera desproporcionada a la provincia: "Eso sería injusto para Santa Fe", afirmó, al remarcar que 1,7 millones de personas se ven hoy beneficiadas por el régimen.
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El proyecto ya superó su instancia más incierta en Diputados y ahora depende de lo que resuelva el Senado, donde Santa Fe tiene tres bancas. Ahí es donde la advertencia de Pullaro adquiere un peso político adicional: dos de estos tres senadores nacionales que representan a la provincia (Carolina Losada y Eduardo Galaretto) responden a su espacio político, lo que convierte a esa definición en una prueba concreta para el gobernador, que deberá capitalizar esa cercanía si pretende torcer o moderar la reforma antes de que se vote en el recinto.
El impacto territorial de la reforma tiene nombre y apellido en cada departamento. Según el detalle que expuso el diputado nacional Diego Giuliano, los ocho departamentos del sur de Santa Fe incluidos en la ley 27.637 suman más de 550.000 hogares beneficiados: Rosario, con 388.919; General López, con 48.765; San Lorenzo, con 38.864; Caseros, con 19.159; Constitución, con 16.740; Iriondo, con 14.818; San Martín, con 12.680; y Belgrano, con 10.658.
De acuerdo con datos del Enargas de 2022, esos hogares representan a 1,76 millones de personas en todo el sur provincial. Giuliano advirtió además que, dentro de ese universo, 292.000 usuarios sufrirían un aumento del 50% si la reforma se aprueba tal como está redactada. "En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad", cuestionó el legislador del bloque Unión por la Patria.
A nivel nacional, el Gobierno apunta a sacar del programa a 1,2 millones de hogares distribuidos entre Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, en el marco de un ajuste que todavía debe sortear su instancia definitoria en el Senado de la Nación.
Por Mariano D'Arrigo
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