La información que una comunidad posee los ayuda a comprometerse con la acción climática.
Por Triana Callegari
La educación ambiental es clave para concientizar a las comunidades acerca de la situación actual de la crisis climática mundial y, al mismo tiempo, para fomentar acciones concretas en pos del cuidado del ambiente, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico de una sociedad.
Una de las formas más eficientes de promover la educación ambiental, es mediante la generación de espacios que impulsen la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con la adaptación y mitigación al cambio climático. Al brindarles a los ciudadanos información y habilidades, se los capacita para impulsar iniciativas locales.
Además, la educación ambiental no solo se centra en la conservación del planeta en relación al plano ecológico, sino que abarca también aspectos sociales, económicos y culturales.
Al educar a las diferentes generaciones sobre la importancia de respetar y proteger el entorno en el que viven y se desarrollan, se sientan las bases para un futuro más equitativo. Asimismo, la educación ambiental se conforma como una inversión en el presente, y como un legado a las generaciones futuras. De ahí la importancia de comenzar ya con acciones concretas para su difusión.
Según destaca el sitio web oficial del Gobierno nacional, argentina.gob.ar, la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley General del Ambiente contemplan a la educación ambiental como un proceso fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
En este sentido, la Ley General del Ambiente, en particular, define a la educación ambiental en su artículo 8 como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental en Argentina. De esta manera, las tres leyes conforman el marco normativo general de la educación ambiental en nuestro país.
"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. (... ) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”. (Constitución Nacional, art. 41).
"El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población” (Ley de Educación Nacional n.° 26206., art. 89).
"La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental”. (Ley General del Ambiente n.° 25675., art. 14 y 15).
Actualmente en Argentina se encuentra vigente la Ley 27.592 o Ley Yolanda, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública. Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020. El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.
Asimismo, con el objetivo de promover la educación ambiental a los ámbitos de la educación formal y no formal, también se diseñó la Ley de Educación Ambiental Integral. En relación a esta normativa, permite implementar una política pública nacional en materia de educación ambiental, cuyo principal instrumento es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI).
Cabe destacar que, si bien es imprescindible que un país cuente con legislación que apoye y fomente la educación ambiental, y que ésta se pueda aplicar en todos los niveles educativos, la importancia de esta disciplina trasciende los límites del aula, extendiéndose a todos los aspectos de la vida cotidiana.
De esta forma, los individuos pueden ser sensibilizados sobre la fragilidad de los ecosistemas y la necesidad de protegerlos en cualquier momento de su vida. Este conocimiento no solo incide en la adopción de comportamientos más respetuosos con el ambiente, sino que también inspira la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas ambientales actuales.
Es importante remarcar que la educación ambiental no sólo es relevante para formar a los ciudadanos, sino que también tiene un papel fundamental en un mundo que se encamina hacia la sostenibilidad. En este sentido, resulta significativa la promoción del empleo enfocado en actividades sostenibles.
Al llevar adelante la formación de las comunidades en habilidades relacionadas con la gestión de recursos naturales, la agricultura sostenible, las energías renovables y otras áreas afines, se generan nuevas oportunidades de empleo, lo que implica crecimiento económico, al mismo tiempo que se protege el ambiente.
Por este motivo, la educación ambiental se constituye como un pilar valioso para el avance en la implementación de acciones climáticas que realicen un significativo aporte al planeta.
De esta manera, es primordial que los gobiernos locales y nacionales enfoquen y promuevan la educación ambiental, no solo como una herramienta para aplicar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, sino también como un motor de desarrollo social y económico, que pueda ayudar a sentar las bases para un futuro más equitativo y sostenible para todos.
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