El día 23 de junio concluyó en París la cumbre para un nuevo pacto financiero global. En la reunión de dos días de duración, líderes mundiales y jefes de instituciones financieras internacionales escucharon los argumentos de los referentes de los países desarrollados y en desarrollo a favor y en contra de la creación de un impuesto a la industria marítima internacional, cuyos ingresos fluirían al fondo de “pérdidas y daños”, para ayudar a los países que sufren los estragos de la emergencia climática.
La cumbre, organizada por el presidente francés Emmanuel Macron, no tenía potestad para tomar decisiones formales; pero el mandatario francés se comprometió a entregar una lista de tareas pendientes que estaría acompañada de una herramienta de seguimiento de progreso. El documento de 15 páginas publicado después de que terminara la cumbre se basó en gran medida en los llamados a la acción de grupos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros.
Varios activistas y organizaciones no gubernamentales instaron a los participantes de la cumbre a garantizar que los países ricos se comprometan a aliviar la deuda de las naciones pobres, incluida la cancelación de préstamos. También se discutió una cláusula de suspensión de la deuda para los países afectados por eventos climáticos extremos.
Durante la cumbre, el Banco Mundial anunció un plan para proporcionar una pausa en el pago de la deuda de los países más vulnerables cuando se vean afectados por una crisis o una catástrofe. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha puesto a disposición de ciertos países vulnerables derechos especiales de giro por un valor de $100 mil millones de dólares.
Un grupo de Estados insulares liderado por las Islas Marshall y Salomón propugnaron que la mayor parte de los fondos de un posible impuesto sobre la industria naviera sean destinados a países vulnerables al cambio climático. Durante la última década han estado presionando por el establecimiento de un impuesto de $100 dólares por tonelada sobre las emisiones de la industria marítima, el cual podría incentivar a operadores a reducir la contaminación de industria; lo cual permitiría recaudar aproximadamente $60-80 mil millones de dólares de ingresos fiscales por año, según el Banco Mundial.
Estos fondos podrían ser canalizados a través de la Organización Marítima Internacional (el organismo de las Naciones Unidas que regula el transporte marítimo) y luego, por medio de instituciones ya existentes como el Fondo Verde para el Clima de la ONU y el Banco Mundial, ser destinados a países emergentes para ayudar a financiar su transición hacia una economía baja en carbono y adaptarse al cambio climático.
Por su parte, la industria naviera transporta alrededor del 90% de los bienes comercializados en todo el mundo y sus emisiones ascienden a alrededor del 2,9% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
No obstante, una investigación efectuada por la consultora neerlandesa CE Delft encontró que, tomando como referencia los niveles de 2008, la cantidad de CO2 emitido por el transporte marítimo podría reducirse entre un 30% y un 50% en el transcurso de la próxima década, haciendo uso de técnicas ya disponibles y de tecnología innovadoras, tales como la implementación de biocombustibles o formas de electrificación con baterías solares. Asimismo, los barcos impulsados por petróleo podrían ser utilizados de forma más eficiente, con un mejor mantenimiento de sus motores o una reducción de las velocidades a las que opera, por ejemplo.
Comenzar a utilizar estos métodos no solo permitiría ahorrar dinero a largo plazo, sino que reduciría sustancialmente el impacto ambiental de una industria tan fundamental en la cadena de comercio global.
