El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer al director ejecutivo del Pami, Luciano Di Césare, por defraudación a la administración pública a raíz de presuntas irregularidades en la suscripción de letras del tesoro.
Se trata de una denuncia hecha por la legisladora Graciela Ocaña, y en la misma resolución Bonadio decretó la falta de mérito del ex ministro de Economía Hernán Lorenzino y el sobreseimiento del ex presidente del Banco Central de la República Argentina Juan Carlos Fábrega.
Di Cesare suscribió letras del tesoro durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por poco más de 2.300 millones, algo que, según consta en la causa, provocó “colocaciones financieras perjudiciales para los fines del organismo”.
Para el juez, la determinación de invertir sobre letras del tesoro impidió que el Pami “contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios”.
El organismo “financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los jubilados y pensionados que necesitan la prestación”.
“A su vez, lo hizo sistemáticamente sin intervención previa de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión”, consideró el juez.
Bonadio dio a conocer la decisión luego de indagar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la causa por irregularidades en la licitación del Plan Qunita.
En diciembre de 2008, el entonces ministro Lorenzino firmó un oficio dirigido a Di Cesare para que evaluara la posibilidad de suscribir Letras de la Tesorería Nacional a 90 días con los excedentes financieros que poseyera el organismo a su cargo, “porque esas letras resultaban una inversión muy interesante y segura desde el punto de vista financiero, y a la vez, de suma utilidad para el financiamiento del gobierno nacional”.
Para el magistrado, no obstante, esa inversión “impidió” que el Pami “contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios”, consignados “en la ley 19.032”.
“La actividad indicada pudo sostenerse durante un período aproximado de cinco años, como consecuencia de las sucesivas renovaciones y superposiciones de suscripciones de las letras del tesoro, las deficiencias de la contabilidad del Instituto, la laxitud de los controles internos y la imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos”, entendió Bonadio.
El descargo. En tanto, el director del Pami, Luciano Di Césare, negó ayer las acusaciones en su contra por supuesta defraudación a la administración pública y sostuvo que le resulta “llamativo” que el juez Claudio Bonadio haya dictado su procesamiento “a tres días del balotaje”. “Es llamativo que Bonadio dicte procesamiento a tres días del balotaje. Esta decisión tiene un alto y claro componente político y electoral”, se quejó el funcionario, que ayer fue procesado por supuesta administración fraudulenta.
Agregó que el juez “hace un gran daño a la Justicia porque tiñe de sospechas su funcionamiento con decisiones arbitrarias como estas” y señaló que si Bonadio “quiere hacer política lo correcto sería que renuncie a su magistratura y se sume a un partido político”.
“No se me acusa de haber tenido algún beneficio personal sino que para Bonadio soy culpable de haberle hecho ganar a los afiliados de Pami más de 293 millones de pesos”, cuestionó, con ironía.
