A 40 años de la masacre de los curas que no callaron las atrocidades del Proceso

Hace cuarenta años, el 4 de julio de 1976, tres sacerdotes y dos seminaristas de la congregación católica palotina eran asesinados a tiros por agentes del terrorismo de Estado en la casa parroquial que habitaban en el barrio porteño de Belgrano, en un hecho que se conoció como la Masacre de la iglesia de San Patricio, y que evidenció el accionar criminal de una dictadura dispuesta a silenciar incluso a los religiosos que denunciaban la situación que entonces se vivía en Argentina.

Los curas Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfredo José Kelly, y los aspirantes Salvador Barbeito Doval y Emilio José Barletti fueron las víctimas del crimen más grave padecido por integrantes de la Iglesia Católica en el país, y aún permanece impune.

"Eran los tiempos del postconcilio, los ecos de las reformas impulsadas por Juan XXIII en la Iglesia se vivían con entusiasmo, así como los lineamientos impartidos por los obispos latinoamericanos en Medellín, Colombia. A pesar del terror que empezaba a vivirse en Argentina, creíamos que era posible tener una mirada del evangelio comprometida con la construcción del reino de Dios en este mundo", señaló en diálogo con Télam Rodolfo Capalozza, sacerdote y sobreviviente de aquella masacre.

En aquellos días, Capalozza, que entonces era un seminarista que la noche de la matanza debía estar en San Patricio, pero optó por trasladarse a la casa de sus padres después de ir al cine, recuerda que una semana antes de los asesinatos, la congregación celebró una reunión en la que se discutió la posición que debía asumirse ante el terror que se propagaba desde el poder.

"Fue una noche fría, lluviosa. Sabíamos que había secuestros y desapariciones. Discutimos entre todos qué era los que nos convenía hacer. Algunos sugirieron prudencia, paciencia. Sin embargo, el padre Alfredo José Kelly sostuvo que él no podía callarse, y que continuaría con su compromiso con los que estaban sufriendo", reseña el religioso.

Según Capalozza, en los días previos a la masacre, Kelly les comunicó a sus allegados que circulaban escritos que lo vinculaban con grupos guerrilleros, y les confió un sentimiento que pareció premonitorio: "Sé que hay gente que me quiere matar, pero si lo hacen se van a arrepentir".

En la madrugada de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba, en el barrio de Belgrano R.

Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que se encontraba destacado en Neuquén, se encontraba esa noche en su domicilio con unos amigos, y al advertir la presencia de estos vehículos concurrió a la comisaría 37 para hacer una denuncia.

Un móvil policial se trasladó a San Patricio y el oficial Miguel Angel Romano se apersonó en el lugar, y tras intercambiar unas palabras con los ocupantes de los autos, se retiró como si hubiera recibido directivas.

Luis Pinasco y Guillermo Silva, dos jóvenes que esa madrugada acompañaban a Martínez, declararon en la causa que una hora después de que se retirara el patrullero de la 37, varias personas que portaban armas largas salieron de los autos en los que se encontraban y entraron en la iglesia.

A las 8 de la mañana, Rolando Savino, un adolescente de 16 años que oficiaba como organista de la parroquia llegó ese domingo temprano para participar de la misa dominical.

Cuando logró ingresar, Savino se encontró con los cuerpos ametrallados de los religiosos en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutados.

En las paredes de la casa parroquial, los asesinos escribieron: "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria"; "Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM".

La primera consigna se refería al atentado que la organización Montoneros llevó a cabo contra el edificio donde funcionaba la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, el 2 de julio de ese años, y en el que murieron 23 personas, en tanto que la segunda aludía al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, una tendencia de la Iglesia identificada con la opción por los pobres y las luchas de liberación que se desarrollaban en los países periféricos.

Sobre el cuerpo de Barbeito Doval, los atacantes depositaron un dibujo de Quino, en que Mafalda sostenía el bastón de un policía y se preguntaba si se trataba del "palito para abollar ideologías".

Al día siguiente, el primer cuerpo de Ejército, al mando del general Guillermo Suárez Mason, adjudicó el hecho a "elementos subversivos que no tienen patria ni Dios".

Una misa se celebró en homenaje a las víctimas en San Patricio y el nuncio apostólico Pio Laghi la concelebró, y días después, le confesó al director del diario Herald, Robert Cox, que cuando debió darle la comunión a Suárez Mason "sentí ganas de pegarle con el puño en la cara".

La causa quedó en manos del juez Guillermo Rivarola y del fiscal Julio César Strassera, quienes tras una serie de diligencias dictaminaron que no se había podido determinar los responsables de la masacre, y cerraron el expediente en 1977.

En 1984 el fiscal Aníbal Ibarra solicitó al juez Néstor Blondi el procesamiento de Romano y del comisario Rafael Fensore, pero tres años después la causa fue declarada prescripta.

Cuatro décadas después de los crímenes, la causa se investiga como delito de lesa humanidad por el juez federal Sergio Torres, y la Congregación Palotina manifestó su decisión de presentarse como querellante en el expediente.