"Donald Trump rompió la regla más importante del Derecho Internacional"

La operación militar en Venezuela ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, tiene varias aristas a analizar tanto por su procedimiento como por el impacto en el orden mundial. La comunidad internacional, incluyendo a la ONU, condenó la acción por violar la soberanía nacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Uno de los críticos es Fabián Salvioli, un destacado abogado y académico argentino, experto en Justicia Transicional y doctor en Ciencias Jurídicas que se desempeñó como relator especial de la ONU. El platense se destacó como miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2015-2016) y litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre varios doctorados honoris causa que posee, recuerda el de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en una entrevista con La Capital para hablar de la coyuntura internacional y los alcances de la maniobra norteamericana.

Donald Trump según Salvioli

—¿Qué tan grave fue romper cualquier regla del Derecho Internacional?

—Siempre romper una regla es grave. En este caso, la gravedad es máxima ya que no se ha roto cualquier regla sino la más importante del Derecho Internacional contemporáneo, establecida como principio medular por la propia Carta de Naciones Unidas: la prohibición del uso de la fuerza armada, salvo en caso de resolución adoptada por el Consejo de Seguridad -que no la hubo- o de legítima defensa, para repeler un ataque armado o inminente ataque armado -lo que tampoco se ha configurado-.

—¿En qué contexto enmarca la acción de Estados Unidos?

—Es una ilicitud que forma parte de un “estilo de época” que tildo como muy peligroso: resulta equivalente a la agresión armada que efectuó Rusia en Ucrania, para dar un ejemplo concreto.

—¿Crea antecedentes?

—Antecedentes jurídicos no crea, ya que es un hecho ilícito, pero a nivel político si esto no se condena de forma contundente, resultará difícil luego levantar la voz frente a hechos equivalentes de otras potencias en otras latitudes.

—¿Cómo debería haberse procedido desde el Derecho Internacional para poder cambiar el régimen venezolano?

—El Derecho Internacional solamente autoriza el uso de la fuerza armada en las circunstancias que he mencionado; los hechos de violaciones a los derechos humanos en la dimensión de crímenes internacionales no justifican una intervención armada, salvo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así lo considere -existen los antecedentes de la ex-Yugoslavia y de Rwanda en ese sentido-. Lo lógico es que todos los Estados cooperen con los mecanismos de la comunidad internacional, y presionen a un Estado que viola derechos humanos de forma sistemática, evitando comerciar con el mismo y condenándole de forma unánime en el plano internacional. Además de, en caso de encontrarse una persona el su territorio que sea requerida por la Corte Penal Internacional, detenerla y realizar el procedimiento formal de entrega al tribunal para su juzgamiento.

—¿Falló el Derecho Internacional?

—El problema no es del Derecho Internacional sino del comportamiento de los gobiernos: se abandonan los valores comunes que han inspirado la creación de Naciones Unidas y muchos Estados -no solamente EEUU- actúan con doble vara, cuestionan determinadas violaciones a los derechos humanos y callan frente a otras, no apoyan a la Corte Penal Internacional cuando se quiere juzgar a un aliado y legitiman a los autoritarismos -no solo el venezolano- apoyando y comerciando con el mismo. Ese doble estándar se practica mientras se intenta destruir a las organizaciones internacionales y la voz de sus órganos independientes; la idea de comunidad internacional civilizada se reemplaza por la más abyecta “razón de Estado” decidida unilateralmente. Cuando el mundo fue por esos lados, las consecuencias fueron nefastas.

—Al margen del procedimiento, ¿fue un acierto evitar desembarcar en el país y gobernarlo como ocurrió en otras operaciones como en Irak? ¿Evitó Trump un vacío de poder en Venezuela y que colapse la región?

—No queda claro que -más allá de lo militar- no se haya desembarcado: el presidente de Estados Unidos ha indicado recientemente que pueden quedarse varios años en el país. Es demasiado temprano para realizar una evaluación en ese sentido. Pero cualesquiera sean las consecuencias, buenas o malas, el fin nunca justifica el uso de cualquier medio.

—¿Trump puso en jaque el multilateralismo?

—Desde hace tiempo es así, pero no es solamente la administración estadounidense; las acciones de Rusia, China, Israel, Irán, Venezuela misma bajo el régimen atroz de Maduro, y tantas otras ponen en jaque al multilateralismo. El desprecio por el diálogo, la convivencia pacífica y el acatamiento del Derecho Internacional llevan a una situación de violencia y ley de la selva que solo conduce al sufrimiento de los pueblos, como se constata en buena parte del planeta. La diferencia es que antes, al menos, esos discursos y acciones se condenaban; hoy se practican impunemente a la luz del día sin recibir el repudio social y político que merecen.

