El Mundo

La ONU acusa de violaciones a los DDHH al régimen de Maduro

Las fuerzas represivas presentan como "enfrentamientos" casos de secuestrados que aparecen acribillados.

Jueves 17 de Septiembre de 2020

El presidente venezolano Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con "crímenes de lesa humanidad", afirmó esta semana una misión de expertos independientes comisionada por la ONU, al presentar un informe que pone en evidencia el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

"La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad", dijo la presidenta del grupo de expertos Marta Valiñas, citada en un comunicado.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno", agregó Valiñas.

En julio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar una actualizacion de su informe de julio de 2019 en el que denuncia "detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso" y casos de "tortura y desapariciones forzadas". El informe de julio de 2019 tuvo una enorme repercusión internacional.

>> Leer más: Venezuela: demoledor informe de la ONU sobre la violación de los DDHH

En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.

Además, estudió otros 2.891 casos para "corroborar los patrones de violaciones y crímenes", como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

Represión ilegal

Los diversos cuerpos de seguridad de Venezuela son responsables de al menos 1.611 muertes registradas durante el primer semestre del año, según una investigación de dos organizaciones no gubernamentales locales que contabilizan estos decesos como ejecuciones extrajudiciales.

"Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad", dice una nota de prensa del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

Esta ONG, que realizó el estudio junto al Centro de Investigación de los Padres Jesuitas Centro Gumilla, explica que estas muertes "son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad del sistema de administración de justicia".

"Los funcionarios (agentes) actúan con plena libertad, dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública", dice el escrito.

Provea y el Centro Gumilla denuncian que en la gran mayoría de casos la versión oficial apunta a un supuesto enfrentamiento entre las víctimas y los cuerpos de seguridad. "En realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas", remarcan.

El informe detalla que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es la autora de 25,8% de los casos con 417 asesinatos cometidos principalmente por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo que la ONU pidió disolver al considerar que son responsables de ejecuciones extrajudiciales.

Del resto de asesinatos, 400 son responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 399 de las policías regionales y 57 por los cuerpos de seguridad municipales.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entretanto, está detrás de 222 muertes violentas, sobre todo por actuaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).

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