La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un extenso informe sobre las "graves violaciones a los Derechos Humanos" perpetradas por el gobierno chavista de Nicolás Maduro. La ex presidenta chilena insta al régimen de Venezuela a detener y remediar las graves vulneraciones de derechos que se han documentado en el país. Bachelet visitó con un grupo de funcionarios Venezuela, donde se entrevistó tanto con Maduro como con la oposición y las ONG locales que denuncian violaciones a los derechos humanos de los presos politicos. El informe coincide con el enorme impacto que ha tenido la muerte por torturas de un capitán de la marina a manos de los servicios de inteligencia del chavismo.
El informe asegura que las fuerzas de seguridad de Venezuela usan escuadrones de la muerte contra manifestantes jóvenes y han manipulado los hechos para que parezca que las víctimas resistieron al arresto, denuncia Naciones Unidas, con la firma de la ex presidenta chilena Michele Bachelet. El duro informe molestó al gobierno chavista venezolano, que salió a afirmar que "no hay presos políticos" en Venezuela, pese los informes y denuncias que documentan lo contrario.
Según el informe hay una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro y de sus poderosos organismos de inteligencia y represión "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno".
El gobierno venezolano registró 5.287 muertes de delincuentes que presuntamente resistieron a la autoridad durante el año pasado y 1.569 hasta el 19 de mayo de 2019. Venezuela, bajo el chavismo, se ha vuelto el país más violento del continente, medido en homicidios por cada 100 mil habitantes.
El informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se basó en 558 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones. Señaló que muchas de las muertes parecían ejecuciones extrajudiciales de fuerzas de seguridad. Familias de 20 personas describieron cómo hombres enmascarados y vestidos de negro de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en camionetas negras sin placas habían irrumpido en sus casas, tomado sus pertenencias, agredido a mujeres y niñas, a veces desnudándolas. "Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles", relata el informe. "En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas, plantado armas y drogas y habrían disparado contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría resistido a la autoridad", añadió.
Michelle Bachelet, que estuvo en Venezuela entre el 19 y el 21 de junio y presentará hoy el informe al Consejo de Derechos Humanos, dijo que "el gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas", entre ellas el uso de la tortura y el acceso a la justicia.
Según el informe Bachelet, el gobierno ha impuesto una hegemonía comunicacional y creado un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes; considera que existen motivos para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El informe agrega que durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Las autoridades han atacado a miembros de la oposición y a quienes se considera amenazas por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. En este contexto represivo, "miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido muertas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad", afirma el informe en uno párrafo crucial. "Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición", agrega.
