La defensa irrestricta de nuestros glaciares no se derrite

A la gente se le da por insistir en ciertos temas en los que entiende no ha sido debidamente escuchada. Y hace bien en no rendirse. Me invitaron a sumarme a un grupo de facebook –reducto tecnológico que canaliza hoy por hoy gran parte de las expresiones ciudadanas- que defiende la ley de glaciares, que se manifiesta a favor de que los miles de kilómetros de nieve y agua que se extienden a lo largo y ancho de la Cordillera de los Andes se mantengan a resguardo de la voraz depredación humana y, para peor, ¡foránea! En pocas horas el grupo sumó a unos 500 adherentes, en muy pocas, no más de tres.

La historia de la primera ley de glaciares es realmente notable. Marta Maffei, la histórica dirigente docente que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación de la mano de Elisa Carrió, presentó en 2007 un proyecto de protección del área glaciar y periglaciar de la Argentina que ponía límites concretos a la explotación minera en las áreas cercanas a los glaciares. Ese mismo año el proyecto obtuvo un inédito acompañamiento de todos los bloques legislativos en diputados. Más tarde se convirtió en ley con el apoyo, también unánime, de los senadores nacionales. La presidenta Cristina Fernández, ejerciendo un derecho que la asiste pero en un acto al menos polémico por el tenor de la ley, vetó la norma retrayendo todo nuevamente a foja cero.

En su veto adujo razones de defensa de las economías regionales y contempló, según dijo, pedidos de gobernadores de zonas cordilleranas y una sugerencia de la secretaría de Minería de la Nación. Las tres cosas son objetables. Por un lado deberíamos preguntarle a un mendocino, por nombrar sólo a una provincia, qué pasaría si un día se agota el agua que traen nuestras montañas para saber si realmente la defensa de las economías regionales está en proteger o desproteger a los glaciares. En segundo lugar, los gobernadores sean de la zona que fueren, no pueden arrogarse para sí el derecho de decidir sobre un recurso natural y escaso como es el agua por sobre el derecho de todos a tenerla y protegerla. En tercer lugar la secretaría de Minería no debería inmiscuirse en un asunto que es eminentemente medioambiental y que hace a la subsistencia del hombre por sobre cualquier otro interés, mucho menos, el interés económico y, menos aún, la extracción de oro que termina en el extranjero.

San Juan es una de las provincias en las que la minería a cielo abierto está haciendo estragos. Vuelan las montañas con dinamita y dejan en su lugar un gran hueco que será por los siglos de los siglos eso: un gran agujero mirando al cielo. Después, en una mezcla de cianuro y agua (toman 370 litros de agua por segundo que si siguiesen su curso normal terminarían en casas de familia, fauna o flora) y separan el material precioso que, se estima, es un gramo por cada cuatro toneladas de piedra. Allí se forma un dique de cola con esos residuos que imagínese donde termina. ¡Allí para siempre!

Entre los “gobernadores cordilleranos” que sugirieron a la Presidenta vetar la ley se encuentra José Luis Gioja, gobernador de San Juan e impulsor de las reformas a las leyes mineras y al código de minería en los ’90. Esas normas son hoy el soporte jurídico y legal en el cual se amparan empresas como la Barrick Gold, que explota entre otros yacimientos el de Veladero y está comenzando con el binancional Argentina – Chile de Pascua Lama. La familia Gioja posee, entre otros emprendimientos, la empresa Bentonita Santa Gema, una proveedora de la Barrick Gold. Jorge Mayoral, secretario de Minería de la Nación y también sanjuanino, fue otro de los consejeros de la Presidenta para el veto. Mayoral es también empresario vinculado a la minería en su provincia.

En síntesis, dos o tres hombres con claros intereses en sus bolsillos hipotecan el futuro de millones. No hay excusas. El trabajo que generan las mineras a los lugareños es ínfimo, en áreas menores como maestranza, vigilancia y limpieza y de bajos salarios, el dinero que le dejan a las provincias y a la nación es casi inexistente (no llega al 1%) y el daño que causan es irremediable y permanente. Insistir, no darse por vencidos. El lunes 1 de marzo agrupaciones ambientalistas han organizado un encuentro para insistir con la ley vetada. Se hará en Rivadavia y Sarandí, a unas pocas cuadras del Congreso Nacional. Allí estará la Presidenta inaugurando las sesiones ordinarias legislativas. Una buena oportunidad para expresar que el agua es nuestra, los glaciares son nuestros, la dignidad ante todo.