La obra social tiene previsto auditar más de un millón de casos. El objetivo es “darle mayor transparencia al sistema"
El objetivo de la medida del gobierno con Pami es "“darle mayor transparencia al sistema de pensiones"
Hace meses que el Programa de Atención Médica Integral (Pami) viene implementando importantes ajustes en su programa de servicios y medicamentos para pensionados y jubilados. En esta ocasión, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que desde el organismo se evaluarán todas las pensiones otorgadas por invalidez laboral a partir de febrero.
La evaluación de las pensiones se dará en conjunto entre Pami y la Agencia Nacional de Discapacidad. Los casos a auditar son 1.013.400 y el objetivo detrás del despliegue es “darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos por la normativa vigente y efectivamente las necesiten”.
Según explicaron desde Pami, el proceso se dará de forma progresiva a partir del segundo mes del año. En este se podrán diferenciar diversas etapas, “cada una diseñada para garantizar la integridad del proceso”. El énfasis estará puesto en las pensiones otorgadas recientemente, específicamente durante el gobierno de Alberto Fernández.
Desde el gobierno expresan que estas auditorías responden al compromiso con la eficiencia de la gestión de los recursos públicos. El Ministerio de Salud también acompañará el proceso de intervención.
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Conforme informó Pami, la evaluación de las pensiones se dará de forma escalonada y progresiva. El proceso constará de tres etapas fundamentales.
La primera etapa consistirá en el envío de cartas documento a los beneficiarios de las pensiones. En estas, se les asignará un turno médico con Pami al que deberán asistir con la documentación requerida para presentar.
La segunda parte del proceso incluirá a los médicos de Pami, quienes serán los encargados de llevar adelante entrevistas y controles. Estos se ocuparán de que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a la revisión exigida.
Por último, en el tercer momento, se realizará un procesamiento de la información recolectada por los profesionales. Tras el análisis de los datos, se determinará si los beneficiarios cumplen o no con los requisitos exigidos actualmente para recibir las pensiones. En caso de que su cumplan, el beneficio permanecerá vigente. Pero si se entiende que el caso no se ajusta a los requerimientos actuales, se procederá a la suspensión del beneficio.
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