Para poder aprovechar su capacidad energética, el hidrógeno debe ser separado de otras moléculas a las que se encuentra unido en su estado natural, como el oxígeno o el carbono. Dependiendo de la fuente de energía utilizada en este procedimiento se le asigna un color al producto final.
De esta forma, se habla de hidrógeno negro si éste se obtiene quemando carbón, gris si aplica gas natural, rosa si incorpora al proceso energía nuclear y verde si se produce enteramente a base de fuentes renovables. Además, a diferencia del hidrógeno gris, el azul compensa las emisiones de Gases de Efecto Invernadero(GEI) producto de la utilización de gas natural con la tecnología de captura de carbono.
En mayo de 2023 la entonces secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó el envío al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Promoción de Hidrógeno Verde, Azul y Rosa elaborado junto a la Secretaría de Cambio Climático.
El documento se propone actualizar la vencida Ley N° 26123, promulgada en 2006. La normativa precedente no solo no hacía mención al hidrógeno verde, sino que, además, ponía a disposición de la sociedad civil beneficios económicos a la producción de hidrógeno fósil.
La iniciativa de la ex secretaria de energía se enmarca en un esfuerzo mayor del país por invertir en la industria del hidrógeno. De acuerdo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno (ENDEH), se espera que en menos de 30 años Argentina sea capaz de producir más de cinco toneladas anuales de hidrógeno cero emisiones.
No obstante, a un año del envío del proyecto de ley, no se ha registrado avance alguno en la materia. De hecho, el documento original quedó estancado en comisiones junto a otros programas superpuestos de temáticas análogas, por lo que ni siquiera ha comenzado a debatirse en alguna de las cámaras legislativas.
“La presidencia anterior nunca tuvo la voluntad política de tratar el tema. El envío al Congreso del proyecto del Poder Ejecutivo tampoco fue acompañado de la voluntad política de tratarlo. 2023 fue, además, un largo año electoral, con desdoblamiento de elecciones provinciales y una elección presidencial”, explica la especialista en derecho ambiental, Carina Quispe.
A ello se añade la llegada al gobierno de un presidente negacionista del cambio climático que afirma que “el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo”. La figura de Javier Milei y su cercanía a los capitales petroleros levanta sospechas sobre la voluntad política de impulsar iniciativas que desafíen el statu quo energético dominado por los combustibles fósiles.
Según fuentes oficiales del 2019, en Argentina más de un 50% de las emisiones totales de GEI provienen del sector energético. Por este motivo, el hidrógeno bajo en emisiones se presenta como un factor clave de la estrategia de cambio dado su potencial como vector energético y como insumo para procesos industriales, en particular por su capacidad de penetración en procesos y sectores difíciles de descarbonizar.
En este sentido, América Latina y el Caribe emerge como una región ideal para llevar adelante inversiones en este campo, dado que sus condiciones geográficas adecuadas para la gestación de fuentes de energía renovable, tales como los vientos constantes y la radiación solar, devienen en costos de producción altamente competitivos.
Al tratarse de una industria incipiente, a pesar de su alto potencial, aún resulta poco rentable para los privados invertir en ella. Por este motivo, cada vez son más las empresas europeas que inyectan activos en el continente, priorizando aquellos países que ofrecen incentivos a la inversión, como es el caso de Chile y de Brasil.
“Un marco legal específico para el desarrollo del hidrógeno verde a escala comercial en el país, podría ser uno de los factores decisivos para un potencial financiamiento del Banco de Desarrollo de Alemania”, expresó Fernando Brun, embajador argentino en Alemania, a través de sus redes sociales, ante el anuncio del envío del documento al Congreso.
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El sistema de promoción gubernamental prevé un tratamiento impositivo diferencial de acuerdo al nivel de contaminación de cada proyecto de inversión, otorgándole así mayores bonificaciones al hidrógeno verde que al hidrógeno rosa y azul.
Dentro de los beneficios impositivos previstos destacan la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) y el establecimiento de un régimen de estabilidad fiscal de tres décadas de duración.
En esta categoría también se incluyen la extensión del plazo para computar los quebrantos, la exención de tributos sobre la distribución de dividendos y utilidades, y la reducción de la carga financiera sobre los pasivos de las empresas implicadas.
En cuanto a las implicancias para el comercio internacional, la normativa propone la exoneración de la obligación de pagar impuestos asociados a la importación de bienes de capital, repuestos e insumos necesarios para el proceso productivo, tales como tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de estadística y comprobación.
Adicionalmente, el documento fija cargas tributarias a la exportación relativamente bajas, previendo ir aumentando las mismas a medida que la industria se vaya desarrollando.
Así, los derechos a la exportación registrados desde la entrada en vigor de la ley hasta el décimo año inclusive estarán fijados en un 0% para el hidrógeno verde y rosa, y en un 1,5% para el azul. Estos porcentajes se incrementarán de forma gradual hasta alcanzar la alícuota final del 3% y el 4,5%, respectivamente, desde el vigésimo primer año de vigencia de la normativa hasta su vencimiento.
Al respecto, distintos actores interesados en promover el hidrógeno verde nucleados en la agrupación Plataforma H2 Argentina manifestaron su descontento, argumentando que “todo sobrecosto innecesario nos coloca fuera del mercado internacional”, y exigieron que se considere no incluir ningún tipo de gravamen al egreso de productos energéticos de este tipo.
En otro orden de ideas, de ser aprobada la legislación, las centrales productoras de hidrógeno bajo en emisiones podrán acceder libremente al mercado de cambios, beneficio que se extendería hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina