Los resultados electorales renuevan las expectativas sobre la protección de la Amazonia y el liderazgo ambiental de la región.
Por Ignacio Polenta
Hay palabras que toman una dimensión especial según el momento y el lugar en que se pronuncian. Cuando Luiz Inácio Lula da Silva afirmó, tras su victoria electoral, “Enseñaremos al mundo cómo se trata la política climática ”, no se refirió únicamente a una agenda de gobierno. Expresó una aspiración para Brasil: ocupar un lugar protagónico en una discusión que compromete el futuro de todas las sociedades.
Que un presidente recién elegido incluya semejante declaración entre sus primeros mensajes tiene un peso político considerable. En el momento de presentar las prioridades de una nueva etapa, Lula eligió situar la cuestión climática entre los asuntos que definirán el papel de su país ante el mundo; un país cuya riqueza natural y decisiones ambientales tienen consecuencias que trascienden sus fronteras.
Pero esa frase también implica una responsabilidad. Si Brasil aspira a mostrarle al mundo cómo abordar la política climática, deberá demostrar que esa ambición puede sostenerse en decisiones concretas incluso cuando entre en tensión con intereses económicos, urgencias políticas y modelos de desarrollo arraigados.
Para comprender lo que está en juego, alcanza con mirar hacia la Amazonia. Durante años, la deforestación, los incendios y la degradación de sus ecosistemas expusieron las consecuencias de debilitar la protección ambiental. Desde el comienzo de su tercer mandato, en enero de 2023, Lula impulsó la recuperación de los organismos de fiscalización, reactivó el plan de prevención y control de la deforestación amazónica y reforzó las operaciones contra actividades ilegales.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), difundidos el 16 de octubre, registran 3335 kilómetros cuadrados de deforestación en la Amazonia Legal entre agosto de 2025 y julio de 2026. Esto representa una disminución del 41,8% respecto del período anterior y constituye la menor tasa de la serie histórica, iniciada en 1988.
La magnitud de la reducción da esperanzas. Sin embargo, el dato no tiene que confundirse con la resolución del problema: miles de kilómetros cuadrados de bosque siguen perdiéndose y la degradación de los ecosistemas plantea amenazas que no siempre quedan reflejadas en las estadísticas de deforestación.
Detrás de estos resultados hay un aprendizaje: las tendencias ambientales pueden cambiar cuando existen políticas públicas sostenidas y capacidad para hacerlas cumplir. El monitoreo satelital, la fiscalización y la continuidad institucional son herramientas fundamentales para ese trabajo. No explican por sí solas toda la reducción registrada, pero ayudan a comprender por qué las decisiones de un gobierno importan.
La agenda ambiental de Lula también incluyó la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y la recuperación del Fondo Amazonia, un instrumento que financia proyectos de prevención de la deforestación y la conservación forestal.
Y lo que sucede en la Amazonia excede ampliamente a Brasil. Sus bosques albergan una biodiversidad impresionante, almacenan carbono e intervienen en los ciclos del agua que sostienen ecosistemas y actividades humanas en distintas partes del continente. Protegerlos es una responsabilidad brasileña, pero también una cuestión de interés regional y global.
Brasil también buscó recuperar protagonismo en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. La presidencia del G20 en 2024, la participación activa en los foros multilaterales y, especialmente, la organización de la COP30 en Belém, en noviembre de 2025, contribuyeron a colocar la agenda ambiental en el centro de su política exterior.
Pero organizar una cumbre o presentar un instrumento financiero no equivale, por sí mismo, a resolver los problemas que se discuten en ella. La continuidad de estas iniciativas, su implementación y sus resultados son tan importantes como los anuncios que las pusieron en acción.
Además, Brasil reúne todas las condiciones para ejercer un liderazgo que vaya más allá de la conservación de sus bosques. Su matriz energética cuenta con una alta participación de renovables, dispone de una industria de biocombustibles consolidada y tiene una agroindustria de escala internacional.
Sin embargo, estas fortalezas conviven con tensiones que el país todavía tiene que resolver. Mientras la deforestación amazónica disminuye y Brasil recupera protagonismo ambiental, continúan respaldando la expansión del petróleo y gas, lo que expone las dificultades de compatibilizar los compromisos climáticos con determinados intereses económicos.
Reducir la deforestación es indispensable, pero no alcanza para transformar por completo la trayectoria de emisiones de un país. También se necesitan políticas consistentes en materia de energía, transporte, industria y producción. El verdadero desafío radica en integrar esos esfuerzos en una estrategia de desarrollo que genere oportunidades económicas sin comprometer los sistemas naturales de los que depende.
La credibilidad del liderazgo brasileño se jugará, precisamente, en esa capacidad de sostener decisiones coherentes a lo largo del tiempo. Los avances en la protección de los bosques y la participación internacional son parte de ese recorrido; las contradicciones energéticas y las dificultades en el Congreso también forman parte del balance. Reconocer ambas dimensiones permite comprender lo que Brasil consiguió y lo que todavía tiene pendiente.
La victoria de Lula abre una oportunidad que trasciende la política brasileña. América Latina puede encontrar en esta nueva etapa un impulso para fortalecer la cooperación y consolidar políticas ambientales que no dependan exclusivamente de quién ocupa el gobierno. Para eso, no hace falta coincidir con todas las posiciones del presidente brasileño ni idealizar su gestión. Alcanza con reconocer los avances, examinar sus limitaciones y aprender de una experiencia que tiene consecuencias para toda la región.
La política climática exige algo más que declaraciones bien formuladas. Necesita instituciones capaces de sostener decisiones, acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno y una voluntad política que no desaparezca cuando la protección ambiental entra en tensión con otras prioridades.
Por eso, las palabras de Lula importan. Porque expresan una ambición que Brasil puede respaldar con hechos. Y porque nos recuerdan que el compromiso climático de un país no se mide únicamente por lo que promete ante el mundo, sino por las decisiones que toma cuando llega el momento de cumplirlo.
La medida alcanza a una casa, una camioneta y participaciones en seis empresas. Los abogados de la familia cuestionan las pruebas sobre el origen ilícito del patrimonio y denuncian que no se escuchó a todos los afectados.
Por Mariano D'Arrigo
