El ministro Federico Sturzenegger anticipó una serie de medidas que consideran aplicar en el terreno educativo. Cuáles son los principales puntos
Las pruebas Aprender revelaron que los chicos de sexto grado estaban muy flojos en lengua.
Tras la sanción de la Ley Bases, el gobierno volverá a la carga sobre una serie de propuestas que, en medio de la negociación parlamentaria, quedaron en el camino. Entre ellas, modificaciones en las leyes de educación argentinas, como la incorporación de un examen al finalizar el secundario y el arancelamiento de los estudios universitarios para extranjeros no residentes.
Fue el propio Federico Sturzenegger, autor de la Ley Ómnibus y actual ministro Desregulación y Transformación del Estado, quien esta semana confirmó los planes del gobierno de Milei para el área educativa.
"La que estaba contenida en la Ley Bases es una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años", dijo Sturzenegger en radio Mitre. Según explicó el funcionario, la iniciativa apunta a incorporar un examen obligatorio al terminar la secundaria, la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela y la posibilidad de arancelar los estudios universitarios para estudiantes extranjeros. La mayoría de esos artículos implican modificar tanto la ley de educación nacional (N° 26.206) como la ley de educación superior (Nº 24.521).
Respecto del examen integrador, Sturzenegger explicó que la idea es que sea obligatoria que, al terminar la secundaria, los estudiantes tengan que hacer una evaluación que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan.
"No es que tienen que hacer un examen para aprobar el secundario, sino que te dan una nota y si vos querés te dan un certificado de lo que sacaste para usar eso en el mercado laboral", dijo el ministro. Una nota para adjuntar en el currículum. El ministro agregó además que los países que lo implementaron tienen un 10% más de puntaje en las pruebas PISA.
Otra reforma que buscará el gobierno de Milei es difundir los resultados de esas evaluaciones, "para que los padres tengan conocimiento de qué tan bueno es el colegio de sus hijos, pero no para castigar a nadie, sino para ver dónde tenemos un problema y dónde desplegar más recursos". Dijo que esta medida la aplicaron gobiernos progresistas como Lula en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. La idea es que a esas notas tengan acceso de forma privada solo los padres y docentes, para conocer no solo el desempeño de su hijo, sino el promedio de su escuela y su ciudad.
El capítulo universitario también es otro de los frentes sobre los que pretende avanzar el gobierno. En este caso a través del cobro de un arancel a aquellos estudiantes extranjeros que no tengan residencia, manteniendo la gratuidad para argentinos y extranjeros con residencia permanente en el país.
Esta medida, de alto impacto comunicacional, ya fue rechazada de plano por los rectores en enero pasado, cuando el gobierno presentó la Ley Ómnibus. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, dijo entonces que "la UNR sostiene un principio, consagrado en el artículo primero de su estatuto, que establece la gratuidad de la educación superior" y que en consonancia con esa máxima sostendrán un criterio que "seguirá vigente".
Dijo además que la incidencia de estudiantes extranjeros sobre el total de los alumnos de la UNR es del 5%, y que dentro de ese porcentaje la cantidad de estudiantes extranjeros que no tienen residencia permanente representa el 1%, y que muchos son estudiantes de posgrado que pagan por sus carreras.
Pero no es la primera vez que se presenta una iniciativa de este tipo en el Congreso. Ya en 2018, en el año en que celebró el centenario de la Reforma Universitaria, un grupo de diputados de Cambiemos propusieron el arancelamiento para extranjeros no residentes. El proyecto fue presentado por el entonces diputado Luis Petri (hoy Ministro de Defensa), y llevó las firmas de Waldo Wolff y Eduardo Amadeo, entre otros. Una iniciativa que cosechó el rechazo de los rectores de las universidades públicas.
La declaración de la educación como servicio esencial es otra de las reformas que siguen en la agenda del gobierno libertario. Prevista inicialmente en el DNU 70/2023, la propuesta siguió avanzando en el Congreso, cuando a mediados de junio obtuvo dictamen de la Comision de Educación de Diputados, presidida por el legislador y exministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro. El proyecto tiene el acuerdo de los bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica, mientras que Unión por la Patria y la Izquierda se oponen. De acuerdo a la ley de régimen laboral, hasta ahora “se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”.
También manifestaron su rechazo los sindicatos docentes. Es que en sí la declaración de la educación como servicio (y no como derecho) esencial apunta a evitar los paros docentes, ya que ante una medida de fuerza, cada escuela debe garantizar una "guardia mínima" del 30% (según el proyecto de Diputados) o del 75% (en el caso del DNU).
Desde los gremios explicaron que los servicios esenciales fueron definidos por un Comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1983, como aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”, y por tal motivo tienen limitaciones en el derecho a huelga. Sin embargo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT declaró que el sector educativo no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término. Por tanto, los gremios consideran que, de aprobarse, esta modificación violaría los convenios 87 y 98 de la OIT a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional y jerarquía superior a las leyes.
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