El gobierno de Córdoba solicitó al Poder Judicial ser admitido como querellante en la causa sobre la muerte de cinco bebés, entre marzo y junio de este año, nacidos sanos en un centro de salud pública de la capital provincial, la cual —según datos preliminares— aún no tiene imputados ni detenidos.
Mediante su cuenta oficial de Twitter, el gobierno indicó que, ante los hechos acontecidos en el Hospital Neonatal, “la provincia se ha constituido como querellante porque es la principal interesada —como ya se manifestara— en que se esclarezca de forma absoluta lo sucedido, se conozca la verdad y se establezca la responsabilidad plena”.
Añadió que mantendrá “la disposición total de brindar cualquier elemento que requiera el fiscal para aportar un pronto esclarecimiento de los hechos, incluyendo agentes y personal”.
Agregó que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, lo que significa que toda información debe ser proporcionada en el ámbito judicial al fiscal, para no obstaculizar ni perjudicar la investigación.
“A su vez, el Estado provincial ha puesto y mantiene a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la disponibilidad y asistencia de acompañamiento a los familiares”, resalta la información oficial.
Por otra parte, un grupo de padres y familiares de los bebés fallecidos convocaron, para este martes a las 10, a una protesta en el Hospital Materno Neonatal para reclamar por “esclarecimiento y justicia”.
La investigación judicial, que tomó estado público el jueves de la semana pasada, se encuentra en manos del fiscal de Instrucción Raúl Garzón, a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba, entre marzo y junio pasados.
De acuerdo a los datos que había suministrado el ministro de Salud, Diego Cardozo, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos decesos el 6 de junio de este año.
El funcionario sostuvo que esos desenlaces mortales “no son algo habitual” y pidió “castigar con todo el peso de la ley” a los responsables.
La cartera de Salud realizó la denuncia judicial el 7 de julio y, según el ministro Cardozo, se solicitó a la Justicia investigar once defunciones ocurridas en esos cuatro meses, aunque precisó que se puede "inferir que seis de esos casos fueron por patologías que están dentro de las posibilidades de que ocurra la muerte”.
“Cinco nacieron sanos y tuvieron un desenlace no esperado, no habitual, razón por lo cual pedimos la investigación y análisis de todos los elementos que forman parte de la atención que recibieron durante el parto y luego del nacimiento”, consideró el funcionario.
El gobierno provincial designó a las nuevas autoridades del hospital, en tanto se mantienen separados de sus funciones a 23 empleados.
Mientras tanto, el fiscal Garzón comenzó a tomar declaraciones a nueve enfermeras, y pidió detalles de las historias clínicas y de otra documentación sobre el suministro de las dosificaciones de inyectables a los bebés fallecidos, particularmente lo referido al potasio, además de los dos estudios de autopsia que se realizaron.
El fiscal también comenzó a receptar testimonios de las familias damnificadas por la presunta “mala praxis” u “homicidio intencional”, que son dos de las varias líneas de hipótesis que trabaja el funcionario en la investigación.
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Por Juan Iturrez
Por Hernán Cabrera
