La policía japonesa detuvo en Tokio a una artista acusada de obscenidad por distribuir información que permite realizar impresiones en 3D de su vagina, detención que sus seguidores denuncian como un ataque a la libertad de expresión.
La policía japonesa detuvo en Tokio a una artista acusada de obscenidad por distribuir información que permite realizar impresiones en 3D de su vagina, detención que sus seguidores denuncian como un ataque a la libertad de expresión.
Megumi Igarashi, 42 años, que se hace llamar Rokude Nashiko (que se podría traducir como “niña bastarda”), intentaba de esa manera colectar fondos en internet para financiar la fabricación de una canoa, modelada con la forma de su vagina, mediante una impresora 3D (3 dimensiones).
Japón tiene una industria pornográfica importante que abarca una amplio abanico de gustos.
Sin embargo, la ley sigue prohibiendo la representación de los genitales, que normalmente aparecen censurados o con disimulados con píxeles en imágenes y en vídeos.
La artista -que ha creado otras obras inspiradas en los genitales- fue detenida el sábado por “distribuir información que podría crear una forma obscena con una impresora 3D”, indicó una portavoz de la policía.
Antes de su detención, Igarashi -que seguía detenida el martes- había conseguido recaudar un millón de yenes (9.800 dólares) a través de una página de financiación colectiva.
A cambio de los donativos, mandaba información a los participantes con la que podían crear impresiones en 3D de sus genitales.
Los seguidores de Igarashi denunciaron una utilización extrañamente amplia de la legislación japonesa contra la obscenidad en este caso.
La activista Minori Kitahara dijo que la policía registró la oficina de Igarashi e incautó 20 de sus obras.
“Japón sigue siendo una sociedad en la que se reprime a quienes tratan de expresar la sexualidad femenina, cuando la sexualidad masculina se tolera en exceso”, dijo.
La industria pornográfica japonesa se dirige principalmente a los hombres y la posesión de pornografía infantil no se ha ilegalizado hasta el mes pasado, con excepción de los manga, los vídeos animados y los imágenes digitales.
En caso de ser condenada, Igarashi se enfrenta a una posible pena de hasta dos años de cárcel y una multa de 2,5 millones de yenes, según su abogado.
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