La ministra de Seguridad, Nilda Garré, calificó ayer de "aberrante" y una "afrenta mafiosa" el crimen del joven Bruno Rodríguez, testigo protegido en una causa contra policías de Chubut, y admitió que son "enormes" las "consecuencias institucionales" de ese hecho.
Ese homicidio, sostuvo, "es doblemente grave pues la víctima había testificado en contra de un grupo criminal enquistado dentro de la policía provincial", aseguró y, por lo tanto, manifestó que "las consecuencias institucionales de este accionar abusivo son enormes y exigen ser reparadas tranquilidad de la sociedad chubutense toda".
Rodríguez, de 22 años, fue asesinado a puñaladas anteayer por personas aún no identificadas cuando regresó a Trelew por algunos días, luego de haber sido sacado de la provincia por orden de la justicia, a fin de preservar su seguridad.
El joven había testificado en contra de nueve policías de la comisaría segunda de esa ciudad acusados de abusar de un adolescente al que habían detenido en esa sede.
Garré consideró que el crimen de Rodríguez fue posible "ante la existencia de un marco de impunidad que animó a los delincuentes primero a cometer delitos, incluso en sede policial", donde se produjo el abuso sexual, y luego "asesinar al testigo con una crueldad destacada particularmente".
Por el hecho, llamó a los "funcionarios a reflexionar acerca de las derivaciones del comportamiento corporativo en las fuerzas de seguridad y policiales".
Además, reiteró que "se debe terminar con el autogobierno de las policías, e instrumentar sistemas de control y fiscalización desde el poder político que sean implacables con los encubrimientos corporativos".
"Mafias enquistadas". La funcionaria de la Nación alentó a los ciudadanos "y a la gran mayoría del personal policial, que me consta es gente profesional y honesta, a no dejarse intimidar por las mafias enquistadas en sus instituciones".
"La primera exigencia para conjurar el delito es no tener policías delincuentes ni tolerar prácticas corporativas que los amparen y protejan", sostuvo.
En ese sentido, recordó que el Ministerio de Seguridad mantiene habilitada la línea 0800 555 5065 para denunciar "el accionar arbitrario de personal de las fuerzas policiales". Para casos como el crimen del joven Rodríguez, dijo finalmente, "el único remedio es institucional y por tanto político". l (Télam y DyN)
“No van a rehabilitar a los pibes si los matan a palos”
(Por Alfredo Montenegro / La Capital). _ “Mi hijo salió de la provincia, se fue con su mamá. Nos debimos separar y ahora mi esposa lo sostiene porque está depresivo. Lo ayudan psicólogos, pero no quiere ir porque le preguntan sobre lo que pasó y eso le molesta mucho”, dijo Fernando Almonacid, padre del chico de 16 años que fue violado por agentes de la comisaría segunda de Trelew.
“Inventaron todo, lo secuestraron en el patio de mi casa, no había excusa. A la novia también la detuvieron y debió declarar”, señaló. Los policías habrían llegado por una supuesta pelea con su novia. Pero la joven no realizó denuncias.
“Creen que por tener uniforme pueden pasar sobre todos. A los jueces y al gobernador les dije que a los pibes nunca los van a rehabilitar si los persiguen y matan a palos, como hacían los militares en la dictadura. Por unos policías pagan todos, tengo amigos como un comisario que no podían llegar a casa porque les daba vergüenza venir con el uniforme”, señaló a La Capital.
Contra la Impunidad. El 22 de marzo se realizó una Marcha contra la Impunidad en el centro de Trelew. “Fueron una cinco mil personas, la gente está mal, pedimos justicia y que no se olvide lo que pasó”, afirmó. También indigna a la población la absolución de policías acusados por la muerte del joven Antillanca, hace más de un año.
En tanto, según el Banco de Datos de Tortura, de la Defensoría Pública de Chubut, entre 2004 y 2011 se realizaron 1.899 denuncias de violencia policial en la provincia, Trelew sumó 379 casos, Comodoro Rivadavia 354, Puerto Madryn 993, Esquel 69, Rawson 84 y Sarmiento 19. “Pero la mayoría no va a la justicia por temor a represalias”, señaló Adolfo Pérez Galimberti, defensor adjunto.
Almonacid señaló que el gobernador Martín Buzzi envió personal para ponerse asistirlos, como también lo hicieron grupos de derechos humanos.
El hombre tiene 46 años y trabaja en el mantenimiento en un comercio, tras lo cual hace trabajos de albañilería. “Mi hijo, antes del hecho que debe soportar, también me ayudaba, era trabajador. Yo sufrí mucho en mi juventud, hemos pasado hambre pero nunca robamos, cuando no teníamos para comer íbamos a un comedor”, resaltó.
El chico atacado tiene tres hermanos, todos mayores que él, dos varones y una mujer. “Trabaja en un maxikiosco y practica boxeo y ganó la medalla de Oro en el peso pluma en los torneos provinciales Evita. Pero luego de lo que pasó sufrió mucho, intentó matarse pero la novia le cortó la soga que tenía para ahorcarse”, relató el indignado padre.
“Somos cristianos y vamos a la iglesia, sabemos que saldremos adelante, pero exigimos justicia”, reclama Almonacid, desde su casa en Trelew, en el barrio General Perón y a sólo dos cuadras y media de la comisaría donde los policías atacaron al chico.
Intentan no vincular a los agentes
El ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Javier Touriñán, dijo ayer que para él “la policía no tiene nada que ver” con el asesinato del testigo Bruno Rodríguez Monsalve, el joven que había declarado contra policías en la causa iniciada por la violación de un adolescente en una seccional de Trelew.
“Es una opinión personal y no institucional, que se basa en que el fallecido ya había declarado, es decir que sus dichos quedaron registrados y no podrá evitarse que sean utilizados en un eventual juicio oral y público”, expresó Touriñán.
El funcionario se refirió a la declaración anticipada que, por miedo a que pudiera pasarle algo al testigo, la fiscalía y la querella solicitaron que se le tomara a Rodríguez Monsalve para poder incorporar a un futuro juicio oral por el caso.
Touriñán agregó que “por otra parte todos los acusados en la causa están detenidos, de manera que no pudieron ser ellos mismos” los autores del homicidio. El ministro reconoció que “es lógico que exista entre las hipótesis la posible intervención policial” y admitió que además “esa es una pista que también se investiga”,
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