El jefe de gabinete de Rousseff será investigado por irregularidades en campaña

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó la apertura de una investigación al jefe de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, Aloizio Mercadante, y al senador y vicepresidente del principal partido opositor, Aloysio Nunes, por irregularidades en sus campañas personales para las elecciones de 2010.

La Fiscalía había solicitado autorización para investigar a ambos por los supuestos delitos de falsedad ideológica y lavado de dinero en su fallida carrera de hace cinco años hacia el gobierno del Estado de São Paulo, en caso de Mercadante, y para el puesto en el Senado de Nunes, del partido socialdemócrata (PSDB).

El juez del Supremo Celso De Mello, sin embargo, separa en su decisión a estas investigaciones de las del llamado “Petrolão”, que investiga la gigante trama de corrupción en la estatal Petrobras.

“Los presentes autos notician hechos que, en teoría, podrían configurar prácticas delictivas cuya materialidad y autoría reclaman amplia investigación (...) con el objetivo de indagar, frente al contexto en examen, la realidad de los eventos referidos en la notitia criminis expresada en la delación del colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa”, argumentó De Mello en la decisión.

Pessoa era el dueño de una importante constructora implicada en el “Petrolão” y, tras ser detenido en noviembre, colabora con la justicia para reducir su pena.

El empresario, que desde abril está en prisión domiciliaria, habría afirmado en su confesión que donó cantidades no declaradas y procedentes de una contabilidad paralela a las campañas del actual ministro y del senador Nunes en 2010.

Tanto Mercadante, uno de los colaboradores más cercanos a Rousseff, como Nunes negaron enérgicamente cualquier implicación en actividades ilícitas en sendos comunicados emitidos este martes.

Pessoa también citó haber realizado operaciones irregulares con, entre otros, José de Filippi, tesorero de la campaña del expresidente Lula en 2006 y de Rousseff en 2010. Las decisiones sobre su caso las deberá tomar un tribunal ordinario al no tener fueros.

La investigación contra su jefe de gabinete se abre en un momento de gran tensión para la presidenta Rousseff, que enfrenta un complejo cóctel que mezcla recesión económica, baja popularidad y un Congreso en rebeldía.

A ello se suma la investigación del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, en el que grandes empresas constructoras formaron un cartel y pagaron sobornos a jerarcas de Petrobras durante 10 años a cambio de contratos.

Decenas de legisladores en funciones de varios partidos son investigados por la justicia en el marco del “Petrolao”, así como varios pesos pesados del gobernante Partido de los Trabajadores.