La compleja realidad económica y social que atraviesan las familias que alquilan se refleja crudamente en una encuesta que llevó adelante la Federación de Inquilinos Nacional, que incluye estadísticas de la ciudad. Según este relevamiento, en el mes de abril, 85.800 personas tuvieron serias dificultades para pagar estos compromisos, y 97.500 rosarinos reconocen que tienen algún tipo de deuda en relación a los alquileres. Estos preocupantes números fueron confirmados por la Defensoría del Inquilino de Rosario.
Desde esta entidad remarcaron los “graves problemas habitacionales” que exhibe Rosario, y recordaron que en la actualidad calculan que hay 300 mil inquilinos, un 30 por ciento de la población, cuando en 2001 ese porcentaje rondaba el 14 por ciento, de acuerdo al censo de ese año.
“En toda la provincia de Santa Fe, los resultados muestran que la realidad de muchísimos inquilinos es cada vez más crítica”, destacó Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino de Rosario y referente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional.
“Los principales problemas tienen que ver con los desmesurados aumentos que vienen sufriendo los alquileres, por encima de todo indicador económico, y la falta de control del Estado en el cumplimiento efectivo de la nueva ley de alquileres”, advirtió.
“Realmente es inaceptable que el mercado especule con la necesidad de vivienda en este contexto de pandemia”, reclamó Artola, quien resaltó que “si no se regula el precio de los alquileres y el funcionamiento del mercado inmobiliario, el resultado no va a ser otro que más crisis habitacional y más desigualdad”.
Muchas complicaciones
Según el informe sobre el mes de abril, de la que participaron más de 2.800 inquilinos encuestados de todo el país, “más del 60 por ciento de los inquilinos en Argentina cree que nunca tendrá su casa propia”. Un símbolo del halo negativo que rodea a quienes alquilan para vivir.
De acuerdo a lo relevado, surgen dos problemas centrales en esta práctica. “Una gran dificultad para pagar los elevados precios del alquiler”, y además se nota “una ausencia total del Estado en el control de la ley de alquileres”. Se verifica un “incumplimiento sistémico del mercado inmobiliario”.
Ante este angustiante panorama, “el 85,6 por ciento de los inquilinos cree que hay que regular el precio de los alquileres”, “el 95 por ciento cree que no hay control del Estado”, y “el 91,4 por ciento cree que las inmobiliarias no cumplen con la ley de alquileres”.
Desde ese escenario de tensión social, los inquilinos denuncian aumentos desmesurados en las renovaciones. “Al 32 por ciento le aumentaron entre un 40 y un 60 por ciento el precio del alquiler. Al 21,6 por ciento, entre un 100 y un 150 por ciento. Y al 18 por ciento, entre un 70 y 90 por ciento”, indica el relevamiento.
Del estudio surge que los inquilinos “destinan al pago del alquiler un 55 por ciento de los ingresos totales del hogar”, que “el 62,9 por ciento son trabajadores registrados, y el 12,5 por ciento está desempleado”.
En ese sentido, “el 28,6 por ciento confió que tuvo dificultades para pagar el mes de abril”. Y el “32,5 por ciento reconoció que tiene deudas con el pago del alquiler. De ese porcentaje, un 36,9 por ciento debe un mes y un 32,3 por ciento debe cinco meses o más”.
