El gobierno porteño impidió ayer el primer casamiento civil en Argentina entre personas del mismo sexo hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el conflicto que opuso a jueces de distintas jurisdicciones.
El gobierno porteño impidió ayer el primer casamiento civil en Argentina entre personas del mismo sexo hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el conflicto que opuso a jueces de distintas jurisdicciones.
“Hasta tanto la Corte no se expida, el gobierno porteño está impedido de realizar el casamiento de Alex Freyre y José María Di Bello”, se notificó oficialmente a los frustrados novios a través del procurador Pablo Tonelli.
Un conglomerado de diputados, dirigentes y asociaciones sociales entre las que se contaban Nora Cortiñas y Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Comunidad Homosexual de Argentina (CHA) y María José Lubertino, del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), estalló en insultos contra las autoridades porteñas.
“Macri, basura, vos sos la dictadura”, cantaban quienes esperaban la boda que, según María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, quedó “suspendida pero no anulada”.
Los empleados del Registro Civil porteño de Coronel Díaz y Beruti habían adornado la sala y preparado ramos de flores para regalarle a la pareja.
Semanas atrás la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Gabriela Seijas resolvió autorizar el matrimonio entre Freyre y Di Bello, quienes habían conseguido turno para ayer en el Registro Civil.
Esa causa se inició luego de que Freyre y Di Bello pidieron un turno para contraer enlace a un Registro Civil y las autoridades se negaron a la solicitud.
Seijas autorizó el casamiento y declaró inconstitucionales los artículos 178 y 182 del Código Civil, que establece que “el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer”.
El fallo no fue apelado por Macri, conducta cuestionada por el cardenal Jorge Bergoglio, quien reprochó al jefe de gobierno faltar “gravemente a su deber de gobernante”.
Anteayer, la jueza civil Martha Gómez Alsina, a solicitud de los abogados Francisco Roggero y Joaquín Otaegui, dejó en suspenso lo que iba a ser el primer casamiento homosexual en la Argentina y en América latina. Lo mismo resolvió ayer la Sala E de la Cámara Nacional en lo Civil, a pedido del abogado Pedro Javier Andereggen.
Ayer a la mañana, el ministro de la corte Carlos Fayt declaró que “la Corte va a resolver sobre la cuestión que se plantea porque ya tiene planteado el caso”, aunque se excusó de dar una fecha a la resolución.
El presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani, opinó que “negar el mandato de un juez es negar la existencia de la Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Los presentes coincidieron en que es un deber de los legisladores nacionales garantizar la sanción de una ley que reconozca la igualdad jurídica de los homosexuales”.
Conflicto legal. El presidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, afirmó que la jueza Gabriela Seijas “se extralimitó porque no tenía competencia para dictar el fallo que autorizaba la boda gay” y que el jefe de gobierno Mauricio Macri “se equivocó al no haber apelado ese dictamen”.
“La jueza Seijas es del fuero contencioso, administrativo y tributario de la ciudad; no tiene competencia sobre esta presentación judicial porque el matrimonio está regido por una ley nacional y debe dirimirse en el fuero civil nacional con sede en Capital Federal”, explicó Rizzo. (Télam y DyN)
La Cámara baja aprobó la iniciativa por 214 votos a favor -del Frente de Todos y Juntos por el Cambio- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. Se crearán en la provincia 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales.
Por Elbio Evangeliste
Por Carina Bazzoni