Laboratorios europeos boicotean ejecuciones en EEUU

El boicot de varios laboratorios pone el jaque las ejecuciones de reos en Estados Unidos, donde varios gobernadores han suspendido las penas máximas por la escasez de los fármacos usados en inyecciones letales.

   Tal es el caso de Arkansas, donde el gobernador Mike Beebe anunció que suspenderá nuevas ejecuciones. En medio de una disputa legal sobre sus nuevas normas en materia de pena capital, el estado se está quedando sin stock de fármacos y enfrenta la oposición de un fabricante que canceló su contrato con el gobierno tras descubrir que sus medicamentos (Lorazepam y Fenobarbital) serían usados en inyecciones letales. Crisis semejantes afectan a Ohio, Missouri, Georgia, California y Texas.

   La inyección letal es el método utilizado por los 32 estados que admiten la pena de muerte. La mayoría recurre a un cóctel compuesto por un anestésico (Pentobarbital o Tiopental) y un relajante muscular (bromuro de Pancuronio o cloruro de Potasio), que provoca un paro cardíaco. Once estados utilizan sólo un fármaco, en dosis letales.

   Mientras tanto, la presión de laboratorios y grupos europeos contra el uso de fármacos en ejecuciones ha vuelto cada vez más difícil su obtención. El fabricante de Tiopental suspendió sus contratos tras la presión de funcionarios y autoridades en Italia, donde se encuentra una de sus fábricas. Lo mismo ocurrió con el fabricante de Pentobarbital en Dinamarca.

   Con sus stocks casi agotados y sin posibilidad de reponerlos, los estados están recurriendo a otras alternativas. La semana pasada, la Corte Suprema de Missouri anunció que el estado será el primero en usar Propofol, el sedante que causó la muerte de Michael Jackson.

   Ohio y Texas anunciaron que sus provisiones de Pentobarbital se acabarán en setiembre y están buscando soluciones. Otros estados, como Georgia decidieron recurrir a alternativas nunca probadas en ejecuciones. “No sabemos si van a funcionar, si causarán efectos colaterales, como convulsiones”, dijo a la BBC de Londres el director ejecutivo del Death Penalty Information Center (Centro de Informaciones sobre la Pena de Muerte), Richard Dieter. “Se trata de un experimento con seres humanos”, señaló.

   El director jurídico de la organización a favor de la pena de muerte Criminal Justice Legal Foundation, Kent Scheidegger, dijo que hay otras alternativas, como la importación desde países asiáticos donde es legal la pena de muerte. “No hay falta de fármacos. Lo que existe es una conspiración por parte de empresas europeas”, dijo Scheidegger. “La pena de muerte es una opción de Estados Unidos. No es una decisión que dependa de los europeos”, agregó.

   Sondeos recientes indican que el 63% de los estadounidenses están a favor de la pena de muerte. Hace 20 años, ese porcentaje era de cerca del 80%, según el instituto Gallup.

   Desde 1976, cuando la pena de muerte volvió a ser adoptada luego de un intervalo de cuatro años en que fue suspendida por la Corte Suprema, 1.343 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos. El número llegó a su nivel más alto en 1999, cuando 98 personas fueron ejecutadas. Desde entonces, la cifra ha venido cayendo. El año pasado se registraron 43 ejecuciones, el mismo número de 2011. Este año ha habido hasta el momento 23 ejecuciones y se estima que el total será cercano a 30.

   La cifra de condenados a muerte también ha venido cayendo. En los 90, el promedio era de 300 sentencias por año. Hoy es de 75.

   Sin embargo, aún hay 3.125 personas en el llamado corredor de la muerte, en el que el tiempo promedio de espera entre condena y ejecución es de 15 años.

   Estados Unidos es uno de los cinco países que más ejecuciones realiza, después de China, Irán, Irak y Arabia Saudita, según Amnistía Internacional.

   En California no hay ejecuciones hace siete años a pesar de que el estado permite la pena de muerte, y Maryland, que luego de seis años sin ejecuciones acabó en mayo convirtiéndose el estado número 18 del país en abolir la pena capital. Connecticut, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Nuevo México también la suprimieron en los últimos seis años.

  Es improbable que algún estado vuelva a usar la silla eléctrica o la cámara de gas.