Familiares de Franco Casco, cuyo cuerpo fue encontrado en octubre en el río Paraná luego de haber estado detenido en la seccional 7ª, pidieron hoy al juez de la causa que indague al personal policial de la comisaría como sospechoso de la desaparición forzada del muchacho de veinte años que había llegado a Rosario a visitar a un familiar.
El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Santiago Bereciartúa, quien se presentó como querellante, dijo que “con la prueba recolectada” el juez Carlos Vera Barros “ya puede llamar a indagatoria a los efectivos de la seccional 7ª de Rosario”.
“Tenemos identificadas a personas que estuvieron en contacto con Franco Casco y consideramos que cualquier personal policial que haya estado en la comisaría durante su detención tienen algún grado de participación y responsabilidad”, afirmó el letrado.
Además, las querellas informaron que el juez habilitó una nueva autopsia sobre el cuerpo del joven que se realizará en los próximos días, ya que la primera que se practicó fue considerada “deficitaria”.
En ese sentido, Bereciartúa consideró que “la prueba derivada de la nueva autopsia que se va a realizar sobre el cuerpo de Franco va a ser fundamental para avanzar en el esclarecimiento del caso y para que se logre Justicia sobre su muerte”.
Según la hipótesis de los abogados de los familiares de Casco, el joven fue detenido cerca de la estación de trenes el 6 de octubre del año pasado y no el 7, como sostuvo la versión de la Policía, y pasó dos días detenido en la comisaria 7ª donde fue desaparecido, debido a que “no se lo vio salir con vida del inmueble”.
Casco, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, llegó a Rosario a principios de octubre para visitar a una tía que vive en el barrio Ludueña y el 6 de ese mes fue detenido cuando salió a tomar el tren para regresar a su casa.
Tras un operativo de búsqueda, el cuerpo del joven fue encontrado el 30 de octubre flotando en el río Paraná, pero la autopsia determinó que no murió ahogado.
La Multisectorial conformada para el caso por organizaciones políticas y sociales denunció que “el gobierno provincial, encabezado por Antonio Bonfatti, se mantuvo cruelmente indiferente respecto a los pedidos de audiencia de la familia, a la que vez puso todo tipo de trabas para el esclarecimiento del caso”.
“No vamos a abandonar las calles y los tribunales hasta que se condene de manera firme a todos los responsables por la desaparición y el asesinato de Franco”, enfatizó la organización.
La empresa dijo que la medida obedece a una "revisión estratégica de sus operaciones". Hasta abril tenía unos 250 trabajadores en la ciudad
Por Aníbal Fucaraccio
Por Elbio Evangeliste
