El divorcio en la actualidad es considerado por muchos apenas como "un trámite". Se sabe que en contexto de pandemia, incluso, la estadística de separaciones formales creció en el país, algunos hasta disolvieron su matrimonio a través de Zoom. Y muchos incluso se animan a armar nuevas parejas y volver a dar el "sí". Pero lo que hoy es común no siempre lo fue. Hasta hace 34 años no era posible divorciarse y volver a casarse, era algo que estaba penado por ley.
Después de mucho tiempo de lucha y debate en la sociedad argentina, el 3 de junio de 1987 la Cámara de Senadores de la Nación aprobó la ley que recibió el número 23.515, que se conoció como ley de divorcio vincular que habilitaba a todas las personas que habían disuelto su unión matrimonial a volver a pasar por el Registro Civil con otra persona y tener los derechos y garantías que a ambos, como unión, se les concede, como por ejemplo, tener hijos que ya no serían catalogados como "extramatrimoniales" y vivir bajo el mismo techo.
Años antes, sin embargo, el divorcio estaba permitido pero sólo si una de las dos partes de la pareja incumplía el acuerdo conyugal como podía ser una infidelidad, pero de todas maneras el vínculo seguía existiendo. El Código Civil aprobado en 1871 establecía el matrimonio como algo permanente, "hasta que la muerte los separe" era literal. Unos 17 años más tarde se intentó presentar un proyecto por primera vez que nombraba al divorcio vincular, pero la iglesia se impuso y frenó la movida. Recién en 1954 se aprobó la ley de divorcio pero estuvo vigente sólo un año, ya que luego de la caída de Perón fue derogada.
Corría el año 1985, Juan Bautista Sejean y Alicia Kuliba, de 42 y 27 años, respectivamente, estaban en pareja desde hacía 7, después de que ambos se hubieran diorciado de sus anteriores parejas. Él era juez de instrucción, ella trabajaba en la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y juntos habían tenido a Natalia, su hija, un año antes. Este fue el punto de partida para luchar por el derecho que deseaban tener como familia, ya que el vivir juntos y tener una hija sin estar casados, y previamente divorciados, los convertía en "criminales".
En la misma situación que Juan y Alicia estaban más de 2 millones de personas que habían anulado su matrimonio y algunos, por miedo, no habían vuelto a rehacer su vida con alguien más. Pero la historia pronto cambiaría ya que Sejean acudió a la justicia para denunciar como inconstitucional la ley de Matrimonio Civil que dejaba en claro la imposibilidad de abolir el vínculo con su ex pareja, ya que su anhelo era poder casarse con su entonces novia.
El caso no pasó desapercibido. La noticia se hizo pública y el pedido copó tapas de diarios y revistas no solamente argentinos, sino también en el exterior del país. La historia de Juan y Alicia estaba en boca de todos.
Después de tanto insistir, el juez presentó ante un colega el pedido formal para poder casarse nuevamente, y le fue otorgado el visto bueno para tratar el pedido. La solicitud pasó a la Corte Suprema, donde el 27 de noviembre de 1986 Carlos Fayt, Enrique Petracci y Jorge Bacqué fallaron a favor de Sejean, solo Augusto César Belluscio y José Severo Caballero votaron en contra. Así, Juan pudo cerrar una etapa con su antigua relación y en marzo del 87 contrajo, legalmente, matrimonio con Alicia.
"En cualquiera de los otros derechos constitucionales cada habitante de la Nación que goza de él y lo ejerce puede fracasar en obtener los resultados que buscaba al ejercerlo", había dicho Petracci en su discurso ante el juez cuando mencionó que en cuestiones matrimoniales también hay un "derecho a fracasar".
Tal fue la repercusión que tuvo la historia de Alicia y José que tiempo después se impulsó una norma que hizo posible casarse tras un divorcio. El proyecto fue aprobado primero por la Cámara de Diputados y luego los senadores lo trataron y dieron sanción definitiva, lo que sucedió el 3 de junio de 1987 convirtiéndose en la Ley N° 23.515.
En paralelo, la Iglesia intentó por todos los medios impedir que esta medida fuera aprobada, organizaron procesiones poniendo imágenes divinas como cabeza de marchas y hasta presionaron a integrantes de ambas Cámaras y al mismo presidente de la Nación para que tome cartas en el asunto.
El diputado radical José Bielicki fue uno de los que jugó un rol importante al comunicarse directamente con representantes de la Iglesia Católica, como el obispo de Morón Justo Oscar Laguna. Tras una charla Bielicki dejó en claro que era una "responsabilidad política como legisladores darle una solución a 2.500.000 de argentinos".
Laguna, más tarde, habló con el periodista Bernardo Neustad y aclaró: “El divorcio es un mal, pero es un mal para los católicos, y no podemos imponer en una sociedad plural una ley que toca a los católicos. Son los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto”.
Si bien fue el 3 de junio que se aprobó, comenzó a regirse el 12 del mismo mes al ser promulgada por el entonces presidente Raúl Alfonsín.
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