El Registro de la Propiedad tiene 17.000 trámites atrasados

Tras un conflicto sindical con paros por despidos, y el reclamo de falta de personal, el Registro de la Propiedad de Rosario tiene hoy un estimado de 17.000 expedientes atrasados, con una demora promedio de 6 meses. Las demoras en los trámites están teniendo consecuencias graves para el desempeño de muchos profesionales.

La situación ocasiona perjuicios a la comunidad, que no puede resolver muchos problemas, pero particularmente al normal ejercicio de la actividad de escribanos, agrimensores, arquitectos, corredores inmobiliarios, de ciencias económicas, martilleros, y de higiene y seguridad.

Las limitaciones imposibilitan la concreción de operaciones inmobiliarias, principalmente la expedición de títulos para compraventa de propiedades. Las escrituras de compraventa o donación tardan seis meses en salir del Registro, cuando normalmente se resolvían en dos o tres.

Es decir aquellos que tienen que comprar o vender un inmueble, o intentan tramitar un crédito hipotecario, van a encontrarse con esas largas demoras. En muchos casos las operaciones se cancelan, porque las partes no pueden esperar semejante periodo de tiempo.

Trámites con demoras

Estas dilaciones también son un obstáculo para trámites relacionados a bienes de familia, garantía real para un alquiler, firma de contratos de locación, afectación a vivienda, procesos judiciales y otros.

En este marco, Lidia Domínguez Leguizamón, presidenta del Colegio de Martilleros Rosario, expresó que “la crisis del Registro afecta de manera significativa la administración de justicia en su conjunto. Los martilleros juegan un rol esencial en la ejecución de subastas y en la gestión de bienes en situaciones judiciales”, definió.

Según detalló, entre los problemas se encuentran “la suspensión de plazos, las demoras excesivas en la tramitación de certificados y la ineficiencia en la gestión de anotaciones preventivas de compra en subasta son impedimentos que no solo frenan el ejercicio profesional, sino que también generan un perjuicio económico considerable, erosionando la capacidad de los martilleros para desarrollar su actividad con normalidad y afectando la seguridad jurídica”.

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Despidos que dejaron un hueco

¿Qué pasó? Entre febrero y marzo el Registro General Rosario tuvo un conflicto sindical. El gobierno de Maximiliano Pullaro cesanteó a 55 trabajadores en toda la provincia que habían pasado a planta permanente en noviembre de 2023. Unos 27 correspondían a la delegación local, que hoy está compuesta por 120 personas. Tras un largo proceso de desgaste por el descuento de los días de paro, la actividad se retomó. Pero nada volvió a ser como antes.

Pero luego del levantamiento de la medida de fuerza, la actividad está lejos de regularizarse y volver a los parámetros anteriores. Así lo marcan desde los colegios profesionales. Y el gremio UPCN asegura que falta personal para agilizar las tareas.

"Esto tiene que ver con el despido de 27 personas muy capacitadas que estaban trabajando, en promedio, hacía cuatro años como contratados. No es como quieren hacer creer que el empleado público está rascándose. El resultado está a la vista. Creo que no hace ni falta que nosotros tengamos que defender a estos muchachos en ese sentido de lo laboral. Está claro que nunca el Registro estuvo tan mal", explicó Omar Serrati, delegado de UPCN.

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Plazos suspendidos

La suspensión de plazos desde el 9 de febrero es uno de los aspectos más críticos de la problemática. La medida se tomó porque no se pueden cumplir. Por ejemplo: los certificados tenían un plazo de 15 días en Rosario, y al no correr complica la tarea de los abogados que, por ejemplo, no pueden interponer un embargo. "Esto solo pasó en la pandemia, pero es inédito en esta esta magnitud. En 26 años en el Registro, nunca vi algo así", indicó Serrati.

La presidenta de los martilleros coincidió en ese diagnóstico: “Este mecanismo, que debería ser aplicado con extrema prudencia y en situaciones excepcionales, dilata injustificadamente los tiempos de la justicia, y afecta directamente la economía de los profesionales que ven cómo su capacidad de trabajo queda suspendida por decisiones administrativas que parecen no tener fin", aportó.

Los trabajadores afirman que el gobierno provincial hizo promesas de que iban a volver a ingresar a los cesanteados como contratados, pero eso nunca ocurrió. Se movió personal de una sección a otra para agilizar las escrituraciones y se tomaron pasantes para cuestiones administrativas, pero hasta ahora no ha servido para normalizar el servicio."Por supuesto que lo seguimos pidiendo gremialmente, pero hasta ahora no hay ninguna novedad y los emparches que han querido hacer no dan resultado. Esto sin gente no funciona, y a los nuevos hay que prepararlos durante meses para que hagan bien su trabajo", dijo el delegado.

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Los colegios piden respuestas

Los representantes institucionales de las entidades que nuclean a los profesionales aseguran que mantienen diálogo permanente con las autoridades del gobierno, pero las dificultades en cuanto a la operatividad y funcionamiento del organismo no se han resuelto. En ese sentido, exigieron que la gestión provincial encuentre mecanismos ágiles para resolver la coyuntura y encontrar soluciones.

Según destacó Felipe Rodríguez, Presidente del Colegio de Agrimensura de la Provincia de Santa Fe Distrito Sur, “nuestra profesión se ve seriamente afectada en su normal desarrollo. A pesar del diálogo mantenido con las autoridades, las demoras en la entrega de la información certificada por el Registro son una barrera insalvable para los profesionales implicados en estas operaciones”.

“Si bien mantenemos contacto directo con los funcionarios para intentar solucionar esta situación, la falta de avances es preocupante y nos pone en estado de alarma. Es fundamental que se restablezca la normalidad en la expedición de documentos para que podamos ejercer nuestra labor sin estas dificultades que comprometen el desarrollo de nuestra provincia y los derechos de sus ciudadanos”, agregó.

En el mismo sentido se expresó la presidenta del Colegio de Martilleros: “La situación exige un replanteo profundo del funcionamiento del Registro, acompañado de un compromiso firme por parte de las autoridades para devolver la operatividad a una institución que es vital para el normal desarrollo de la justicia”, cerró Rodríguez Leguizamón.