Este lunes se inició en el Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio contra los expolicías Lautaro Ulises Álvarez y Ricardo Puntano, acusados de abusar de una nena de 12 años. Los policías enfrentan el juicio por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por dos o más personas y por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones. Para ambos la Fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión efectiva. El juez Mariano Alliau será quien dicte la sentencia por el delito.
La fiscal Mariela Gusso les atribuyó que el 3 de marzo de 2023 aproximadamente a las 3 de la madrugada en la ruta A012 —entre Carlos Gardel y Los Nogales— los acusados circulaban en un móvil oficial manejado por Puntano, cuando divisaron a la víctima, de 12 años, caminando por la ruta.
Según se pudo reconstruir, al detener la marcha, Puntano le dijo a la chica que si necesitaba regresar a su domicilio la podían acercar. Álvarez descendió del vehículo, hizo lugar en el espacio de atrás y la niña subió.
Fue entonces cuando acercaron el móvil hacia la banquina, apagaron las luces, Álvarez pasó al asiento posterior y utilizando la fuerza abusó sexualmente de la niña. El accionar fue interrumpido por una llamada radial, por lo que Álvarez regresó al asiento delantero y luego trasladaron a la nena hacia su domicilio, bajo amenazas de no contar lo que había sucedido.
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Un descargo
Por su parte la esposa de Álvarez, Verónica Paeras, sostuvo en declaraciones a la prensa que las pericias genéticas arrojaron resultado negativo respecto a ambos policías y que se halló únicamente ADN del novio de la niña. Además que los policías sólo se detuvieron cuatro minutos en la banquina, lugar en que encontraron a la menor, que les expresó que se había "peleado con su novio".
Paeras hizo incapié en que los imputados no aceptaron una propuesta de juicio abreviado por 10 años de pena y optaron por el debate oral para solicitar la absolución, mientras la Fiscalía mantiene el pedido de 12 años de prisión.
Organizaciones sociales
En tanto, organizaciones de mujeres de Rosario, Roldán y distintas localidades de la región, junto a referentes sociales y ciudadanos, presentarán un documento dirigido a la Fiscalía solicitando que sostenga la acusación con firmeza y requiera la máxima pena prevista por la ley, contemplando todas las agravantes que resulten acreditadas durante el debate.
Las organizaciones sostienen que, de comprobarse los hechos, el caso representa no solo un gravísimo delito contra la integridad sexual, sino también una profunda traición a la confianza pública, al involucrar a funcionarios que tenían el deber de proteger a la ciudadanía.
Asimismo, advierten sobre el impacto social de la violencia machista: "Ninguna mujer debería sentir miedo al caminar sola por la calle o al acudir a un patrullero en busca de ayuda. Cuando quienes deben brindar seguridad aparecen acusados de ejercer violencia sexual, el daño trasciende a la víctima y afecta a toda la sociedad".