—¿Puso en evidencia la falta de reglas en el orden internacional?

—No, pone en evidencia el desprecio por las mismas. Si faltaran reglas, no estaríamos hablando de violación a las mismas.

—¿Hay un nuevo orden en marcha?

—Más bien hay un nuevo desorden en marcha.

Donald Trump

—En estos casos parece que se quiere compensar o encontrar un punto de equilibrio: Venezuela tenía una crisis humanitaria y democrática por el régimen, pero Trump afectó la soberanía. ¿Hay punto intermedio?

—No se realizó la intervención por la crisis humanitaria, como resulta evidente de los dichos de la propia administración estadounidense y la voz de Trump. En la conferencia de prensa, la palabra democracia no fue mencionada ni una sola vez. El término petróleo, 24 veces.

—En el plano de los derechos humanos, ¿qué observación hace?

—Vengo levantando la voz denunciando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde que Hugo Chávez denunció el Pacto de San José de Costa Rica, eran evidentes los abusos y violaciones contra las libertades y los derechos elementales en esa época, lo que se profundizó en el régimen de Maduro. Los órganos internacionales de derechos humanos han -hemos, cuando presidí el Comité de Derechos Humanos de ONU- sacado múltiples pronunciamientos, informes, decisiones e incluso sentencias -en el caso de la Corte Interamericana- respecto de Venezuela. También la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación en curso para juzgar la posible comisión de crímenes contra la humanidad imputables a personas pertenecientes al régimen chavista. Pero de nuevo, muchos Estados en vez de condenar al régimen y exigir el cumplimiento de esas decisiones, han mirado para otro lado cuando no apoyado al régimen.

—¿EEUU pretende una administración de hecho en Venezuela, sobre todo luego de la hoja de ruta del petróleo? ¿O solo una cuestión comercial?

—No lo sé.

—La cúpula militar que continúa intacta, ¿cree que se mantendrá a raya? ¿Hay riesgo de que tensen internamente y suspendan más garantías?

—En este tipo de situaciones los riesgos siguen siendo muy altos, tanto para el Estado internamente y su población civil como para Estados fronterizos; el pueblo venezolano ya ha sufrido demasiado, espero seriamente que se vuelva al multilateralismo y todos los actores involucrados actúen con responsabilidad. Las víctimas merecen toda nuestra solidaridad.

—Se habla de un tiempo prolongado de este esquema de transición, ¿qué pronóstico hace?

—Fui relator de Naciones Unidas en materia de Justicia Transicional; siempre estos procesos llevan tiempo. Los pronósticos no me gustan porque no poseo la capacidad profética, pero sí puedo decir qué debe hacerse, conforme mi experiencia y el Derecho Internacional vigente. Venezuela merece un proceso de Justicia Transicional de manera holística e integral, que aborde debidamente las violaciones cometidas y conduzca a la sociedad hacia la paz y la democracia, con base en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Y haciendo justicia para las víctimas y sus familias.

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—¿Qué implica?

—Varias cosas. El establecimiento de una comisión de la verdad conforme a los estándares internacionales aplicables, que esté compuesta de personas de alta reputación ética, que puedan brindar a la sociedad un informe que esclarezca el pasado marcado por la violencia y el terrorismo de Estado. Naturalmente, que los responsables deban ser juzgados penalmente: a nivel nacional si están dadas las condiciones o a través de la creación de un tribunal ad hoc de naturaleza internacional. Adicionalmente, si el caso abierto en la Corte Penal Internacional avanza, debe cooperarse plenamente con ese tribunal en cuanto a sus requerimientos. Además, debe hacerse un examen normativo integral para derogar o modificar las leyes y disposiciones que sean incompatibles con los estándares internacionales, o cuya aplicación haya favorecido las violaciones a los derechos humanos cometidas.

—¿Qué hacer con las víctimas y también con las fuerzas de seguridad?

—Hay que depurar los cuerpos de policía, fuerzas armadas y servicios de inteligencia a través de procesos de "vetting", quitando a las personas que puedan haber estado involucradas en las violaciones cometidas por acción u omisión. En cuanto a las víctimas, el país debe establecer un programa de reparaciones integrales, con procedimientos administrativos ágiles de acceso y que no dependan de previas condenas penales a perpetradores. Y, por último, han de establecerse procesos de memoria, conforme los resultados de la Comisión de la Verdad.