Actualmente el gobierno se encuentra gestionando bajo un presupuesto prorrogado del 2023. Mediante el Decreto 88/2023, el presidente Javier Milei extendió el Presupuesto del año pasado para el 2024 y otorgó a su jefe de Gabinete la autoridad para ajustarlo según sea necesario. Ahora, frente a un escenario complejo en múltiples aspectos, el gobierno debe elaborar, revisar y remitir al legislativo el Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto antes del 28 de junio; mientras que el Proyecto definitivo debe ser enviado al Congreso de la Nación el 13 de septiembre.
Con esta agenda, se manifiesta la importancia que posee la formulación del presupuesto para delinear el rumbo de las políticas públicas que se llevarán a cabo en los próximos años en la Argentina. A partir del presupuesto es que se marca la diferencia entre el “decir sin hacer” y la verdadera voluntad política, asignando recursos genuinos a ciertas áreas de gestión frente a otras. Es decir, a partir del presupuesto se perfila el modelo de la Era Milei, y gran parte de su plan de gobierno.
Sobra la evidencia para demostrar que la problemática del cambio climático no es una de esas prioridades presupuestarias para el gobierno actual. Milei se pronunció abiertamente en Davos negando la realidad de la crisis climática y denostando la importancia de la Agenda 2030. Asimismo, su referente en términos geopolíticos es Donald Trump, Ex Presidente y actual candidato estadounidense que retiró a su país del Acuerdo de París durante su mandato. En este mismo sentido, luego de desjerarquizar la problemática eliminando el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ha designado a Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, quien no parece hasta el momento posicionar al ambiente como una urgencia a priorizar. En este mismo sentido, el gobierno envió un primer Proyecto de Ley Bases que contenía inicialmente polémicas derogaciones y modificaciones de leyes sumamente importantes para el cuidado y la sostenibilidad de los recursos de la Argentina, como lo son la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares.
Si bien hay legisladores que defienden el ambiente, o que lo quisieran defenderlo, no existe en el cuerpo legislativo un ejercicio de razonamiento que ponga en valor la importancia del nuevo paradigma verde. El momento de atribuir recursos es el momento clave para demostrar la verdadera intención, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Bajo este escenario, es imprescindible impulsar una agenda de desarrollo sostenible, que abogue por el crecimiento económico, pero que construya a la vez una matriz productiva que genere beneficios genuinos para nuestro país, y que no sean a costa de la destrucción de la naturaleza. Esta agenda debe verse reflejada en la forma en que se distribuyen los fondos en el presupuesto nacional. El presidente promete un país desarrollado bajo sus ideas, pero sin una estrategia ambientalmente sostenible, dicho desarrollo es imposible. Los países desarrollados se encuentran hace años incorporando estrategias incrementales a largo plazo en este sentido, e impulsando barreras comerciales que obliguen a los países a tomar en serio la cuestión ambiental en sus matrices productivas. Si continuamos por el camino actual, Argentina no va a ser Alemania en 20 años, ni Estados Unidos en 35, como dijo Milei en el debate presidencial; sino que va a quedar rezagada y por fuera de los mercados internacionales, con sus recursos totalmente devastados.
El debate presupuestario es la oportunidad para que los argentinos ejerzamos la democracia, y es el momento en el cual la sociedad civil, los sectores productivos y los ciudadanos de a pie debemos incidir, controlar y evaluar a nuestros representantes.
