De modo creciente, aunque aún incipiente, firmas, provincias y municipios de la República Argentina están recurriendo a la emisión de bonos verdes para acceder a financiamiento en un contexto político-económico nacional e internacional signado por la restricción financiera. En efecto, desde diciembre de 2019 a octubre de 2023, se realizaron 37 emisiones de bonos verdes en el mercado nacional. La mayor parte de las mismas fueron motorizadas por compañías vinculadas a los sectores energéticos y de infraestructura. Sin embargo, durante los últimos meses se reportó un sensible crecimiento de operaciones promovidas por municipios -Ciudad de Córdoba y Godoy Cruz- y la provincia de La Rioja. En línea con esta tendencia, otras unidades subnacionales anunciaron su interés de avanzar en acceder a financiamiento mediante este tipo de instrumentos.
Antes de avanzar sobre los parámetros de estas operaciones en el mercado de capitales argentino resulta conveniente realizar una serie de caracterizaciones sobre los bonos verdes.
¿Qué son los bonos verdes?
En términos simplificados, los bonos verdes pueden definirse como un tipo específico de instrumento de deuda emitido por instituciones públicas o privadas para financiar proyectos con un beneficio ambiental probado -en materia de cambio climático, en particular- como pueden ser iniciativas vinculadas a las energías renovables, la eficiencia hídrica y energética, la bioenergía y transición a sistemas de transportes con bajas emisiones de carbono. El compromiso de destinar los capitales agenciados a un proyecto con un impacto ambiental positivo constituye precisamente la principal característica de los bonos verdes. Ante la necesidad de garantizar a los acreedores el destino de los recursos comprometidos, los bonos verdes están sujetos a procesos de revisión externa, llevados adelante por terceros actores independientes (firmas internacionales, en su mayoría). De acuerdo con la Guía para Evaluaciones Externas de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA), existen diversas formas de canalizar tales procesos de revisión externa: segunda opinión, verificación, certificación y puntuación.
Lógicamente, la participación de actores externos supone un incremento de costos para los emisores en comparación con bonos convencionales. Por lo demás, no hay diferencia entre los bonos verdes y los tradicionales, ya que las características financieras de ambos -en términos de estructura, riesgo y rentabilidad- son similares. En rigor, se tratan de bonos estándar con cláusulas verdes adicionales, las cuales implican en última instancia una adscripción a los “Principios de Bonos Verdes” elaborado por la ya mencionada ICMA y/o a los de Estándares de Bonos Climáticos preparados por la Climate Bonds Initiative (CBI).
La historia de los bonos verdes comenzó en 2007, cuando el Banco Europeo de Inversiones (EIB) emitió sus primeros “Bonos de Concienciación Climática” para financiar el establecimiento de programas de energías renovables y eficiencia energética en Europa. Desde entonces, el mercado de bonos verdes reportó un crecimiento exponencial, acumulando emisiones por 2,3 billones de dólares hasta la actualidad. Los años que siguieron a aquella primera experiencia de emisión se caracterizaron por las emisiones de organismos multilaterales de crédito, destacándose el Banco Mundial entre ellos. Con el correr de los años, empresas y actores estatales de diferente índole fueron incorporándose a esta tendencia. Sin dudas, 2013 marcó un hito para el mercado de bonos verdes, cuando el estado de Massachusetts se convirtió en el primer subsoberano en lanzar un instrumento de este tipo. Esta operación, bien vale agregar, fue replicada rápidamente por otros Estados y municipios de Estados Unidos y de otros países. En diversos países europeos, la República Popular China e India, el mercado de los bonos verdes se constituyó en una de las principales financiamiento de las entidades subnacionales.
Existen varios incentivos para operar en los mercados de bonos verdes -ya sea como emisor o como acreedor-, los cuales pueden dividirse en dos grandes categorías: por una parte, motivaciones de índole financiera, por la otra, motivaciones de legitimidad y prestigio institucional. En cuanto a los incentivos financieros, puede señalarse que los bonos verdes proveen, por lo general, rendimientos financieros ciertos a un menor riesgo, en comparación con otros instrumentos. Desde el punto de vista del emisor (estatal, en particular), puede señalarse que el recurso a esta opción garantiza un acceso a financiamiento que garantiza la “propiedad” y gestión del proyecto sin tener que afrontar un rosario de condicionalidades como las reportadas en otros circuitos crediticios. En cuanto a las motivaciones reputacionales para participar en transacciones de bonos verdes, se reconoce la búsqueda de legitimidad social y/o prestigio institucional por buscar capitalizar proyectos que atiendan problemáticas acuciantes, tal como lo es la crisis climática.
Bonos verdes en Argentina: oportunidades para las provincias y municipios
En tanto instrumento financiero, la emisión de los bonos verdes en el país está regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la cual entretejió durante los últimos cinco años un marco normativo para la emisión de los denominados bonos “etiquetados” (verdes, sociales y sostenible). En el plano nacional, el mercado de bonos verdes se inscribe dentro del panel especial para bonos sociales, verdes y sostenibles (SVS) de Bolsas y Mercados Argentino S.A. Tal como se dijo, durante los últimos meses algunas unidades subnacionales incursionaron exitosamente en el mercado de bonos verdes al lanzar instrumentos para hacerse de financiamiento para proyectos con externalidades ambientales positivas. La operación realizada por la municipalidad de la ciudad de Córdoba fue por 2.000 millones de pesos a 36 meses. La misma se realizó con el propósito de financiar la compra y colocación de luminarias LED y paneles solares en diversas zonas y edificios de la ciudad como asimismo la renovación y optimación de la red cloacal urbana. Por su parte, la emisión de la municipalidad de Godoy Cruz fue por 300 millones de pesos y entre los proyectos objetos de la financiación se enlistan la compra y colocación de luminaria LED y la construcción de ciclovías. Por último, la operación realizada por la provincia de La Rioja, instrumentada en dos clases de títulos a diferentes plazos (42 y 108 meses), alcanzó casi 55 millones de dólares. El destino de los fondos de estas operaciones remite a la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de un parque solar fotovoltaico (“Arauco I”), y, en caso de algún remanente, a la finalización de un parque eólico (“Arauco II”) y la construcción de otro parque solar.
En un contexto de alta restricción financiera como el actual, atravesado por la convergencia de incertidumbres provenientes tanto del nivel internacional como el nacional, el mercado de bonos verdes -y demás instrumentos etiquetados (sociales y sostenibles, por caso)- se presenta como una alternativa oportuna para la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario para acceder a recursos tendientes a construir respuestas a la crisis climática presente.
