La jueza federal María Servini de Cubría libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Francisco Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de una investigación de los crímenes del "franquismo".
También requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron fuentes judiciales.
El exhorto de la magistrada se da en la causa donde investiga los crímenes del franquismo iniciada por un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.
Franco fue el líder del partido único Falange Española y gobernó el país bajo una dictadura fascista entre el 17 de julio de 1936, cuando dio inicio a la Guerra Civil Española, y el 15 de junio de 1977, período que dejó 1.500.000 muertes.
Servini de Cubría solicitó los "nombres y últimos domicilios conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española" que actuaron durante el franquismo con la "certificación de los que hayan fallecido".
Además, pidió "el número de personas desaparecidas, identificándoselos, en la medida de lo posible con sus nombres y apellidos, fechas y lugar de su desaparición".
También, la cantidad de personas asesinadas y torturadas por motivos de "persecución política" y "el número de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados de aquellos".
Otro de los puntos del exhorto es las fosas comunes encontradas en España con "señalamiento de los cuerpos que han sido identificados hasta la fecha".
"El exhorto fue enviado a Cancillería el 13 de diciembre pasado y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya lo giró a España", explicaron las fuentes.
La jueza Servini de Cubría había rechazado el año pasado el pedido de investigación de los crímenes porque los hechos estaban siendo investigados en España, pero luego la Cámara Federal anuló ese fallo y ordenó proseguir con la causa.
Denuncias en Argentina. El proceso se inició luego que las organizaciones humanitarias y víctimas del franquismo, denunciaran en 2010 ante la justicia argentina el genocidio cometido en España. La querella apela al principio de jurisdicción universal, que ya el juez español Garzón utilizara para investigar la represión y los crímenes en las dictaduras chilena y argentina.
La querella contra el magistrado Garzón fue interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española. En tanto, las críticas de los sectores democráticos apuntan también a la familia real y a su connivencia con Franco. (DyN)
Empresas
Para ampliar la investigación, la jueza Servini de Cubría pidió que le sea suministrada “la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos tomados a los republicanos”. Además, pidió el informe sobre “cuáles son esas firmas que aún siguen activas”.
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