Desde la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) venimos trabajando para incorporar la agenda ambiental en la nueva Constitución. Entre los puntos que la ley de declaración de necesidad de reforma habilita para discusión, se encuentran temas cruciales como la educación ambiental, el derecho a la ciudad (ordenamiento territorial, hábitat, urbanismo y el derecho a una ciudad habitable), la protección del ambiente (derecho a un ambiente sano y sustentable, principios de protección ambiental, recursos naturales, desarrollo sostenible y cambio climático) y el derecho al agua.
Esta modificación representa un espacio único para que la política sintetice el cuidado de la naturaleza y la productividad. Para lograrlo, es fundamental que se escuche a todos los stakeholders —actores de cada sector, la academia y la sociedad civil—para garantizar una visión integral y consensuada.
Por ello, no podemos quedarnos sólo con un articulado similar al de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994: debemos ir más allá del artículo 41 (derecho a un ambiente sano). Tenemos la oportunidad de volver a erigirnos como ejemplo a nivel nacional, aprobando un modelo de Constitución moderno e innovador, tal como sucedió en 1962.
En este sentido, es crucial que el nuevo texto impulse el desarrollo de proyectos innovadores que promuevan la diversificación de la matriz productiva bajo paradigmas de sostenibilidad. Esto llevaría a la concreción de inversiones en sectores estratégicos para la economía santafesina y allanaría el camino para el desarrollo de políticas como los mercados de carbono y el Cap and Trade (comercio de emisiones), los cuales permitirían reducir el aporte de los contribuyentes y disminuir la huella de carbono con obras y políticas públicas que colaboren con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
La reforma debe también incentivar y promover la producción agroindustrial sostenible y una matriz industrial y energética sostenible. A su vez, ha de garantizar la seguridad jurídica para aquellos que deseen invertir en proyectos sustentables que favorezcan la creación de nuevos empleos verdes.
En este marco, la FNGA viajó a Chile para asistir a la Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Reunión Directiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
En el BID la Premio Nobel de economia Esther Duflo, profesora en MIT, expuso sobre las consecuencias del cambio climático y resaltó que las naciones más desarrolladas, responsables de la mayor parte de las emisiones, tienen mayor capacidad de adaptación, mientras que los países más pobres, con menor contribución histórica, sufren consecuencias devastadoras. Para superar esta situación, la economista estima que la inversión que debe realizarse para los países es de quinientos mil millones de dólares anuales, demostrándonos que estamos lejos de revertir los embates climáticos que destruyen nuestra región.
Asimismo, Paula Caballero, Directora Ejecutiva para América Latina de The Nature Conservancy, presentó proyectos de restauración de bosques en colaboración con el BID en Pará, Brasil. La recuperación de 10.000 ha de bosque ha permitido retener 100.000 toneladas de CO2 al año, lo que brinda credibilidad, competitividad y viabilidad al proyecto frente al uso tradicional del suelo. En la CAF, por su parte, se llevó a cabo un seminario sobre fortalecimiento de la anticipación y respuesta ante desastres. Esta entidad ya financia programas ambientales a través de su Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima).
Está claro que estos organismos tienen un claro interés de financiar proyectos verdes. Sin embargo, tienen que darse las condiciones en los territorios que garanticen su buena ejecución. Obtener financiamiento es complejo, y, si nos alejamos de la agenda global y del Acuerdo de París, el desafío se intensifica aún más. Con gobiernos nacionales negacionistas, los gobiernos subnacionales apoyados por bancos como el BID y la CAF debemos, en los espacios de la diplomacia ambiental, enfrentar los poderosos lobbies de los combustibles fósiles y de las industrias contaminantes, junto a sus aliados políticos. En este contexto, la clave para Santa Fe radica en la necesidad de contar con un marco jurídico estable que promueva el desarrollo sostenible y atraiga inversiones verdes, abriendo así un camino hacia un futuro más responsable.
