Bajo la promesa de trabajo y estadía legítima en Argentina a cambio de dinero, los llamados "cabezas de serpiente" traen engañados a ciudadanos chinos que ingresan al país de forma ilegal y deben enfrentar una situación de irregularidad migratoria difícil de revertir.
Shaokai Chen tiene 24 años y nació en la provincia de Zhejiang, en China. Sentado en el despacho de su abogada y ayudado por un traductor, lo primero que dice es que la decisión de dejar su país fue la falta absoluta de oportunidades.
El panorama se replica en tantísimos jóvenes chinos que acaban acudiendo a un gestor, conocidos también como "cabeza de serpiente" por su capacidad de guiarlos en distintos territorios. Uno de ellos le ofreció traerlo a Argentina con la garantía de un contrato de trabajo y visa legal a cambio de 10 mil dólares.
Shaokai explicó que ninguna de las promesas fue cumplida: "Viajamos en avión hasta Brasil, ahí el gestor me retuvo el documento y me mantuvo encerrado en una casa junto a otros paisanos. Después fuimos hasta Uruguay donde se repitió la situación. Finalmente y después de una cantidad de tiempo incierto, llegamos a la Argentina, donde me hicieron bajar de una camioneta, me dijeron que comprara el diario de la colectividad y buscara trabajo en los clasificados".
Ni una palabra. Shaokai Chen tenía trescientos dólares en el bolsillo y no entendía una palabra de español. Hoy, con empleo como repositor en un supermercado, intenta revertir -a través de un amparo judicial- una orden de expulsión por ingresar al país en forma ilegal.
El de Shaokai Chen es un caso de tantísimos. No hay cifras fidedignas, dada la ilegalidad de su situación.
Según un relevamiento de 2013 de la Asociación Cultural Chino-Argentina, viven en Argentina más de 120 mil chinos que ingresaron al país legalmente.
"Llegan a la Argentina producto de su necesidad y engañados con ofertas de trabajo y papeles para ingresar, pero esto no se cumple", explicó a Télam la abogada Débora Huczek, representante de varios ciudadanos chinos en situaciones similares.
"Los mantienen cautivos, encerrados casi sin alimentos, hacinados en habitaciones pequeñas, les sustraen los documentos y luego los hacen cruzar ilegalmente las fronteras caminando cientos de kilómetros, en colectivo o a nado", detalló Huczek quien, además, indicó que no existen cifras oficiales -ni extraoficiales- sobre el número de personas que llegaron al país con esta modalidad.
Algo parecido le sucedió a Zhang Huan y Li mi, hermanos veinteañeros que arribaron al país en 2012. El itinerario de su viaje resulta poco claro, en gran parte porque los gestores evitan cualquier tipo de precisión y porque, además, la barrera idiomática impide que descifren el lugar en que se encuentran.
"Nos sacaron el documento y nos encerraron dos semanas junto a otras personas, sin saber en qué lugar del mundo estábamos. Nos daban comida una o dos veces por día y en la puerta de la casa había gente controlando que no saliéramos", relató Zhang.
"Después, cuando llegamos una noche en camioneta a Buenos Aires, hablaron con nuestros padres para que concretaran el pago y recién ahí nos dejaron libres", continuó su relato.
Estas historias describen situaciones particulares. Pero son representativas de un procedimiento extendido por la necesidad de los damnificados, la falta de escrúpulos de los "cabeza de serpiente" y fallas en los controles fronterizos.
Y, aseguró la abogada, el problema se amplifica luego cuando -muchas veces desconociendo su condición de ilegalidad- se acercan a la Dirección General de Migraciones para iniciar un trámite de radicación por trabajo.
"Allí se los somete a un interrogatorio en el que les preguntan cómo ingresaron y por dónde, y les dan una residencia precaria que les permite trabajar. Pero después de un tiempo les llega la orden de expulsión", remarcó sobre la situación, que es común a la mayoría de sus defendidos.
Al respecto, Julián Curi, subdirector nacional de Migraciones, explicó que la ley 25871 establece que el ingreso a la Argentina debe ser por lugares habilitados y que todo aquel que se encuentre en territorio nacional pero no aparezca registrado, se encuentra en el país de manera irregular.
"Cuando se detectan estos casos, a la persona se la somete a un proceso administrativo que demora un tiempo determinado y, a los efectos de no seguir fomentando la irregularidad, se le da una residencia precaria para que no continúe ilegalmente en Argentina", explicó.
"Ellos vienen a pedir la residencia, pero están en infracción. La precaria no es la garantía de nada sino una forma de transitar el proceso con posibilidad de trabajar o atenderse en un hospital mientras dura el trámite. Si naturalizáramos este procedimiento, los gestores ilegales se harían multimillonarios".
"Es correcto que el ingreso al país debe realizarse por un lugar habilitado -advirtió Huczek- pero en lo efectivo antes estaban habilitados estos procedimientos de radicación a pesar de que no se cumpliera ese requisito".
"Además -concluyó- si el Estado argentino funciona mal porque las fronteras son un colador o los funcionarios encargadas de cuidarlas son corruptos, luego no se los puede castigar con una expulsión. Las normas internacionales obligan a darles protección especial".
En el norte, dos procedimientos
La semana pasada ocho hombres de nacionalidad china fueron rescatados por Gendarmería en la localidad salteña de Horcones, donde eran ingresados en forma ilegal por una banda que incluso tiroteó a los gendarmes. El operativo fue realizado en las rutas nacionales 9 y 34 y en la provincial 3, donde se avistó a una Renault Kangoo. Movimientos en un monte cercano delataron a los delincuentes, que dispararon armas. Tras controlar a los atacantes, los gendarmes hallaron a ocho ciudadanos chinos. Días antes, otros seis ciudadanos chinos fueron rescatados en Monte Quemado (Santiago del Estero). Cuatro habitantes de Salta fueron detenidos.
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