El régimen de Nicolás Maduro estrechó ayer el cerco sobre la expulsada fiscal general Luisa Ortega Díaz y su esposo, el diputado disidente Germán Ferrer. Contra Ferrer se libró orden de captura, mientras el departamento en el que vive el matrimonio fue allanado por fuerzas de inteligencia. Ortega Díaz, fiel al chavismo hasta marzo pasado, cambió de actitud ante el avance del gobierno sobre el Poder Legislativo mediante dos sentencias del Tribunal Supremo y la ola de protestas populares contra Maduro que desataron. En reacción, el gobierno la destituyó. Pero aún sin su cargo, Ortega Díaz es una figura irritativa para el régimen, que para muchos analistas y gobiernos extranjeros ya debe considerarse una dictadura.
El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, sucesor de Ortega Díaz, pidió el arresto de Ferrer, acusado por la Asamblea Constituyente de integrar una "red de extorsión". La Constituyente se formó a partir de una cuestionada elección el pasado 30 de julio, en la que según opositores y consultoras no habría votado más del 15 por ciento del padrón. La Constituyente, además, fue investida de poderes absolutos, lo que le permite realizar esta clase de acusaciones. El constituyente y "número dos" del régimen Diosdado Cabello denunció al diputado Germán Ferrer, esposo de Ortega Díaz, a dos fiscales y a una ex directora de la fiscalía de dirigir una red ilícita que habría recibido más de seis millones de dólares de empresas vinculadas al sector petrolero. Cabello consignó en el Ministerio Público documentos de seis cuentas que supuestamente abrieron desde 2016 Ferrer y los otros acusados en las islas Bahamas, en la filial de la firma suiza UBS. Saab pedirá al Tribunal Supremo de Justicia, totalmente dominado por el chavismo, la captura de Ferrer para que la Constituyente, dotada de los poderes del Legislativo, le retire la inmunidad parlamentaria a Ferrer.
Saab agregó que también pedirá la captura de los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez y de Gioconda García, quien se cree fue directora de despacho de Ortega Díaz. Por este caso también fue acusado el abogado José Rafael Parra, quien según Cabello creó en Panamá la empresa PSP desde donde se habría contactado a personas para extorsionarlas. Saab presume que Ferrer sería quien "dirigía en este caso concreto esta banda de extorsión" y agregó que entre los delitos imputados están los de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero.
Poco después de esta acusación se supo que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó la vivienda de Ferrer y Ortega Díaz en Caracas. Varias patrullas del Sebin, el temido servicio de inteligencia del régimen, llegaron al lugar. Los uniformados, ante la ausencia del matrimonio, se habrían llevado computadoras y objetos de la residencia. Ortega Díaz denunció el allanamiento en su cuenta de Twitter. "De esta forma es que el gobierno de Maduro y Cabello pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos", escribió en la plataforma digital.
Se cumple así otra vuelta de tuerca de la ola represiva iniciada por el régimen desde que decidió anular al Poder Legislativo y luego al Ministerio Público encabezado por Ortega Díaz, que fue destituida por la Asamblea Constituyente el 5 de agosto. Este organismo se ha arrogado poderes ilimitados. La Constituyente es considerada "ilegítima" por la prensa independiente y los opositores. Al bajo número de votantes del 30 de julio que la eligió, los críticos suman el mecanismo irregular con el que se diseñó su composición, mediante un voto de "segundo grado", por sectores sociales y comunas, no previsto en la Constitución. Según el organismo de control electoral CNE, bajo dominio chavista, el 30 de julio votó un 41 por ciento de ciudadanos, unos 8 millones. Ese número fue descartado por la propia empresa a cargo del sistema de voto electrónico. Smartmatic desmintió el 2 de agosto aquella cifra y estimó que fue inflada en al menos un millón de votantes.
echada. La fiscal Ortega Díaz el pasado 5 de agosto, cuando no se le permitió ingresar al Ministerio Público.
El violinista Wuilly Arteaga, quien se convirtió en símbolo de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, fue puesto en libertad después de estar 19 días preso. Lo confirmó el fiscal general, Tarek William Saab. Según el nuevo jefe de los fiscales, el joven músico fue "beneficiado" por una medida que fue solicitada por un fiscal y admitida por el tribunal a cargo del caso. Lo que no especificó Saab es la validez de los cargos contra el manifestante, que se limitó a tocar su violín y no incurrió nunca en actos violentos.
Arteaga fue puesto en libertad el martes a la noche, cuando fue dejado por una patrulla de la Guardia Nacional (policía militarizada) en una plaza del este de Caracas, informó el portavoz del grupo defensor de derechos humanos Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero. El artista fue detenido el 27 de julio y llevado a una base de la Guardia Nacional. Romero dijo que Arteaga no está en libertad plena, ya que tiene que presentarse al tribunal cada 15 días. Antes de ser detenido, el joven había sido herido con perdigones en la cara por la policía chavista. Apenas se recuperó volvió con su violín a las manifestaciones, algo que claramente molestó al régimen. Arteaga sorprendió a sus familiares y amigos tras ser liberado la medianoche del martes. "No estoy libre porque mi país no está libre" señaló. "Salgo a retomar la lucha por la libertad, en la única forma que sé hacerlo, a través de mi música, pero ahora tengo un nuevo compromiso de vida, un compromiso de lucha adicional por la libertad de los presos políticos. Ninguno de los presos políticos merece estar detenido y bajo ninguna condición, incluyendo los arrestos domiciliarios", señaló. "Más de 100 muertos, todavía quedan una cantidad de jóvenes detenidos, gente sufriendo en la calle y todavía los líderes políticos peleando por elecciones ¿Qué más necesitan los líderes políticos? ¿Cuántos muertos más quieren? ¿Cuántos presos más quieren? Los verdaderos héroes están muertos", afirmó Arteaga. Denunció que fue golpeado en el momento de su detención y durante su reclusión no fue atendido por médicos. Agradeció la preocupación que tuvieron por él artistas como Ricardo Montaner y Alejandro Sanz, así como al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
