Argentina fue calificada en la categoría más alta en materia de esfuerzos para combatir la trata de personas junto a un grupo de 30 países sobre un total de 188, y comparte esa clasificación en América latina con Chile y Colombia, según el informe anual sobre Trata de Personas 2022 elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El estudio presentado este miércoles por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, reúne la información más completa sobre los esfuerzos gubernamentales de 188 países para combatir la trata y destaca las estrategias más relevantes para hacer frente a los tratantes y proteger y asistir a las víctimas.
En base a informes locales, se clasifica a los países en cuatro niveles según los esfuerzos que realizan en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas.
En ese ránking, Argentina se ubicó nuevamente en el Nivel 1, la máxima categoría que comparte en América latina con Chile y Colombia.
"Que la Argentina sea destacada junto a un puñado de países como los que más esfuerzos realizan para luchar contra la esclavitud sexual y laboral nos llena de orgullo y honra nuestra tradición de defensa de los derechos humanos y la dignidad humana”, dijo el director ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera.
En el capítulo del informe referido a nuestro país, se señala que “el gobierno de Argentina cumple cabalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata”, al tiempo que “continuó demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período del informe, considerando el impacto de la pandemia de Covid-19 en su capacidad contra la trata”.
Entre los puntos por los cuales Argentina permanece en el máximo nivel, se destacó la continuidad de los esfuerzos de enjuiciamiento y que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal abrió 175 investigaciones (101 por trata sexual, 58 por trata laboral, seis que involucran trata tanto sexual como laboral, y diez por explotación no especificada para otros delitos de explotación).
A su vez, el gobierno condenó a 31 traficantes (24 traficantes sexuales y siete traficantes laborales) y se asistió a un total de 1.434 víctimas, incluidas las asistidas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y otras entidades gubernamentales.
El relevamiento también subrayó las capacitaciones contra la trata de personas para fiscales, agentes del orden público y funcionarios judiciales en formato virtual y presencial, y remarcó los acuerdos de cooperación específicos para el tráfico con otros gobiernos de la región.
Entre las recomendaciones que el Departamento de Estado de EEUU propuso a la Argentina para el siguiente año se destacan: 1) fortalecer los esfuerzos para investigar, procesar y condenar a los tratantes; 2) mejorar la asistencia a las víctimas e incluir más refugios especializados y refugios destinados a las víctimas masculinas; 3) condenar a los tratantes a penas adecuadas, las cuales deberían incluir un tiempo significativo en prisión; 4) documentar y abordar la complicidad oficial en la trata de personas a través de acciones judiciales y de condenas; 5) destinar financiación específica para implementar en su totalidad el Plan de Acción Nacional; 6) fortalecer la coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos provinciales y las ONG; 7) revitalizar esfuerzos para combatir la trata laboral, incluyendo el procesamiento y la condena a los tratantes, como así también identificar proactivamente a las víctimas; 8) aumentar el número de inspecciones laborales y asegurar que las mismas se realicen en sectores informales y en zonas rurales; 9) implementar de forma consistente los procedimientos de restitución a las víctimas, y 10) mejorar los esfuerzos para recopilar e integrar información sobre las estadísticas de aplicación de la ley y la asistencia a las víctimas.
“El trabajo del Estado argentino en materia de lucha contra la trata fue y es intenso. Y eso se refleja en las campañas de prevención, capacitaciones, denuncias, rescates, asistencias y condenas”, explicó Vera. “Pero también en las 28 mesas interinstitucionales que coordinan y articulan en los distritos a los organismos provinciales, nacionales y judiciales, en las más de 60 ordenanzas de cupo laboral o en la difusión de la línea 145”.
“Nos proponemos consolidar y profundizar ese camino”, concluyó.
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