Triste fin de un misterio. La joven con síndrome de Down que quedó embarazada y dio a luz en la ciudad de Santa Fe, y cuyos padres lo atribuían a una violación cometida en el colegio al que asistía, en realidad fue sometida sexualmente por su propio hermano, un joven que en la actualidad tiene 16 años. Así lo confirmaron los estudios de ADN realizados al joven, que dieron resultados positivos, luego de que se descartara la participación de docentes de la Escuela Especial Nº 1429 Doctora Sara Faisal, y de otros familiares de la chica.
Fue la fiscal Milagros Parodi quien confirmó el desenlace de este misterio. El estudio fue llevado a cabo por especialistas del Instituto Médico Legal de Rosario y determinó que el hermano de Rocío Villaverde fue la persona que ultrajó a la joven y por ello se dio el embarazo. Rocío dio a luz a principios de este año.
A partir de esto, la fiscal que llevó adelante la causa resolvió archivar las actuaciones realizada en relación a los dos profesores de la institución educativa que habían sido acusados por la familia de la joven embarazada, como autores del delito de abuso sexual. Además, se dio intervención a la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y a la Justicia de Menores.
La pista de los docentes. "La familia de la mujer con síndrome de Down me decía que los docentes podrían haber colaborado en el abuso sexual. Por ese motivo no archivé la investigación; no obstante, los resultados de los ADN fueron contundentes", dijo Parodi sobre los resultados que se dieron a conocer anteayer.
"En agosto de este año se le extrajo sangre al hermano de la mujer embarazada, estudio que finalmente dio positivo", reveló la fiscal.
La denuncia. El caso de Rocío Villaverde se conoció este año cuando los padres de la joven, entonces de 18 años, habían denunciado que el embarazo era producto de una violación que había sufrido en la Escuela Especial Nº 1.429, donde concurría. Como consecuencia de ello, la familia hizo público el tema, pidió justicia, y hasta se llegó a realizar una marcha para acelerar la causa. Incluso, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) solicitó a la Justicia que "trabaje firmemente para esclarecer" el caso.
Posteriormente, la chica dio a luz el 29 de marzo pasado a un varón. En varias declaraciones, la hermana de la joven embarazada, Mariel Villaverde, de 32 años, contó que percibió cambios en el comportamiento de Rocío, quien dejó de jugar con las muñecas y comenzó a tener crisis de angustia, llanto y desconcierto, para luego constatar que estaba embarazada.
El derrotero judicial. El caso fue denunciado en diciembre del 2014 y luego lo investigó la Justicia santafesina EM_DASHa través de la fiscal Milagros ParodiEM_DASH y además se sumó el Centro de Atención a la Víctima (CAJ). Fue así que se realizó una Cámara Gesell para que Rocío pudiera declarar con todas las garantías y aportar información valiosa para la investigación.
No obstante, los directivos de la escuela Sara Faisal hicieron pública su postura, la cual se basó en cooperar con la investigación judicial y así establecer si algún docente varón pudo haber sido partícipe del hecho. Por eso, desde la institución decidieron que todo hombre que haya dictado clases en la escuela se debía realizar un ADN para que las muestras pudieran ser comparadas con los datos genéticos del bebé nacido.
Para ese entonces, los familiares de Rocío habían acusado a dos docentes de la institución como los culpables, pero desde la Fiscalía no descartaron que la causa tuviera otro desenlace.
Por julio de este año, Parodi confirmó que los estudios comparativos de ADN, realizados en el Instituto Médico Legal de Rosario, arrojaron resultados negativos en relación a dos profesores del establecimiento educativo donde asistía la joven con síndrome de Down. Sucedió lo mismo con el ADN que se le realizó al padre de la joven y a otro hermano mayor, de 29 años. Finalmente ayer, se conoció la triste noticia de que uno de los hermanos de la joven había abusado de ella.
Pérez: Festram respondió al intendente electo
Las recientes manifestaciones efectuadas por el Intendente de Pérez pusieron en estado de alerta a la Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (Festram) y al "conjunto del gremio municipal de la provincia", al generar "un clima de incertidumbre sobre los derechos constitucionales de los trabajadores que luego de años de sometimientos a regímenes laborales fraudulentos y condiciones de precariedad laboral, ahora se pretende cuestionar la legalidad de su incorporación como trabajadores estables y registrados".
"En momento en que Festram ha convocado a un espacio de diálogo social y concertación Institucional a todos los intendentes electos y reelectos de la provincia para abordar las dificultades de este proceso de transición, Pablo Corsalini (intendente electo de Pérez) atenta irresponsablemente contra esta decisión generando un clima de conflicto a contramano de la vocación democrática de nuestra organización sindical", manifestó la entidad en un comunicado.
Tal cual lo publicó LaCapital en su edición del jueves, Corsalini hizo público el pase a planta permanente de una imporante cantidad de empleados, y lo planteó como una pesada herencia que tendrá que afrontar. Para el gresmio, sus declaraciones "aparecen como reaccionarias y funcionales con aquellos sectores que quieren desarrollar una política de ajuste económico en el Estado sobre la base de los despidos y la precarización de sus trabajadores".
También, para la Federación la decisión de judicializar como "delito complejo" la legalización de trabajadores que estaban contratados de manera fraudulenta, "además de ser un disparate jurídico y un entorpecimiento de la Justicia, resulta de una alarmante visión ideológica contra los derechos humanos".
Por último, Festram llamó a la reflexión al futuro mandatario local y lo invitó a "participar de la mesa de diálogo convocada para el 3 de diciembre. Y advirtió que "cualquier medida unilateral que afecte el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo tendrá una respuesta contundente de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe".
