El Partido de los Trabajadores (PT) echó ayer todo su peso en la balanza con manifestaciones y una campaña de prensa, en vísperas de la inscripción de la candidatura de su encarcelado líder, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones del 7 de octubre. Tres columnas de un millar de personas llegaron ayer por la mañana a Brasilia, en la llamada "Marcha Nacional Lula Libre", que partió el sábado desde tres localidades a unos 50 km de la capital, para pedir que el líder de la izquierda, que desde abril purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción, pueda participar en la contienda electoral igual que los otros doce candidatos.
Las marchas están organizadas por el PT y organizaciones sociales, como el Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST). Hoy marcharán hacia el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde miembros del PT, entre ellos el compañero de fórmula escogido por Lula, el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, inscribirán su candidatura, en el último día del plazo legal. Las marchas coinciden con una huelga de hambre que siete activistas realizan desde hace 15 días en Brasilia para pedir la libertad del ex presidente (2003-2010). Lula, de 72 años, es el favorito en las encuestas, con casi un tercio de las intenciones de voto (casi el doble que cualquier otro candidato). Pero su candidatura será con toda probabilidad invalidada, según juristas, dado que la Ley de Ficha Limpia, promulgada bajo su gobierno, excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como en su caso.
Lula fue condenado como beneficiario de un departamento en el litoral paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras. Enfrenta otros cinco procesos, pero se declara inocente en todos y denuncia una persecución político-judicial para impedirle volver al poder.
Impedido también por la Justicia de participar en los debates televisivos, el ex mandatario busca hacer llegar su mensaje a través de otros medios. En un artículo publicado ayer en The New York Times, Lula volvió a denunciar que su encarcelamiento en un presidio de Curitiba (sur) es la "fase más reciente de un golpe de Estado en cámara lenta de la extrema derecha diseñado según él para marginar de forma permanente a las fuerzas progresistas de Brasil". "Las encuestas muestran que, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, sería el ganador. Millones de brasileños comprenden que mi encarcelamiento no tiene nada que ver con la corrupción y entienden que estoy donde estoy sólo por razones políticas", dijo. "Si ellos quieren derrotarme de verdad, háganlo en las elecciones", reclamó el popular ex mandatario (2003-2010).
En otra nota en el diario Folha de Sao Paulo, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, afirmó que la candidatura de Lula encarna "la posibilidad real de superar la crisis económica, social y política" del bajo el gobierno del impopular Michel Temer, que llegó al poder en 2016 tras la destitución por el Congreso de la presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula. Una decena de juristas europeos, entre ellos el ex juez anticorrupción español Baltasar Garzón, expresó la semana pasada su "preocupación" por "serias irregularidades" en la condena de Lula, en una carta dirigida a la presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lúcia.
"Apuesta arriesgada"
El TSE, que tiene como máximo hasta el 17 de septiembre para juzgar la candidatura de Lula, tardará unos días, si no semanas, en decidir. Si la candidatura de Lula es efectivamente impugnada, el PT tendría entonces poco tiempo para hacer campaña por Haddad, que probablemente lo reemplazará. "El PT sabe que Lula no será candidato, pero su estrategia es que la fuerza de Lula llegue al límite máximo posible para que el candidato oficial, Haddad, tenga más fuerza con la transferencia de votos", dice el analista André César, de la consultora Hold. "Es una apuesta arriesgada, porque en política no existe una transferencia inmediata" de votos, agrega.
Brasil está sumido desde hace años en una grave crisis política por una enorme trama de corrupción descubierta en torno a la petrolera Petrobras, y que salpica a prácticamente toda la clase política. La crisis ha beneficiado el ascenso del radical de derecha Jair Bolsonaro, favorito en los sondeos si Lula no es candidato. El caso de Lula, muy popular entre las clases más pobres por los exitosos programas sociales durante sus gobiernos, es controvertido por la dureza del castigo. Los críticos señalan que otros acusados conocidos, como el actual presidente, el conservador Michel Temer, no han sido juzgados hasta ahora pese a las acusaciones formales contra ellos. El Congreso se negó el año pasado a levantar la inmunidad de Temer.
